lunes, 22 de septiembre de 2014

La imprudencia en materia penal. Algunas ideas esenciales


En el ámbito de la reprochabilidad penal de la imprudencia se ha planteado en doctrina que la diferencia entre la culpa consciente o inconsciente no estriba en una distinción de la “representación” sino más bien, dónde radicamos la exigencia de cuidado. En la culpa inconsciente la infracción a la norma siempre es advertida por el sujeto antes de que su conducta inicie el punto “sin regreso” vinculado al dolo.
 La pregunta que se plantea, entonces es si la imprudencia constituye un criterio de inevitabilidad evitable de la conducta punible, ¿Cuándo estamos en condiciones de sostener que a un sujeto le es atribuible culpa? O dicho de otra forma ¿Cuándo el agente pudo evitar la comisión del tipo y no lo hizo en términos de configurar un reproche a título de imprudencia? El parámetro más relevante que se considera hoy capaz de delimitar la eventual exigencia de cuidado cuya infracción puede ser constitutiva de imprudencia es el denominado “riesgo permitido”. Esto significa que la sociedad ha estimado que resulta tolerable un cierto margen riesgo inherente en las conductas que  realizamos, siempre y cuando, no se traspase el margen de un riesgo permitido socialmente. 
El profesor Juan Bustos sostiene al respecto que si una persona ha cumplido con todas las disposiciones legales y reglamentarias respecto de ciertos actos riesgosos, el hecho que se produzca afección de un bien jurídico respecto a su comportamiento no puede ser atribuido al tipo penal, pues se trataba  de un riesgo permitido, esto es, tolerado por el sistema jurídico penal que estaría cubierto por la eximente de caso fortuito establecida en el art. 10 N°8 del Código Penal. 
Con todo, como se adelantó más arriba, la imprudencia es un criterio de evitabilidad secundaria, esto es, de inevitabilidad evitable, por lo que, la exigencia de cuidado al agente tiene que ser una exigencia que, de haber sido observada por el potencial autor lo habría llevado a evitar la puesta en riesgo del bien jurídico protegido. Si ello es así, esta exigencia de cuidado no se determina en abstracto, sino en referencia a la situación concreta en la cual el agente fue incapaz de evitar la realización del tipo. Como decía el profesor Bustos, en general, las normas legales o reglamentarias suelen fundamentar las exigencias del debido cuidado esperable, pero, sin embargo, eso no es todo, porque no siempre la infracción a una norma de seguridad (por ejemplo, el límite de velocidad o el conducir atento a las condiciones del tránsito) automáticamente implica el surgimiento de imprudencia. Para que esto ocurra, pues, se ha entendido que se requiere de la existencia de una conexión de riesgo que fundamente el actuar del agente, es decir, que la inevitabilidad del riesgo desplegado por el sujeto activo se explique por su falta de cuidado y no, necesariamente, por la infracción de la norma de seguridad. Plantear lo contrario sería, en buenas cuentas, postular una responsabilidad penal objetiva que, de suyo, resulta inaceptable.
Veamos el clásico ejemplo que permite graficar lo anterior. Supongamos que Pedro conduce su automóvil a una velocidad de 90 kilómetros por hora en una zona de un límite de 45 y atropella a Luis que aparece de imprevisto en la calzada, causando su muerte. La pregunta que permite justificar la posible imprudencia de Pedro es si éste hubiere conducido a 45 kilómetros por horas – respetando el límite reglamentario dispuesto en el lugar- ¿Habría podido evitar el riesgo de matar a Luis? Si Pedro, conduciendo a 45 kilómetros por hora tampoco hubiere podido haber evitado el atropello de Luis, su muerte habría sido inevitable, por lo que, Pedro sería impune por haber fallado la conexión a riesgo. Así las cosas, lo relevante en el ejemplo no es la imprudencia del peatón Luis, sino que, aun habiendo Pedro observado el límite de velocidad reglamentario el atropello era inevitable. Por lo mismo, la norma del límite de velocidad es una norma de riesgo permitido.


domingo, 18 de mayo de 2014

Ley 18.216, principio pro reo y lex tertia ¿Un Frankenstein penal?


