lunes, 31 de marzo de 2014

La producción de la prueba en el procedimiento por acción penal privada


Una de las razones que justificó la radical sustitución del sistema de enjuiciamiento penal chileno en el año 2000 fue el descrédito generalizado del proceso inquisitivo anterior, cuestionado fundamentalmente, por el hecho de reunirse en una misma persona - el juez del crimen - tanto la potestad investigativa cuanto la facultad jurisdiccional. 
El nuevo sistema buscó modificar en esencia la antigua etapa de investigación, eliminando el sumario criminal cuya ejecución estaba entregada al tribunal, con la finalidad específica de garantizar de un mejor modo los derechos del imputado mediante su resguardo por parte del Juez de Garantía, quien, a su vez, constituiría un juez imparcial completamente alejado de las tareas de investigación y persecución.
Desgraciadamente, pese a la intención manifiesta del ejecutivo de modificar el antiguo sistema, también a propósito de la acción penal privada, tal voluntad fue desestimada por el Senado, resultando, en definitiva, un mecanismo de generación de evidencia que en poco se diferencia del modelo inquisitivo anterior. En efecto, el inciso 3° del actual artículo 400 del Código Procesal Penal parece trasplantado de los artículos 577 y 578 del antiguo Código de Procedimiento Penal que, sobre este particular, disponían la obligación del juez de mandar recibir la información ofrecida por el querellante para acreditar los hechos que constituyen el delito y sus circunstancias. 
Se añadía que toda información debía ser recibida por el tribunal al tenor de la querella en los días inmediatos; y mientras ello ocurría, debían practicarse, además, las diligencias periciales o cualesquiera otras que fueren necesarias para la comprobación del delito y la determinación del delincuente. La redacción del actual artículo 400 del Código Procesal Penal, como se advierte, no sólo reprodujo, de algún modo, el antiguo modelo inquisitivo, sino además, la propia técnica legislativa utilizada resulta inferior a la del Código de Procedimiento Penal, redundando en vaguedades que lo transforman en el paradigma de la inconsistencia sistémica. 
Sin embargo, mientras no exista la voluntad de modificar la normativa aludida, adecuándola razonablemente al resto del sistema, se nos presenta el desafío de interpretarla para el caso concreto, de modo tal que se produzca la menor afectación posible al modelo procesal penal general en actual vigencia.
Un primer aporte, en este sentido, resulta del criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema en alguno de sus fallos en cuanto a entender que las diligencias investigativas susceptibles de ser realizadas en el marco del procedimiento por acción penal privada abarcan tanto el hecho punible como la identificación del presunto culpable. Conforme a esta interpretación se salva la aparente omisión del legislador, relativa a la existencia de querellados inicialmente no identificados y se repara la situación de impunidad en la que se podría incurrir para el evento de atenderse solamente al sentido literal del artículo 400.
Un segundo asunto que, necesariamente, debe ser abordado está relacionado con la actitud que debe adoptar el Juez de Garantía para minimizar el impacto que pudiese producirse en el rol del juzgador a causa de su intervención en la obtención de la evidencia necesaria para condenar o absolver al querellado. No obstante que la solución de fondo pasaría por una necesaria reforma legal, es posible, por ahora, desarrollar una salida paliativa en base a los siguientes criterios:
 a) El juez debe limitarse a ser un mero intermediario de la persecución penal del querellante. La persecución penal en el delito de acción privada le corresponde en forma exclusiva al querellante. La participación que la ley le ha asignado al Juez de Garantía en la ejecución de las diligencias solicitadas sólo tiene que ver con la imposibilidad material en la que se encuentran muchas veces los particulares para obtener información cuando ésta no es proporcionada voluntariamente. Por el contrario, el juez se encuentra dotado de imperio, de modo que, usualmente, podrá recabar la información solicitada, incluso en forma coactiva.
Por otra parte, el juez también tiene acceso a información reservada que no es posible conseguir a los particulares. Por tanto, el rol del tribunal sólo está vinculado a la eficacia de las diligencias solicitadas por el querellante, pero en caso alguno, aquél podrá tener iniciativa en la producción de los actos de investigación a realizar. Por consiguiente, tramitadas que sean las diligencias pedidas, el juez debe ponerlas a disposición del querellante y será éste quién deba evaluar la procedencia o no de otras.
La vulneración de esta regla fundamental por parte del Juez de Garantía constituiría un vicio grave del procedimiento que, bien podrá ser abordado mediante la solicitud de nulidad procesal, o, en su caso, por el ejercicio del recurso de nulidad de la sentencia que se dictare.
