lunes, 21 de octubre de 2013

El nuevo sistema de recursos en el proceso civil


 En 2013 el actual Código de Procedimiento Civil Chileno cumple 110 años de vida. Y si algo debemos celebrar sobre el particular, es la firme decisión de los operadores políticos y técnicos en orden a debatir y promulgar en algunos años más el proyecto de Nuevo Código Procesal Civil que ingresó ya a tramitación al Congreso Nacional hace algunos meses atrás.
 Una vez en vigencia la nueva normativa podremos cerrar el ciclo de las reformas procesales iniciada en el año 2000 con la promulgación del Código Procesal Penal, seguido por la implementación de los nuevos procedimientos ante los tribunales de familia y los tribunales laborales y de cobranza laboral y previsional.  Con un nuevo Código Procesal Civil podrán solucionarse los diferentes problemas de adecuación que hoy existen entre la normativa procesal civil y la de los restantes procedimientos orales en vigencia, cuestión de primera importancia, si consideramos el histórico rol subsidiario que le corresponde a las normas procesales civiles respecto del restante ordenamiento procesal, labor que hoy cumple, a duras penas, el Libro I del Código de Procedimiento Civil relativo a las normas comunes a todo procedimiento.
 El Proyecto de Ley de Nuevo Código Procesal Civil contiene varias novedades interesantes. A propósito de un curso que recientemente debí impartir me aboqué a revisarlo en profundidad. En general, me gustó mucho y creo estar seguro que significará una evolución gigantesca para el proceso civil, transformándose en un mecanismo simple, rápido, eficaz y más observante de la garantía constitucional de un justo y racional procedimiento.
 En esta oportunidad, me gustaría compartir con ustedes algunas noticias acerca de los aspectos generales que contempla la nueva estructura del Código en el ámbito de los recursos procesales. La elección no fue al azar, sino que obedece al interés nacido luego de la constatación de que el legislador ha propuesto una enmienda radical en esta materia, modificando incluso, varios de los principios que desde siempre se han mantenido inalterables en este tema. De allí la utilidad de dar un rápido vistazo al nuevo sistema propuesto de recursos; más que nada, para motivar la profundización del lector interesado. Veamos.
 El Libro Tercero del proyecto de nuevo Código contempla, como dije, un diferente régimen de recursos en materia civil, consagrándose en su Título Primero las disposiciones generales aplicables a todo recurso, entre las que destaca la regulación de la vista de los recursos ante las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema en audiencia pública. Así las cosas, la ausencia del recurrente a esta audiencia pública producirá, de pleno derecho, el abandono del recurso. Ahora bien, el conocimiento de los recursos en audiencia pública ante las Cortes traerá aparejadas varias novedades legislativas.
 En primer lugar, la supresión de la relación, tal como ocurre hoy en materia penal y laboral. En el mismo sentido, la sentencia de la Corte que falla un recurso deberá ser redactada personalmente por el Ministro de turno y la disidencia o prevención, por su autor, bajo sanción de nulidad, por el sólo ministerio de la ley.
 En otro orden de ideas, el artículo 369 del proyecto de ley innova, también, en el plazo con el cual contarán las Cortes para fallar un recurso. En síntesis, podrán hacerlo de inmediato, una vez concluida la audiencia pública o en 20 días hábiles; excepcionalmente, en casos complejos, se contempla una prórroga 10 días. Lo relevante es que la Infracción a estos plazos producirá la nulidad de la audiencia y configurará una falta disciplinaria grave que debe ser sancionada. Criterio similar al considerado por el artículo 351 del proyecto en la infracción de los plazos para fallar en los procedimientos declarativos.
 Los recursos procesales que regula el nuevo Código Procesal Civil son cuatro: reposición, apelación, de hecho y el recurso extraordinario.
 Respecto de la procedencia de los recursos, se establece que la reposición procede en contra de los decretos y de las sentencias interlocutorias. Esto se explica porque el artículo 200 del proyecto sólo contempla como resoluciones judiciales a los decretos y a las sentencias interlocutorias y definitivas, eliminándose el auto tal como hoy lo consagra el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. Además, al ser reponibles las sentencias interlocutorias desaparece el efecto del desasimiento del tribunal en los términos contemplados por el actual artículo 182 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil.