Con motivo de la entrada en vigencia de la ley 20.603 que sustituyó por completo el régimen histórico de la Ley 18.216 ha vuelto a presentarse en los tribunales de justicia el debate acerca de la posible aplicación de la antigua o de la nueva ley, según sea una u otra,  más favorable al imputado. Ésta constituye una de las posibles “aplicaciones” que podrían derivarse del denominado “principio pro reo”. El tema que interesa abordar acá, sin embargo, tiene que ver con el intento por parte de algunos abogados litigantes de extraer,  parcialmente,  elementos normativos de la ley antigua y de la ley nueva, bajo el entendido que esto sería lo más beneficioso para el imputado. Por ejemplo, imagine usted que un defensor penal sostiene que desea que a su cliente le sea reconocida la remisión condicional de la pena “clásica”, considerándosele, sin embargo, que no presenta condenadas anteriores por aplicación del artículo 1° de la ley 20.603 en la parte que dispone que para los efectos de esta ley, no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito. Tendríamos acá, entonces, una petición formulada en orden a que se aplique parte de una ley y parte de otra.
El tema, en cuestión, se vincula al ámbito de aplicabilidad de la ley penal desde una perspectiva temporal. Sucede que, dentro de un mismo ordenamiento jurídico, pueden existir múltiples sistemas jurídicos temporales que nacen de la sucesión de normas que se derogan unas tras otras, como en el ejemplo indicado más arriba. Efectivamente, puede ocurrir que entre el hecho punible y la dictación de la sentencia que se pronuncia sobre aquél cambie el sistema jurídico institucional en lo pertinente al sistema jurídico del caso. Tenemos, entonces, tres momentos: el de la vigencia de la ley; el del acaecimiento del hecho punible; y el del acaecimiento de la sentencia. Cuando hablamos de derecho inter temporal nos referimos al conjunto de criterios que debe tomar en consideración el juez penal para aplicar la sentencia al caso concreto.
Si bien es cierto la regla general es que, conforme al artículo 19 N°3-7 CPR el juez debe aplicar la ley que se encuentre promulgada –vigente- con anterioridad a la perpetración del hecho, esa regla puede modificarse  cuando una nueva ley – antes de la dictación de la sentencia – pudiere favorecer al afectado. El juez penal habrá, entonces, de comparar ambas normas y determinar, en el caso concreto, cuál de ellas resulta más “favorable al imputado” y actuar en consecuencia. Sin embargo, el problema de la denominada lex tertia se produce acá cuando en vez de optarse por una u otra ley, se pretende utilizar aspectos normativos de una y de otra, bajo el entendido – pretexto – que tal ejercicio resulta “más favorable al afectado” que aplicar en forma separada una u otra.
Hay quienes sostienen que la aplicación de la lex tertia podría resultar inevitable en algún caso en concreto. A la luz de la legitimación constitucional de la ley penal se puede argumentarse en su favor que el artículo  19 N°3-7 CPR guarda perfecta consonancia con el artículo 18 del Código Penal, los que interpretados sistémicamente, no permiten concluir que el juez penal no pueda utilizar partes de una ley y partes de otras. La restricción para el órgano de adjudicación, por tanto, sólo estaría dada en función de dos elementos copulativos: a) que las leyes en juego hayan estado vigentes a la fecha de la perpetración del hecho y antes de la fecha de la dictación de la sentencia; y b) que el marco normativo aplicado a partir de ambas leyes por el juez sea el “más beneficioso” para el afectado. Una interpretación diversa sacrificaría el principio elemental de hermenéutica legal - penal que se deduce de la garantía de un justo y racional procedimiento – Artículo 19 N°3-5 CPR – conforme al cual, ante dos interpretaciones posibles, no puede optarse por aquélla más perjudicial para el imputado.
Sin embargo, me inclino claramente en contra de la aplicación de la lex tertia, posición que, por lo demás, es la mayoritaria en doctrina y jurisprudencia. El propio Günter Jakobs ha sostenido sobre este particular que “…sólo puede ser más favorable la ley antigua o la ley modificada, pero no la antigua en relación con una consecuencia, y en relación con otra la modificada”. No se puede mantener esta solución”. (Por lo que) “hay que llevar a cabo la determinación individual” (Derecho Penal, Parte General, 2da. Edición, Marcial Pons Ed., Madrid 1997, pág. 125)
En el mismo sentido, sustentar la procedencia de la lex tertia, me parece, significa vulnerar, genéricamente, el principio de la legalidad bajo su forma de lex scripta – Art.19 N°3-7-8 CPR y taxatividad – Art. 19 N°3-8 CPR –, pues bajo el subterfugio de buscar la norma “más favorable” al afectado, el juez penal está realizando un ejercicio que le es prohibido al arrogarse facultades propias del legislativo: crear una “nueva ley”, que en realidad no existe como tal, ya que no es sino el producto de segmentos discrecionalmente seleccionados de una y de otra. ¿Un Frankenstein normativo?