 b) Debe establecerse una posición definida respecto de la delimitación temporal de la etapa de investigación. Uno de los dilemas que presenta el actual sistema de investigación en el contexto de la persecución penal privada se relaciona con el plazo con el que cuenta el querellante para realizar diligencias de indagación. Lo anterior, en el entendido que, no necesariamente, las diligencias pedidas en el escrito de querella pueden ser suficientes para sustentar la pretensión penal privada.
 Así las cosas, nada obsta a que el querellante solicite al Juez de Garantía la realización de otras actuaciones indagatorias. El problema es que el legislador no se hizo cargo, expresamente, del plazo con el cual cuenta el persecutor particular para realizar la investigación a instancias del juez. Descartamos por completo la idea de la inexistencia de un plazo y, por consiguiente, la absoluta libertad del querellante para tomarse el tiempo que él estime necesario. Si bien, podría abonarse en apoyo a esta posición, la existencia de contrapesos derivados de la posible declaración de abandono de la acción, en caso de ser ello procedente, (Artículo 404) y el hecho que la interposición de la querella suspende la prescripción de la acción penal, con lo que, podría tener aplicación lo prevenido en el artículo 96 del Código Penal, lo cierto es que, aún así, sustentar la inexistencia de un plazo para la indagación en la persecución penal privada, constituiría una infracción grosera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
Consecuente con lo señalado, nos parece que, tal cual lo permiten las remisiones normativas de los artículos 405 y 389 del Código, respectivamente, constituye una obligación irrenunciable para el tribunal hacer uso de la facultad legal consignada en el artículo 234. Por consiguiente, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, si los hay, y oyendo al querellante, el tribunal podrá fijar un plazo judicial para el cierre de la investigación. En todo caso, jamás las diligencias de investigación podrán exceder el plazo máximo legal de dos años, al vencimiento del cual, tendrá lugar la audiencia del artículo 403 (Art. 400 inciso 3)
 c) El “juez instructor” debe ser inhabilitado para conocer y resolver acerca del fondo de la pretensión contenida en la querella. El Juez de Garantía que ha intervenido en la realización de las diligencias de investigación solicitadas por el querellante no puede, bajo ningún supuesto, participar en el pronunciamiento de la sentencia que resuelva el fondo de la pretensión penal sometida al conocimiento del tribunal. La solución contraria vulneraría la idoneidad del juez para resolver, pues, el juez instructor, por llamarlo así de algún modo, se halla totalmente involucrado en la persecución penal del querellante.
Aún más, si el querellado no aceptare la responsabilidad en los hechos de la querella y tuviese lugar la preparación del juicio oral simplificado (Art. 395 bis) tampoco debiese participar en esta audiencia el juez que intervino en la investigación, ya que, carece de la imparcialidad necesaria para resolver respecto del posible debate de ilicitud de la prueba ofrecida.
En conclusión, nos parece que un correcto entendimiento del sistema procesal vigente, obliga a la inhabilitación del Juez de Garantía que intervino en la fase de investigación y a su reemplazo por otro no inhabilitado. En tal sentido, la causal octava del artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales, dispone que es motivo de implicancia y, por tanto, de pérdida de la competencia natural del juez, el haber éste manifestado su “dictamen” sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia. Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra “dictamen” es la opinión o juicio que se forma o emite sobre algo, equivalente a consultar con alguien lo que se debe ejecutar o seguir en algún caso dudoso. En consecuencia, la “manifestación de dictamen” a que alude la causal octava del artículo 195 del Código Orgánico de tribunales no sólo comprende la opinión vertida por el juez penal acerca de la absolución o condena. Comprende además, a mi entender, todo pronunciamiento realizado por el juez relativo a la procedencia y ejecución de las diligencias determinadas solicitadas por el querellante a fin de precisar, tanto el hecho punible, como la individualización del presunto imputado. 
No cabe duda alguna que el juez que interviene en la indagación privada se encontrará obligado a pronunciar una o más resoluciones destinadas a cumplir las diligencias pedidas. Igualmente, puede intervenir en la determinación de un plazo razonable para la práctica de las mismas, o de su prórroga; incluso puede participar en la autorización de diligencias que podrían vulnerar garantías individuales, lo que, por supuesto, presume un juicio previo de idoneidad. A la base de estas intervenciones subyace la opinión del juez respecto del destino de la indagación y del mérito o no de ella para sustentar la pretensión penal del querellante, cuestión que echa por tierra la imparcialidad que debe identificar al juez de fondo. 






Lanzamiento del libro "Abono de la prisión preventiva en causa diversa. Deconstrucción de una teoría dominante". Red UC 04/Octubre/2017

El texto analiza la procedencia del así llamado “abono de la prisión preventiva en causa diversa” en el derecho vigente. Frente al ...