martes, 27 de diciembre de 2016

Prólogo del profesor Juan Pablo Mañalich a mi próximo libro




 Con el propósito de realizar una pequeña contribución al debate de los diversos problemas que nos impone a diario el ejercicio del derecho penal, el 2017 estará disponible en vitrinas mi nuevo libro. No tengo duda alguna que su contenido será polémico para quienes dan por sentado que nada más había ya que decir sobre el tema de que trata. A título de simple adelanto y para ir preparando el camino, les dejo a continuación, algunas palabras que escribió el profesor Juan Pablo Mañalich al prologar la obra que dirigió y que pronto estará entre nosotros ¡Nos vemos Pronto!

"El libro que tengo el honor de prologar documenta la investigación desarrollada por el autor en la marco de la culminación de sus estudios de magíster, cursados en la Faculta de Derecho de la Universidad de Chile. El trabajo, que fuera evaluado con la más alta calificación, aborda un problema de innegable relevancia práctica, de un modo que da cuenta de lo que a mi juicio representa la disposición más virtuosa que es posible encontrar en el cultivo de la ciencia jurídica. Me refiero a la disposición consistente en asumir el esfuerzo de reconstruir racionalmente algún aspecto del derecho vigente a partir de premisas sólidamente establecidas que hayan de conducir, a su vez, a conclusión obtenidas a través de cadenas de argumento cuyos eslabones sean debidamente explicitados, de una manera que favorezca la interrogación crítica de las propuestas de solución a las que se arriba.
            Esa disposición virtuosa, así me parece, es del todo reconocible en la obra de Jaime Salas. Encontrándose la praxis de aplicación del derecho penal chileno aquejada por algunas muestras de un preocupante déficit de claridad argumentativa en la fundamentación de los fallos que son objeto de pronunciamiento judicial, su libro pretende contribuir a la racionalización de la adjudicación penal articulando reflexivamente una respuesta negativa a la pregunta de si, bajo el derecho vigente, es procedente el así llamado “abono de la prisión preventiva en causa diversa”, entendiéndose por tal la imputación del periodo de privación de libertad que, a título de prisión preventiva, una persona ha padecido en el marco de un proceso al cumplimiento de una pena privativa de libertad que ha sido impuesta, sobre esa misma persona, en el marco de un proceso diferente a aquél.
Tal como lo documenta este trabajo, el reconocimiento de la procedencia de semejante abono constituye una tendencia bien asentada en la práctica de los tribunales, en concordancia con algunas significativas tomas de posición doctrinal que la favorecen. En contra de esa tendencia, Jaime Salas esgrime un argumento que, arrancando de una concepción retribucionista de la finalidad de la pena, lo lleva a concluir, persuasivamente en mi opinión, que semejante abono carece de todo sustento.
            En una época en que el discurso de la teoría y la praxis del derecho penal chileno parece estar muchas veces dominado por la apelación a un estándar de argumentación al cual llega a conferirse el estatus de un principio, a saber, en la forma de un así llamado “principio pro reo” —cuya postulación no encuentra base de plausibilidad alguna—, la sola impugnación crítica de un lugar común asentado en la validación de semejante pseudo-principio resulta meritoria.
Que Jaime Salas haya sido capaz de construir esa impugnación de un modo conceptualmente riguroso y bibliográficamente documentado, determina que ese mérito sea aún mayor".


Santiago, 27 de diciembre de 2016



Juan Pablo Mañalich Raffo
                         
                         Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Chile

martes, 20 de diciembre de 2016

¿Es apelable la resolución que decreta la caución del artículo 146 del Código Procesal Penal?