 Por su parte, se contempla la apelación sólo en contra de las sentencias definitivas, las sentencias interlocutorias que pusieren término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronunciaren respecto de la admisión o denegación de la intervención de un tercero, las que ordenen el pago de costas por un monto superior a cien Unidades Tributarias Mensuales, las que desechen la incompetencia del tribunal, las que resuelvan acerca de la inhabilidad del juez o de falta de debido emplazamiento del demandado y las que se pronuncien sobre el otorgamiento, alzamiento, modificación, sustitución o cualquiera otra materia en relación con una medida cautelar, todas ellas pronunciadas por el tribunal de primer grado jurisdiccional. Todas las demás resoluciones serán inapelables, a menos que la ley dispusiere lo contrario.  Asimismo, la apelación, a diferencia de la contemplada en el actual Código de Procedimiento Civil, tendrá un objeto mucho más vasto, no limitado a la modificación o revocación de la sentencia, sino que podrá incluir la declaración de nulidad, ya sea del procedimiento o de la propia sentencia. De este modo, se rompe con la tradición de nuestro sistema procesal en cuanto a que la apelación sólo es un recurso de instancia – ponderación de los hechos y el derecho consignados en la sentencia de primer grado – y pasa ahora, además, a constituir un recurso de nulidad. – Se elimina la casación en la forma –
 El proyecto, por lo demás, se cuida de suprimir el concepto de instancia y lo remplaza por el de grado jurisdiccional. En consecuencia, el nuevo Código establecería que el objeto del recurso de apelación será obtener del tribunal superior respectivo, que enmiende o revoque, conforme a derecho, la resolución del inferior, total o parcialmente, con base precisa en las pretensiones, excepciones o defensas formuladas en su caso, ante el tribunal inferior, pudiendo alegarse además, o bien exclusivamente, la infracción a normas que consagren derechos o garantías procesales cometidas en el primer grado jurisdiccional, para obtener la invalidación del juicio y de la resolución respectiva o solamente de ésta, y ello por las causales específicas señaladas en la ley. En este último caso el recurrente expresará en capítulos separados los motivos que justifiquen la enmienda o revocación, de aquellos que justifiquen la invalidación del juicio y de la resolución respectiva o sólo de ésta.
 Con todo, atendiéndose al orden lógico en que se deben formular las peticiones a los tribunales, se determina que la pretensión de enmienda o revocación, sólo se podrá hacer valer en subsidio de la de invalidación, sin perjuicio que ésta sólo puede ser declarada como última ratio y en caso que no haya podido ser enmendado el vicio con el pronunciamiento sobre el mérito de la causa.
 El proyecto contempla, al igual que hoy, el control de admisibilidad del recurso de apelación por parte del tribunal a Quo. En consecuencia, también tendrá cabida el denominado recurso de hecho - Arts. 384, 400 y siguientes -
 A propósito de los efectos del recurso de apelación la regla general será el sólo efecto devolutivo, contemplándose el efecto suspensivo, sólo cuando expresamente lo establece la ley. Por esto, se contemplan dos mecanismos de protección para la parte vencida que pudiere verse expuesta a la ejecución de una resolución desfavorable no obstante encontrarse pendiente su recurso de apelación. Estas medidas son las siguientes:
 a) Si la Corte revoca un fallo ya ejecutado por el tribunal a quo, éste debe adoptar todas las medidas tendientes a restituir a las partes al estado en el que se encontraban antes de la ejecución - Art. 386 Proyecto - ; y
 b) Orden de no innovar ante el tribunal Ad Quem
 En último lugar, en lo que constituye el más significativo cambio en materia de recursos, el nuevo Código introduce el denominado Recurso Extraordinario, el que tiene por objeto que la Corte Suprema, cumpliéndose los requisitos legales, se avoque al conocimiento de un asunto por estimarse afectado un interés general. – se debe subrayar que también desaparece la actual casación en el fondo –
 El proyecto entiende que existe interés general cuando se hubiere infringido en forma esencial, en la sentencia o en el procedimiento del cual ella emanare, un derecho o garantía fundamental contemplado en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en todos aquellos casos en que la Corte considere pertinente fijar, uniformar, aclarar o modificar, una doctrina jurisprudencial. La resolución que falle un recurso extraordinario no será susceptible de recurso alguno, salvo su aclaración, rectificación o enmienda.
 Sin embargo, excepcionalmente, si se demostrare que la sentencia que se ha dictado contradice otra pronunciada por la misma sala especializada, pero sin que en el fallo se hubiere dejado constancia de haberse modificado la doctrina anterior, se contempla la posibilidad para las partes de solicitar al Pleno de la Corte Suprema que anule la sentencia y se proceda a una nueva audiencia por una sala no inhabilitada. Este recurso especial ante el pleno de la Corte Suprema tiene por finalidad que la sala especializada que conozca de un asunto de naturaleza civil deba resolver, coherentemente, en relación a su propia doctrina anterior, de modo que, cuando la precise o la cambie, tendrá que explicitarlo, señalando las razones de ello.
 Me parece, entonces, que este recurso ante el tribunal Pleno de la Corte Suprema puede llegar a transformarse en una poderosa herramienta destinada a combatir la dispersión jurisprudencial en asuntos similares.

Lanzamiento del libro "Abono de la prisión preventiva en causa diversa. Deconstrucción de una teoría dominante". Red UC 04/Octubre/2017

El texto analiza la procedencia del así llamado “abono de la prisión preventiva en causa diversa” en el derecho vigente. Frente al ...