jueves, 17 de abril de 2014

Hacia una protección penal integral de los animales



Los artículos 567 y 570 del Código Civil consideran a los animales una cosa corporal. Es probable que el origen de la controversia jurídica relativa al ámbito de protección penal de los animales tenga acá su punto de partida, ya que el derecho privado los supone un objeto de propiedad humana, similar a lo que podría ser un televisor, un computador o una botella de vino. Sin embargo, me parece imprescindible tener en cuenta que ambas normas legales corresponden a la redacción histórica del Código Civil. En otras palabras, se han mantenido hasta nuestros días tal y como fueron concebidas por Andrés Bello en 1855; y, si en algo debemos concordar, es que el derecho penal ha evolucionado bastante en 150 años. Baste con recordar que en 1855 todavía el ordenamiento jurídico de U.S.A. legitimaba la existencia de la esclavitud.
En este contexto, sostengo que existe acá una tensión entre lo que ha sido, por un lado, la evolución cultural de la sociedad y la percepción que ésta tiene del entorno humano y, por otro, el ámbito de protección legal de los animales. Esta divergencia ocasiona, como siempre ha sucedido en la historia de la humanidad, reacciones a veces destempladas de parte de quienes desean actuar como gestores de un cambio. Así las cosas, no sería extraño que los movimientos animalistas pudieran, en más de alguna oportunidad, asumir actitudes intolerantes y aún violentas.
¿Tiene esto algo de extraño?
En absoluto. En U.S.A. el asunto de la esclavitud produjo una guerra civil; en igual sentido, los movimientos por la igualdad de derechos de las mujeres o de las minorías sexuales o religiosas no han estado exentos de intensos conflictos sociales. Con todo, en este punto hay un tema esencial que debo admitir: en los casos antes propuestos existe un “mínimo común denominador” entre los marginados de la protección legal, el hecho de pertenecer todos, al género humano. Por lo tanto, por más intensa que pudiere ser la disputa social en torno a un efectivo amparo legal de indígenas, inmigrantes, mujeres, niños, homosexuales, ciclistas furiosos u otros, lo cierto es que, todos ellos, son personas y, por lo mismo, el principio de la no discriminación ha actuado como un poderoso motor del cambio legislativo, por lo menos, en occidente. Y los animales… son animales; o sea, no son seres humanos; o, como escribió Andrés Bello en los artículos 567  y 570 del Código Civil, simples cosas corporales.
No obstante lo dicho, el artículo 291 bis del Código Penal establecería un tipo penal peculiar, ya que sanciona como simple delito a todo aquél que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales. Digo que es peculiar, porque si damos por hecho a partir del estatuto del derecho privado que los animales son una “cosa”, lo consecuente sería normar que quien atenta en contra de la integridad de un animal comete el delito de “daños”. Sin embargo, el derecho penal pareciera que parte de un supuesto diferente: que los animales mayores no son una cosa dañable, sino más bien, un cierto ser - no humano -  que, no obstante ello, podría ser objeto de maltrato o de crueldad; o sea, “algo” que tiene la capacidad de ser “consciente” de un mal que le ocasionare una persona. Sí, “consciente” ¿Sabía Ud., por ejemplo, que una vaca es capaz de percibir su muerte cuando es arreada en el corral en dirección a su verdugo?
