miércoles, 20 de marzo de 2013

La “unificación de penas”: entre la bruma y la realidad

                          
Hace algunas semanas atrás el profesor de derecho penal y procesal penal de la PUCV, Dr. Guillermo Oliver, tuvo la gentileza de enviarme un trabajo que realizó en el marco de una investigación Fondecyt referente al proceso de determinación de la pena. Como consecuencia de lo anterior, en el N°14 de la revista Política Criminal, correspondiente al mes de diciembre de 2012, apareció publicado el trabajo titulado “aproximación a la unificación de penas”.
Lo que me llamó poderosamente la atención fue advertir que desde el mundo universitario se alertara respecto de un asunto que, hace bastante tiempo, tengo atorado a la altura de la faringe y que el profesor Oliver aborda en este trabajo con total franqueza. En razón de esto, su escrito me ha estimulado a compartir con ustedes una de sus conclusiones.
La figura de la “unificación de penas” aparece en nuestro ordenamiento jurídico penal con motivo de la redacción del artículo 160 del Código Orgánico de Tribunales  (COT) – hoy derogado – el que, en su inciso 2, disponía que, cuando el antiguo juez del crimen debía de conocer diferentes causas seguidas en algún momento de forma simultanea respecto de una misma persona, debía considerar en el último fallo las sentencias que se hubieren dictado con anterioridad en estos procesos. Añadía este inciso: “si procediere unificar las penas, el tribunal lo hará al dictar la última sentencia”.
Con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal esta figura pasó al actual artículo 164 del COT, pero con un gran reparo. Las palabras “unificación de penas” fueron explícitamente eliminadas, no obstante lo cual, todavía en la práctica, muchos operadores del sistema procesal penal siguen relacionando al artículo 164 COT con la antigua “unificación de penas” del artículo 160 del mismo cuerpo legal.
Lo importante, tal como lo sostiene el profesor Oliver, es que no se trata sólo de un cambio nominal, ya que figura en si, presenta diferencias en relación al estatuto anterior y esta diferencia está siendo ignorada en la práctica.
Es verdad. El fundamento del antiguo artículo 160 COT y el actual artículo 164 COT son similares en cuanto a que se busca evitar que cuando exista una pluralidad de procesos que se sigan en contra de una misma persona, por diferentes hechos que pudieron ser juzgados conjuntamente, la suma de las condenas impuestas en cada uno de ellos produzca una situación más perjudicial para el imputado, al resultar estas condenas, mayores a las penas que habría correspondido imponer si se hubiera realizado un juzgamiento conjunto.
Sin embargo, con la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal, la figura del antiguo artículo 160 del COT cambió sustancialmente, ya que la acumulación obligatoria de procesos seguidos en contra de una misma persona o su desacumulación excepcional – presupuesto base del Art. 160 COT - dejaron de ser una facultad jurisdiccional y pasaron a ser un privilegio del Ministerio Público que a menudo se funda en razones de política criminal o en simples necesidades administrativas del servicio.
Con todo, uno de los problemas que presenta el actual artículo 164 del COT es la errada interpretación que de él hacen innumerables Juzgados de Garantía y Tribunales del Juicio Oral en lo Penal al aplicar el procedimiento que contenía el antiguo artículo 160 COT para los jueces del crimen, es decir, dictar una sentencia posterior a todas las condenas dictadas, incluso por otros tribunales, que abarque la totalidad de los hechos que ya han sido juzgados, e imponer al imputado una pena única, unificada.
El profesor Oliver sostiene, con razón, que de acuerdo con la actual regulación de esta figura no es posible que un tribunal modifique un fallo pronunciado con anterioridad, ni menos uno que ha sido dictado por otro tribunal. Lo anterior también es sostenido por el profesor Jean Pierre Matus, quien señala que el texto del antiguo artículo 160 COT, por utilizar la palabra “unificación”, y considerando que las diversas sentencias eran dictadas por un mismo tribunal, parecía admitir la posibilidad de modificar los fallos anteriores y sustituirlos por una sentencia final que unificara todas las penas.
Muy por el contrario, el actual artículo 164 del COT utiliza la expresión “fallo posterior”, por lo que dispone, simplemente, que un tribunal adapte “su sentencia” en consideración a las condenas anteriores que cumplan los requisitos legales, pero sin modificar los fallos precedentes.
En consecuencia, un tribunal no puede “unificar” las penas anteriormente impuestas por otros tribunales con la que imponga él. Sólo puede, para ajustar su sentencia y no superar el límite de pena que establece el artículo 164 COT, lo siguiente:
a) disminuir la pena que va a imponer o que ya impuso;
b)condenar sin imponer pena alguna o modificar la sentencia condenatoria que ha dictado para no imponer pena cuando el hacerlo implicaría exceder el máximo de pena que pudiere imponerse;
c) condenar, pero otorgar algún beneficio – o pena sustitutoria conforme a la ley N°20.603, añadiría yo – compatible con la pena que habría podido imponer en un eventual juzgamiento conjunto o modificar la sentencia condenatoria que ha dictado para otorgar un beneficio - o pena sustitutoria – compatible con dicho juzgamiento; y
d) considerar atenuantes o suprimir agravantes en la condena que dicte o modificar la sentencia condenatoria que ha dictado para considerarlas o descartarlas, respectivamente.
En síntesis, un tribunal nada tiene que unificar, porque no está autorizado a modificar las sentencias anteriormente dictadas respecto de un mismo imputado; sólo debe procurar regular la pena que él impone, de modo que la suma de ella con las anteriores no exceda el límite del artículo 164 COT.
Como se ve, entonces, las figuras del antiguo artículo 160 COT y del actual artículo 164 COT son diferentes y, aunque su fundamento es el mismo, sus efectos en materia de determinación de pena son diferentes. La antigua “unificación de penas” sólo subsiste de modo excepcional en el actual artículo 12 del Código de Justicia Militar para las causas que se tramitan conforme a esta normativa.

