domingo, 22 de marzo de 2015

Otras lecciones del caso Penta


             Los norteamericanos son tipos pragmáticos. Importantes preguntas a cuestiones cruciales de filosofía jurídica suelen responderlas al amparo de la simple eficacia criminológica o de la legitimidad social como ocurre con la fundamentación de la prisión preventiva de cara a la garantía constitucional de la presunción de inocencia.
        En este sentido, una corriente bien difundida por esas tierras ni siquiera se angustia cuando debe explicar razonablemente cómo puede ser que alguien que aún no ha sido condenado a través de una sentencia firme pueda quedar sometido a una medida cautelar personal como la prisión preventiva que, en los hechos, bien poco difiere de lo que podría sentir quien ya ha sido condenado y debe ingresar a una cárcel a cumplir la pena que el tribunal le impuso.
           Según esa corriente, entonces, la prisión preventiva no constituye más que una necesidad social de legitimar el sistema de enjuiciamiento penal en casos graves en los que resulta sensatamente probable pensar que la persona imputada de un delito, muy probablemente, será considerada culpable en la sentencia definitiva. 
         Lo relevante acá es que tal evidencia presunta con frecuencia no escaparía al juicio intuitivo de un ciudadano común y corriente, de modo que, el no decretar la privación de libertad en forma preventiva en esos casos especialmente graves, terminaría por deslegitimar el sistema procesal penal entre los electores, quienes también muy probablemente, generarán un cierto sentimiento de inseguridad ciudadana que será interpretado por los agentes políticos como una necesidad de modificar las leyes, desde luego, en perjuicio de futuros imputados y en favor de los electores que clamarán no exactamente por un sistema penal respetuoso de los “derechos de los delincuentes”. Así, la prisión preventiva además de las razones técnicas que muchas veces la justifican vendría a constituirse en una suerte de estabilizador “del circo romano” o, si se quiere, en una necesidad de tranquilidad social.
       Hace unos días atrás hemos sido testigos en Chile de uno de los casos judiciales que más fuerte ha golpeado en el último tiempo en la opinión pública. En síntesis, la prensa ha difundido el caso como un escándalo de corrupción en el que los controladores del grupo económico Penta, coludidos con la derecha política, armaron un complejo tinglado fraudulento destinado -entre otras cosas- a financiar campañas políticas de algunos representantes de ese sector político.
      No tengo interés alguno aquí en analizar las decisiones judiciales adoptadas en torno a las prisiones preventivas que fueron decretadas respecto de varios operadores del grupo económico cuestionado, máxime cuando la investigación aún está en sus inicios y muchas e insospechadas cuestiones jurídicas pueden aún suceder. El objetivo de estas líneas tampoco consiste en constituirme en una suerte de observatorio jurídico. Mucho menos pretendo transformarme en abogado de nadie.
           Lo que sí me llama la atención y busco destacar con estas líneas, en cambio, dice relación con que la percepción ciudadana parece que en este caso dejó de cumplir ese rol de necesario catalizador jurídico del que hablan los americanos y se transformó en una vorágine impulsiva canalizada en la prensa, en las redes sociales, en la calle y en los cafés,  conforme la cual, se exigió irreflexivamente -de modo explícito o tácito-  la prisión preventiva para los involucrados en este caso. El discurso de los grafitis decía algo así como “prisión preventiva para los ricos y para la derecha”; “la justicia penal no está disponible sólo para los pobres”; “por fin los poderosos estarán en la cárcel” y otros slogans similares.
            Me perturbó por esos días escuchar en las salas de audiencias los alegatos y las opiniones de algunos de los operadores jurídicos que instauraron los pilares doctrinarios del sistema procesal penal chileno, borrando casi con el codo lo que escribieron años atrás en los libros que sirvieron para capacitar a toda una generación de jueces, fiscales y defensores. Los alegatos del abogado Julián López -apoderado de uno de los imputados- pareció ser el discurso más fiel a la doctrina primitiva del Código Procesal Penal que, paradojalmente, se mantiene plasmada en uno de los libros ya clásicos sobre la materia, escrito en coautoría con la abogada María Inés Horvitz, querellante en el caso e instalada aquí en la trinchera opuesta.
       Ahora, más que nunca, no entiendo bien en qué consiste la noción jurídico-procesal de “peligro para la seguridad de la sociedad”. Y cuando cosas capitales como éstas pueden presentar dudas respecto de su sentido y alcance las bases mismas del Estado de Derecho pueden también estar en juego.
           En efecto, para ser operador del sistema judicial penal muchas veces hay que ser valiente. El derecho penal es quizás una de las ramas del derecho que más conectada se encuentra con la sensibilidad social, precisamente, por el impacto que puede causar en las vidas de las personas los efectos del delito. Pero la atribución de responsabilidad penal debe ajustarse a criterios estrictamente técnicos, lejos del alud de las cámaras y del clamor social en casos que incluso pudieren ser, comparativamente, de menor gravedad penal que otros que pasan inadvertidos todos los días por los tribunales del país.
       En otras palabras, la prisión preventiva no está diseñada para reivindicar los derechos de los pobres ni satisfacer los intereses de un grupo político ni nada que se le parezca. Por eso parece grave que quede grabada en la percepción colectiva como “aparente verdad oficial” que lo que se ha resuelto y lo que haya que resolver obedezca únicamente a la necesidad de “hacer justicia en contra de los poderosos”.
    El juez penal es juez de los poderosos y de los débiles; de izquierdistas y derechistas; de heterosexuales y homosexuales; de judíos, cristianos y ateos; de los fanáticos de la Universidad de Chile y del Colo Colo; de quienes disfrutan de la música selecta o del regatón; de solteros, casados y divorciados. En fin, quisiera que la percepción colectiva atesorare como “aparente verdad oficial” que si los operadores del Grupo Penta deben estar en la cárcel no es porque sean ricos ni poderosos, sino porque, simplemente, como cualquier hijo de vecino, cometieron uno o más delitos de aquéllos que están asociados a penas privativas de libertad efectivas.
       El rol del juez y de los operadores penales sólo consiste en someterse al mandato de la Constitución y la ley. Ya sea que éstas les parezcan simpáticas u odiosas. Lo demás es manipulación o simple farándula.
     Como sostiene a menudo la escuela alemana del derecho penal, lo crucial sólo consiste en determinar si a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible ha sido o no fiel al cumplimiento de la norma.