 Si las cosas son de esta manera, no cabe duda, entonces, que no será lo mismo destrozar la pata de una silla que quebrar intencionalmente el fémur de una pierna de un caballo. Y parece que, de algún modo, el legislador nacional tiene bien clara esta distinción que hago, ya que el artículo 18 de la Ley N°20.380 de 3 de octubre de 2009 elevó las penas del delito de maltrato animal, con lo que, el distanciamiento con el estatuto de las cosas-no animales (por decirlo de algún modo) aumentó aún más.
Lo que quiero significar es que el legislador penal, a diferencia del legislador civil, ha otorgado un ámbito de protección a los animales mayores, a partir de su calidad de seres vivos y no como simples objetos de la propiedad humana. Tengo la intuición, además, que en algún futuro - quizás no tan lejano - el ámbito de protección penal de los animales podría ser mucho más intenso todavía, similar al de un ser humano, según sea ello posible atendida la naturaleza específica de los animales. En tal contexto hipotético, ¿Por qué no sancionar a quien da muerte a un animal? ¿O a quien lo lesiona? ¿O a quien lo secuestra? ¿O a quien lo violenta sexualmente?
Para que lo anterior fuera posible, se requeriría de un cambio sustancial en el fundamento utilizado hasta ahora por el legislador para crear los tipos penales, cuestión que, en última instancia, versa sobre un problema de filosofía jurídica. Este problema tiene que ver con el hecho de que, históricamente, lo que ha existido a la base de la creación de un delito y de su pena es la protección de un bien jurídico culturalmente relevante para una sociedad determinada. Es decir, el legislador suele crear un delito cuando constata la posible existencia de acciones u omisiones que pudieren dañar el libre desarrollo de las potencialidades humanas; como dice el profesor José Luis Guzmán D., el ius puniendi existe sólo por la necesidad de mantener las condiciones que posibilitan la preservación y el desarrollo del ser humano en condiciones dignas.
El problema con esto, es que el mecanismo de la creación de delitos a partir de la afectación de “bienes jurídicos”, concepto de suyo controvertido en la doctrina penal, obedece a una concepción antropocéntrica, conforme a la cual, sólo se reconoce al ser humano como sujeto de derecho y, por lo mismo, nada que no sea una persona podría, en principio, merecer amparo jurídico penal.  Ello lleva a Roxin, en su Libro “Derecho Penal, Parte General”, a reconocer que, no obstante lo anterior, hay que considerar admisible la punición de los malos tratos a los animales en base a que el legislador, en una especie de solidaridad entre las criaturas, también considera a los animales superiores como nuestros semejantes, como “hermanos distintos”, y los protege como tales.
El punto es que si el derecho penal se justifica en base a la existencia humana, lo lógico sería reconocer de una vez por todas, que los seres humanos no vivimos en una burbuja de laboratorio; muy por el contrario, dependemos, directamente, de nuestro entorno para sobrevivir. Los animales, el agua, los árboles, el medio ambiente, entre otros, son imprescindibles para nuestro ciclo vital y sin ellos, simplemente, no existiríamos del modo en que lo hacemos hoy en nuestro planeta. Por ello, cuando dañamos a los animales nos dañamos a nosotros mismos. La naturaleza es una sola, como en la película avatar de James Cameron.
Por tanto, me parece urgente replantear el fundamento de la creación de los delitos, dejando atrás la visión que postula al hombre como único titular de los derechos subjetivos penales para avanzar, en cambio, en una concepción global que permita considerar la afectación de bienes jurídicos vitales. En este escenario, los delitos animales o los delitos ambientales, por ejemplo, pueden ser perfectamente consistentes con esta cosmovisión del derecho penal.

