martes, 6 de agosto de 2013

El principio de culpabilidad


En términos generales el concepto culpabilidad es lo opuesto al concepto de inocencia. Específicamente, bajo la expresión principio de culpabilidad pueden incluirse diferentes límites a la potestad penal, conforme a los cuales, nadie puede ser culpado y sancionado por un delito sin que el juez constate la existencia de tales requisitos legales. Así las cosas, es necesario para aquello, en primer lugar, que no se haga responsable a un sujeto por delitos ajenos. En segundo lugar, no pueden castigarse formas de ser o "personalidades" sino sólo conductas o hechos. 
Sin embargo, no basta con que un hecho punible –, esto es, el que reviste hipotéticamente el carácter de delito - sea materialmente causado por una persona para que pueda hacérsele responsable de él; es necesario, también, que el hecho haya sido querido (doloso) o haya podido preverse y evitarse (que pueda existir culpa o imprudencia). Por último, para que pueda considerarse culpable un hecho doloso o culposo, debe poder exigírsele al autor un comportamiento distinto del realizado, esto es, debe juzgarse si estaba en condiciones de no haber ejecutado una conducta concreta, prohibida por la ley penal.
Sobre este punto, el profesor español Santiago Mir Puig en su libro “Derecho Penal”, señala lo siguiente: "todos los principios derivados de la idea general de culpabilidad se fundan en buena parte de la dignidad humana, tal como debe entenderse en un Estado democrático respetuoso del individuo. Este Estado tiene que admitir que la dignidad humana exige y ofrece al individuo la posibilidad de evitar la pena comportándose según el derecho. Ello guarda también relación con una cierta seguridad jurídica: el ciudadano ha de poder confiar en que dirigiendo su actuación en el sentido de las normas jurídicas, no va a ser castigado. Se opondría a estas ideas poder castigar a alguien que es inocente, castigarlo por un hecho de otro o por un hecho imprevisible o inevitable. La exigencia de igualdad real de todos los ciudadanos, que también afecta a lo anterior, sirve de base a la prohibición de castigar a un sujeto que no alcanza el nivel de motivabilidad normal previsto por la ley"
A pesar de que existen varias manifestaciones jurídicas del principio de culpabilidad, la doctrina suele destacar, en particular, cuatro de ellas: la responsabilidad personal; la responsabilidad por el hecho; la responsabilidad subjetiva y la presunción de inocencia. 
a) Responsabilidad personal: Este principio implica que la responsabilidad penal es estrictamente individual, lo cual, se contrapone a la idea de responsabilidad colectiva que fue habitual en el pasado en que el castigo por un delito podía recaer no sólo en quien lo había ejecutado, sino también en la familia o el grupo al que aquél pertenecía. Hoy, por el contrario, es un principio universalmente aceptado el que nadie puede ser hecho responsable si no ha tenido intervención directa en el delito que motiva la imposición de una pena o sanción. Desde otra perspectiva, la noción de responsabilidad personal envuelve que sólo los seres humanos pueden delinquir y, en consecuencia, ser penalmente responsables. Sólo en el último tiempo y en forma excepcional se ha establecido que pueden ser sancionadas las personas jurídicas a propósito de delitos muy precisos. En efecto, el artículo 58 del Código Procesal Penal establece la regla general en esta materia, según la cual, la acción penal, fuere pública o privada, no puede entablarse sino contra las personas responsables del delito y que, por tanto, la responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas, en consecuencia, responden por regla general los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare. 
Con todo, como ya se indicó, la ley N°20.393, estableció una excepción a esta regla general al establecer una responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N°19.913, en el artículo 8° de la ley N°18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal; el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas. Las figuras típicas que dan lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas son las siguientes: 
a) Lavado de dinero.
b) Financiamiento del terrorismo.
c) Cohecho de funcionarios 
d) Además, existen casos especiales de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de asociación ilícita y asociación ilícita para el lavado de dinero. 
