jueves, 17 de abril de 2014

Hacia una protección penal integral de los animales



Los artículos 567 y 570 del Código Civil consideran a los animales una cosa corporal. Es probable que el origen de la controversia jurídica relativa al ámbito de protección penal de los animales tenga acá su punto de partida, ya que el derecho privado los supone un objeto de propiedad humana, similar a lo que podría ser un televisor, un computador o una botella de vino. Sin embargo, me parece imprescindible tener en cuenta que ambas normas legales corresponden a la redacción histórica del Código Civil. En otras palabras, se han mantenido hasta nuestros días tal y como fueron concebidas por Andrés Bello en 1855; y, si en algo debemos concordar, es que el derecho penal ha evolucionado bastante en 150 años. Baste con recordar que en 1855 todavía el ordenamiento jurídico de U.S.A. legitimaba la existencia de la esclavitud.
En este contexto, sostengo que existe acá una tensión entre lo que ha sido, por un lado, la evolución cultural de la sociedad y la percepción que ésta tiene del entorno humano y, por otro, el ámbito de protección legal de los animales. Esta divergencia ocasiona, como siempre ha sucedido en la historia de la humanidad, reacciones a veces destempladas de parte de quienes desean actuar como gestores de un cambio. Así las cosas, no sería extraño que los movimientos animalistas pudieran, en más de alguna oportunidad, asumir actitudes intolerantes y aún violentas.
¿Tiene esto algo de extraño?
En absoluto. En U.S.A. el asunto de la esclavitud produjo una guerra civil; en igual sentido, los movimientos por la igualdad de derechos de las mujeres o de las minorías sexuales o religiosas no han estado exentos de intensos conflictos sociales. Con todo, en este punto hay un tema esencial que debo admitir: en los casos antes propuestos existe un “mínimo común denominador” entre los marginados de la protección legal, el hecho de pertenecer todos, al género humano. Por lo tanto, por más intensa que pudiere ser la disputa social en torno a un efectivo amparo legal de indígenas, inmigrantes, mujeres, niños, homosexuales, ciclistas furiosos u otros, lo cierto es que, todos ellos, son personas y, por lo mismo, el principio de la no discriminación ha actuado como un poderoso motor del cambio legislativo, por lo menos, en occidente. Y los animales… son animales; o sea, no son seres humanos; o, como escribió Andrés Bello en los artículos 567  y 570 del Código Civil, simples cosas corporales.
No obstante lo dicho, el artículo 291 bis del Código Penal establecería un tipo penal peculiar, ya que sanciona como simple delito a todo aquél que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales. Digo que es peculiar, porque si damos por hecho a partir del estatuto del derecho privado que los animales son una “cosa”, lo consecuente sería normar que quien atenta en contra de la integridad de un animal comete el delito de “daños”. Sin embargo, el derecho penal pareciera que parte de un supuesto diferente: que los animales mayores no son una cosa dañable, sino más bien, un cierto ser - no humano -  que, no obstante ello, podría ser objeto de maltrato o de crueldad; o sea, “algo” que tiene la capacidad de ser “consciente” de un mal que le ocasionare una persona. Sí, “consciente” ¿Sabía Ud., por ejemplo, que una vaca es capaz de percibir su muerte cuando es arreada en el corral en dirección a su verdugo?
 Si las cosas son de esta manera, no cabe duda, entonces, que no será lo mismo destrozar la pata de una silla que quebrar intencionalmente el fémur de una pierna de un caballo. Y parece que, de algún modo, el legislador nacional tiene bien clara esta distinción que hago, ya que el artículo 18 de la Ley N°20.380 de 3 de octubre de 2009 elevó las penas del delito de maltrato animal, con lo que, el distanciamiento con el estatuto de las cosas-no animales (por decirlo de algún modo) aumentó aún más.
Lo que quiero significar es que el legislador penal, a diferencia del legislador civil, ha otorgado un ámbito de protección a los animales mayores, a partir de su calidad de seres vivos y no como simples objetos de la propiedad humana. Tengo la intuición, además, que en algún futuro - quizás no tan lejano - el ámbito de protección penal de los animales podría ser mucho más intenso todavía, similar al de un ser humano, según sea ello posible atendida la naturaleza específica de los animales. En tal contexto hipotético, ¿Por qué no sancionar a quien da muerte a un animal? ¿O a quien lo lesiona? ¿O a quien lo secuestra? ¿O a quien lo violenta sexualmente?
Para que lo anterior fuera posible, se requeriría de un cambio sustancial en el fundamento utilizado hasta ahora por el legislador para crear los tipos penales, cuestión que, en última instancia, versa sobre un problema de filosofía jurídica. Este problema tiene que ver con el hecho de que, históricamente, lo que ha existido a la base de la creación de un delito y de su pena es la protección de un bien jurídico culturalmente relevante para una sociedad determinada. Es decir, el legislador suele crear un delito cuando constata la posible existencia de acciones u omisiones que pudieren dañar el libre desarrollo de las potencialidades humanas; como dice el profesor José Luis Guzmán D., el ius puniendi existe sólo por la necesidad de mantener las condiciones que posibilitan la preservación y el desarrollo del ser humano en condiciones dignas.
El problema con esto, es que el mecanismo de la creación de delitos a partir de la afectación de “bienes jurídicos”, concepto de suyo controvertido en la doctrina penal, obedece a una concepción antropocéntrica, conforme a la cual, sólo se reconoce al ser humano como sujeto de derecho y, por lo mismo, nada que no sea una persona podría, en principio, merecer amparo jurídico penal.  Ello lleva a Roxin, en su Libro “Derecho Penal, Parte General”, a reconocer que, no obstante lo anterior, hay que considerar admisible la punición de los malos tratos a los animales en base a que el legislador, en una especie de solidaridad entre las criaturas, también considera a los animales superiores como nuestros semejantes, como “hermanos distintos”, y los protege como tales.
El punto es que si el derecho penal se justifica en base a la existencia humana, lo lógico sería reconocer de una vez por todas, que los seres humanos no vivimos en una burbuja de laboratorio; muy por el contrario, dependemos, directamente, de nuestro entorno para sobrevivir. Los animales, el agua, los árboles, el medio ambiente, entre otros, son imprescindibles para nuestro ciclo vital y sin ellos, simplemente, no existiríamos del modo en que lo hacemos hoy en nuestro planeta. Por ello, cuando dañamos a los animales nos dañamos a nosotros mismos. La naturaleza es una sola, como en la película avatar de James Cameron.
Por tanto, me parece urgente replantear el fundamento de la creación de los delitos, dejando atrás la visión que postula al hombre como único titular de los derechos subjetivos penales para avanzar, en cambio, en una concepción global que permita considerar la afectación de bienes jurídicos vitales. En este escenario, los delitos animales o los delitos ambientales, por ejemplo, pueden ser perfectamente consistentes con esta cosmovisión del derecho penal.

Lanzamiento del libro "Abono de la prisión preventiva en causa diversa. Deconstrucción de una teoría dominante". Red UC 04/Octubre/2017

El texto analiza la procedencia del así llamado “abono de la prisión preventiva en causa diversa” en el derecho vigente. Frente al ...