lunes, 31 de marzo de 2014

La producción de la prueba en el procedimiento por acción penal privada


Una de las razones que justificó la radical sustitución del sistema de enjuiciamiento penal chileno en el año 2000 fue el descrédito generalizado del proceso inquisitivo anterior, cuestionado fundamentalmente, por el hecho de reunirse en una misma persona - el juez del crimen - tanto la potestad investigativa cuanto la facultad jurisdiccional. 
El nuevo sistema buscó modificar en esencia la antigua etapa de investigación, eliminando el sumario criminal cuya ejecución estaba entregada al tribunal, con la finalidad específica de garantizar de un mejor modo los derechos del imputado mediante su resguardo por parte del Juez de Garantía, quien, a su vez, constituiría un juez imparcial completamente alejado de las tareas de investigación y persecución.
Desgraciadamente, pese a la intención manifiesta del ejecutivo de modificar el antiguo sistema, también a propósito de la acción penal privada, tal voluntad fue desestimada por el Senado, resultando, en definitiva, un mecanismo de generación de evidencia que en poco se diferencia del modelo inquisitivo anterior. En efecto, el inciso 3° del actual artículo 400 del Código Procesal Penal parece trasplantado de los artículos 577 y 578 del antiguo Código de Procedimiento Penal que, sobre este particular, disponían la obligación del juez de mandar recibir la información ofrecida por el querellante para acreditar los hechos que constituyen el delito y sus circunstancias. 
Se añadía que toda información debía ser recibida por el tribunal al tenor de la querella en los días inmediatos; y mientras ello ocurría, debían practicarse, además, las diligencias periciales o cualesquiera otras que fueren necesarias para la comprobación del delito y la determinación del delincuente. La redacción del actual artículo 400 del Código Procesal Penal, como se advierte, no sólo reprodujo, de algún modo, el antiguo modelo inquisitivo, sino además, la propia técnica legislativa utilizada resulta inferior a la del Código de Procedimiento Penal, redundando en vaguedades que lo transforman en el paradigma de la inconsistencia sistémica. 
Sin embargo, mientras no exista la voluntad de modificar la normativa aludida, adecuándola razonablemente al resto del sistema, se nos presenta el desafío de interpretarla para el caso concreto, de modo tal que se produzca la menor afectación posible al modelo procesal penal general en actual vigencia.
Un primer aporte, en este sentido, resulta del criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema en alguno de sus fallos en cuanto a entender que las diligencias investigativas susceptibles de ser realizadas en el marco del procedimiento por acción penal privada abarcan tanto el hecho punible como la identificación del presunto culpable. Conforme a esta interpretación se salva la aparente omisión del legislador, relativa a la existencia de querellados inicialmente no identificados y se repara la situación de impunidad en la que se podría incurrir para el evento de atenderse solamente al sentido literal del artículo 400.
Un segundo asunto que, necesariamente, debe ser abordado está relacionado con la actitud que debe adoptar el Juez de Garantía para minimizar el impacto que pudiese producirse en el rol del juzgador a causa de su intervención en la obtención de la evidencia necesaria para condenar o absolver al querellado. No obstante que la solución de fondo pasaría por una necesaria reforma legal, es posible, por ahora, desarrollar una salida paliativa en base a los siguientes criterios:
 a) El juez debe limitarse a ser un mero intermediario de la persecución penal del querellante. La persecución penal en el delito de acción privada le corresponde en forma exclusiva al querellante. La participación que la ley le ha asignado al Juez de Garantía en la ejecución de las diligencias solicitadas sólo tiene que ver con la imposibilidad material en la que se encuentran muchas veces los particulares para obtener información cuando ésta no es proporcionada voluntariamente. Por el contrario, el juez se encuentra dotado de imperio, de modo que, usualmente, podrá recabar la información solicitada, incluso en forma coactiva.
Por otra parte, el juez también tiene acceso a información reservada que no es posible conseguir a los particulares. Por tanto, el rol del tribunal sólo está vinculado a la eficacia de las diligencias solicitadas por el querellante, pero en caso alguno, aquél podrá tener iniciativa en la producción de los actos de investigación a realizar. Por consiguiente, tramitadas que sean las diligencias pedidas, el juez debe ponerlas a disposición del querellante y será éste quién deba evaluar la procedencia o no de otras.
La vulneración de esta regla fundamental por parte del Juez de Garantía constituiría un vicio grave del procedimiento que, bien podrá ser abordado mediante la solicitud de nulidad procesal, o, en su caso, por el ejercicio del recurso de nulidad de la sentencia que se dictare.