De este modo, conforme al sistema que establece la reforma, para los efectos de estas figuras típicas determinadas, no resulta aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal, es decir, efectivamente, en estos supuestos puede existir responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este caso, la máxima sanción susceptible de ser impuesta por el tribunal será la pérdida de la personalidad jurídica reconocida en su momento.
b) Responsabilidad por el hecho: Involucra que las personas sólo responden penalmente por las conductas que hubieren ejecutado y no por actitudes subjetivas, como las simples creencias o intenciones, o por condiciones de índole personal. En otras palabras, no hay delito mientras las intenciones no se concreten en acciones penadas por la ley y externamente constatables. Esta premisa impone un significativo límite al legislador ya que, obligatoriamente, ha de configurar la tipificación de los delitos en torno a una conducta concreta, estándole prohibido constituirlos sobre la base de características personales del autor. Por eso suele decirse por la doctrina penal que el actual es un derecho penal de actos, en contraposición al derecho penal de autor, que algunos autores creyeron válido en el pasado en base a consideraciones políticas o simplemente científicas.
c) Responsabilidad subjetiva: La responsabilidad penal debe estar fundada, necesariamente, aunque no de modo exclusivo, en una valoración acerca de la actitud anímica del sujeto imputado en relación con el hecho ejecutado. En otras palabras, no basta con que el sujeto haya sido el causante del resultado ilícito, sino que, además, se requiere examinar si estaba en condiciones de preverlo y si quiso o no su producción. Se trata, entonces, de que el imputado por un delito sea tratado como persona dotada de razón y de libertad y no como mero instrumento capaz de producir un resultado. Así, por ejemplo, un animal también puede "causar" la muerte de una persona, pero sólo el humano es capaz de querer y de prever esa muerte. En consecuencia, el concepto de responsabilidad subjetiva se opone al de responsabilidad objetiva, según la cual, las personas deben responder por el solo hecho de encontrarse en una determinada situación, aunque no hayan podido prever siquiera la ocurrencia del resultado que motiva la imposición de una pena. Por ello, se ha sostenido que trasgreden este principio los denominados delitos calificados por el resultado, en los cuales concurre, junto con un delito base cometido con dolo o culpa, un resultado respecto del cual no es necesario probar si hubo dolo o culpa, bastando la sola relación de causalidad. Por ejemplo, el art. 474 inciso final del Código Penal.
d) Presunción de inocencia: El principio de la presunción de inocencia implica que todo individuo ha de ser tratado como inocente, es decir, como si no tuviera responsabilidad penal alguna en el hecho que se le imputa, mientras no se dicte una sentencia de condena ejecutoriada en su contra. Es decir, las consecuencias penales derivadas de un delito que se traducen en la limitación de los derechos personales, sólo pueden ser impuestas o aplicadas una vez que se haya comprobado la culpabilidad del autor del hecho punible. Mientras ello no ocurra, nada justifica la aplicación de unas consecuencias tan gravosas para los derechos individuales.
Marco constitucional del principio de la culpabilidad:
Si bien es cierto, la Constitución Política de la República no señala expresamente la exigencia de culpabilidad - al menos no en términos tan claros como lo hace con del principio de legalidad -, sí, en cambio, es indiscutible que cuenta con reconocimiento a nivel constitucional. Por una parte, porque la noción general de culpabilidad y las manifestaciones concretas que de ella hemos visto, son, sin duda, una proyección de la idea de dignidad humana, de modo que la previsión constitucional de este último valor cubre todo el espectro de garantías que son inherentes al principio de culpabilidad. Por otra parte, el artículo 19 Nº3, inciso sexto, de la Constitución prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal. 
Esta norma implica la garantía de no ser sancionado a menos que se establezca, judicialmente, la totalidad de los requisitos necesarios para que nazca la responsabilidad criminal; y, entre ellos, evidentemente, están todos los requerimientos de imputación subjetiva que supone el principio de culpabilidad. Con todo, es necesario reconocer que esta disposición constitucional, por sí sola, no permite aseverar que el principio de culpabilidad tiene consagración en la Constitución, porque no establece que la culpabilidad sea presupuesto de la responsabilidad penal.
En cuanto a la presunción de inocencia, además de las razones señaladas y la mención expresa que realiza el artículo 4 del Código Procesal Penal, su vigencia en nuestro país deriva de su consagración, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que han sido incorporados al ordenamiento jurídico chileno a través del inciso 2 del artículo 5 de la Constitución.