           Un asunto de particular interés procesal es el relativo a si la decisión del juez penal en orden a reemplazar por una caución la prisión preventiva decretada es o no susceptible de ser apelada. Se trata de un asunto de interés, desde que parece que la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia se ha uniformado en torno a la respuesta afirmativa, tanto respecto de la apelación verbal en los casos a que alude el artículo 149 del Código Procesal Penal, cuanto de la apelación escrita de conformidad a las reglas generales. Me parece que el asunto es interesante también de abordar, por la importancia práctica del mismo y porque está en juego un principio esencial del proceso penal en actual vigencia: el carácter excepcional y restringido de los recursos procesales para ante el tribunal del segundo grado jurisdiccional.
     Sin mayores preámbulos, quiero lanzar sobre la mesa una idea que podrá parecer transgresora para quienes piensan que todo está ya dicho sobre la materia. La afirmación es la siguiente: me temo que no existe norma “expresa” alguna en el Código Procesal Penal que haga procedente la apelación respecto de la resolución que decreta la caución del artículo 146 del mismo cuerpo legal, de modo que tampoco tiene aplicación en este caso la regla restrictiva del recurso de apelación contenida en al artículo 370 del Código aludido.
        Los detractores de esta posición sostienen que debe declarase admisible la apelación, incluso verbalmente, ya que -a juicio de aquéllos- el artículo 149 del Código Procesal Penal la autoriza cuando se revoque la prisión preventiva y, en el hecho, la voz “reemplazar” del artículo 146 implica revocar la medida cautelar personal aludida.  Con todo, este habitual argumento del ministerio público me parece inexacto, porque confunde la naturaleza de la prisión preventiva con la caución del artículo 146 y las asimila en sus efectos, cuestión que por lo menos a mí no me resulta tan evidente. Como sostuve, el argumento del ministerio público que enfatiza la procedencia de la apelación refiere que la expresión “revocar” es equivalente a “reemplazar” -Art. 146- y a “sustituir” -Art. 145- ya que los efectos prácticos en todos esos casos son unos mismos.
        Sin embargo, lo que forja el ministerio público con este ejercicio por equivalencia -en el caso del artículo 149- es una interpretación analógica en perjuicio del imputado, expresamente prohibida por nuestro ordenamiento jurídico procesal, desde que somete el derecho a la libertad individual de aquél a un requisito adicional, distinto a la pura consignación en la cuenta corriente del tribunal de la caución dispuesta, y le impone una exigencia que sólo está prevista para la revocación de la prisión preventiva, como es el hecho que la resolución que “la revocó” esté ejecutoriada. En efecto, el artículo 5 del Código Procesal Penal dispone que no se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes. A continuación, la norma citada agrega que las disposiciones del Código Procesal Penal que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía. En consecuencia, cuando los disidentes sostienen que “revocar”, “sustituir” o “reemplazar” la prisión preventiva significan lo mismo con la única y específica intención de hacer aplicable -extensivamente- el marco normativo del artículo 149 del Código Procesal Penal -única norma en nuestro código que autoriza la apelación verbal en audiencia- lo que en verdad hacen es, a mi juicio, quebrantar el artículo 5 del Código Procesal Penal al asimilar el sentido y alcance de una palabra de la ley a otra que, como se verá, difiere en su esencia. Al mismo tiempo, esta posición transgrede la regla general de hermenéutica legal contenida en el artículo 19 inciso 1° del Código Civil que dispone que “cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”.
Como ya se adelantó más arriba, el artículo 140 del Código Procesal Penal dispone que los requisitos copulativos para decretar o revocar la prisión preventiva son los contenidos en las letras a); b); y c) de tal disposición legal, con lo que, cuando el juez penal hace uso de la facultad que le concede el artículo 146, en modo alguno se pronuncia sobre el déficit de procedencia de alguno de esos requisitos; por el contrario, parte del supuesto evidente que tales requisitos del artículo 140 se mantienen vigentes, pero que, dadas las circunstancias del caso que pondera, la caución subsidiaria es capaz de garantizar eficazmente los fines del procedimiento como lo son la comparecencia del imputado al procedimiento y a la ejecución de la eventual pena privativa de libertad a imponer, prefiriéndose ésta a la cautelar personal por ser menos invasiva respecto de los derechos de quien merece un “trato de inocente” de conformidad al artículo 4 del Código Procesal Penal.
En razón de lo anterior, entonces, cuando el artículo 149 alude a la “revocación de la prisión preventiva”, quiere significar, ni más ni menos, que ha existido un juicio de mérito por parte del tribunal del primer grado jurisdiccional en cuanto a la modificación - consecuencialmente a la actual ausencia- de algunos de los requisitos necesarios para mantener la prisión preventiva. Esto justifica la voluntad del legislador en orden a que tal valoración deba quedar sujeta a la ratificación eventual del tribunal superior jerárquico en caso de ser deducido el recurso de apelación verbal por el ministerio público en la misma audiencia en la que se adoptó aquella decisión.
Sin embargo, como se puede advertir, nada de lo anterior ocurre a propósito del artículo 146 del Código Procesal Penal, ya que aquí se mantienen inalterables los presupuestos de procedencia de la prisión preventiva, limitándose el tribunal a modificar su ejecución por una modalidad equivalente que reduzca la tensión con el principio de inocencia. Esto explica por qué la revocación de la prisión preventiva nada tiene que ver con su reemplazo y, por lo mismo, por qué resulta inaplicable el artículo 149 del Código Procesal Penal al supuesto del artículo 146.

Si ello es así, me parece que tampoco resulta procedente la apelación por escrito de la caución decretada al amparo del artículo 146 conforme a la regla general contenida en el artículo 367 del Código Procesal Penal, ya que -como vimos- no podemos sostener que la caución sea, en sí misma, un acto de revocación de la prisión preventiva, cuyo es el caso que autoriza en forma expresa el aludido recurso. Así, el argumento de que la caución es, en el hecho, un acto de revocación de la prisión preventiva constituye también en este caso una vulneración evidente al artículo 5 del Código Procesal Penal.

Lanzamiento del libro "Abono de la prisión preventiva en causa diversa. Deconstrucción de una teoría dominante". Red UC 04/Octubre/2017

El texto analiza la procedencia del así llamado “abono de la prisión preventiva en causa diversa” en el derecho vigente. Frente al ...