 b) Debe establecerse una posición definida respecto de la delimitación temporal de la etapa de investigación. Uno de los dilemas que presenta el actual sistema de investigación en el contexto de la persecución penal privada se relaciona con el plazo con el que cuenta el querellante para realizar diligencias de indagación. Lo anterior, en el entendido que, no necesariamente, las diligencias pedidas en el escrito de querella pueden ser suficientes para sustentar la pretensión penal privada.
 Así las cosas, nada obsta a que el querellante solicite al Juez de Garantía la realización de otras actuaciones indagatorias. El problema es que el legislador no se hizo cargo, expresamente, del plazo con el cual cuenta el persecutor particular para realizar la investigación a instancias del juez. Descartamos por completo la idea de la inexistencia de un plazo y, por consiguiente, la absoluta libertad del querellante para tomarse el tiempo que él estime necesario. Si bien, podría abonarse en apoyo a esta posición, la existencia de contrapesos derivados de la posible declaración de abandono de la acción, en caso de ser ello procedente, (Artículo 404) y el hecho que la interposición de la querella suspende la prescripción de la acción penal, con lo que, podría tener aplicación lo prevenido en el artículo 96 del Código Penal, lo cierto es que, aún así, sustentar la inexistencia de un plazo para la indagación en la persecución penal privada, constituiría una infracción grosera el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
Consecuente con lo señalado, nos parece que, tal cual lo permiten las remisiones normativas de los artículos 405 y 389 del Código, respectivamente, constituye una obligación irrenunciable para el tribunal hacer uso de la facultad legal consignada en el artículo 234. Por consiguiente, de oficio o a petición de alguno de los intervinientes, si los hay, y oyendo al querellante, el tribunal podrá fijar un plazo judicial para el cierre de la investigación. En todo caso, jamás las diligencias de investigación podrán exceder el plazo máximo legal de dos años, al vencimiento del cual, tendrá lugar la audiencia del artículo 403 (Art. 400 inciso 3)
 c) El “juez instructor” debe ser inhabilitado para conocer y resolver acerca del fondo de la pretensión contenida en la querella. El Juez de Garantía que ha intervenido en la realización de las diligencias de investigación solicitadas por el querellante no puede, bajo ningún supuesto, participar en el pronunciamiento de la sentencia que resuelva el fondo de la pretensión penal sometida al conocimiento del tribunal. La solución contraria vulneraría la idoneidad del juez para resolver, pues, el juez instructor, por llamarlo así de algún modo, se halla totalmente involucrado en la persecución penal del querellante.
Aún más, si el querellado no aceptare la responsabilidad en los hechos de la querella y tuviese lugar la preparación del juicio oral simplificado (Art. 395 bis) tampoco debiese participar en esta audiencia el juez que intervino en la investigación, ya que, carece de la imparcialidad necesaria para resolver respecto del posible debate de ilicitud de la prueba ofrecida.
En conclusión, nos parece que un correcto entendimiento del sistema procesal vigente, obliga a la inhabilitación del Juez de Garantía que intervino en la fase de investigación y a su reemplazo por otro no inhabilitado. En tal sentido, la causal octava del artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales, dispone que es motivo de implicancia y, por tanto, de pérdida de la competencia natural del juez, el haber éste manifestado su “dictamen” sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia. Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra “dictamen” es la opinión o juicio que se forma o emite sobre algo, equivalente a consultar con alguien lo que se debe ejecutar o seguir en algún caso dudoso. En consecuencia, la “manifestación de dictamen” a que alude la causal octava del artículo 195 del Código Orgánico de tribunales no sólo comprende la opinión vertida por el juez penal acerca de la absolución o condena. Comprende además, a mi entender, todo pronunciamiento realizado por el juez relativo a la procedencia y ejecución de las diligencias determinadas solicitadas por el querellante a fin de precisar, tanto el hecho punible, como la individualización del presunto imputado. 
No cabe duda alguna que el juez que interviene en la indagación privada se encontrará obligado a pronunciar una o más resoluciones destinadas a cumplir las diligencias pedidas. Igualmente, puede intervenir en la determinación de un plazo razonable para la práctica de las mismas, o de su prórroga; incluso puede participar en la autorización de diligencias que podrían vulnerar garantías individuales, lo que, por supuesto, presume un juicio previo de idoneidad. A la base de estas intervenciones subyace la opinión del juez respecto del destino de la indagación y del mérito o no de ella para sustentar la pretensión penal del querellante, cuestión que echa por tierra la imparcialidad que debe identificar al juez de fondo. 






lunes, 20 de enero de 2014

"Iniciación al Derecho Procesal Chileno" : 3ra. edición actualizada



Amigos cibernautas: a partir del mes de marzo-2014 está a la venta la tercera edición actualizada de mi libro "iniciación al derecho procesal chileno". Lo pueden encontrar en la librería Librotecnia - en el segundo piso del Mall Espacio M, a un costado de la Corte Suprema - y, en www.librotecnia.cl, para todo Chile. Este libro nació en las aulas universitarias y tiene por finalidad servir de brújula a los alumnos del primer año del ramo o a aquéllos que preparan su examen de licenciatura.
También resulta ineludible para los abogados que se han sentido expropiados en sus conocimientos a causa de las enormes transformaciones que ha experimentado el derecho procesal, pues, quienes concretaron sus estudios antes del inicio de tales, fueron, muchas veces, marginados del actual sistema procesal que se nutre de fundamentos radicalmente opuestos a los existentes con anterioridad. 
Este trabajo aborda el proceso global de reforma procesal en que se encuentra sumido nuestro país y sus implicancias con las diversas vertientes del derecho procesal. Asimismo, profundiza en los temas que conforman la base de esta disciplina jurídica, tales como: la teoría general del proceso, la ley procesal, la competencia, la jurisdicción, la estructura y funcionamiento de los actuales tribunales de justicia, los auxiliares de la administración de justicia, las normas comunes a todo procedimiento y los conflictos de su adecuación a los procedimientos orales, la litigación oral y digital, etc. 
Se abordan las últimas reformas introducidas a la Constitución Política de la República en el ámbito procesal; se reproducen los principios informadores del proyecto de ley de nuevo Código Procesal Civil, así como también, las ideas matrices de las últimas modificaciones procesales a la justicia militar. Del mismo modo, se desarrollan las aportaciones hechas al actual sistema judicial por parte del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, la Academia Judicial de Chile y la Corporación Administrativa del Poder Judicial, entre otros.