6 comentarios:

  1. Y cual sería la oportunidad de hacerlo???
    Pareciera ser que sería siempre a posteriori, salvo que en la oportunidad que indica el artículo 343 del cpp el defensor o el fiscal (aunque lo dudo, respecto de éste último), llegue con las sentencias anteriores dictadas en contra del imputado y se solicite allí la aplicación del artículo 164 del COT. Me parece respetable la interpretación que de la norma procedimental hacen los profesores aludidos en la nota, aunque nunca la he escuchado en estrados, tal vez debido a que existe consenso tácito en que a una persona que ha sido condenada en diversos juicio que por su cronología pudieron haberse juzgado conjuntamente merece ser castigado por todos ellos en una sola sentencia, que en este caso sería la última dictada en su contra independientemente de que hayan sido otros tribunales los que dictaron las anteriores. En todo caso, considerando los principios informadores del derecho penal pareciera ser que, discusión más discusión menos, existe unanimidad en que en algún momento debe producirse dicha adecuación, sea de la forma que proponen los profesores ya mencionados o de la forma que se ha procedido en la practica.

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  2. La oportunidad para aplicar el art. 164 COT es al momento de dictarse la última sentencia o una vez fallada. Comparto contigo totalmente que esta interpretación no se ha escuchado en estrados, por eso me pareció intersante debatir sobre el tema. Lo que yo sugiero es que nadie se ha cuestionado este punto, basicamente, porque se siguió aplicando en forma autómatica el art. 160 COT, hoy derogado y...nadie se dio cuenta? UPS?

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  3. Colega: una gran acierto el trabajo del profesor Oliver y por cierto su difusión en este blog; sin embargo, el profesor Oliver no se refiere al tema de la territorialeidad, explica lo de los distintos Tribunales, también las exigencias temporales según los distintos criterios, pero no se refiere al territorio. Porque si corresponden a jurisdicciones distintas, por ejemplo distintos Tribunales Orales y fiscalías distintas (Oral Quillota y Oral San Antonio), aun cuando temporalmente coincidan nunca podrían tramitarse conjuntamente las causas por razones de competencia territorial, y en ese caso sería otro elemento restrictivo para interpretar el artículo 164,... o no. Sigamos discutiendo.

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    1. En relación a lo que planteas me inclino a pensar que el diferente territorio de los tribunales resulta irrelevante con la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, porque la competencia relativa (cuyo factor es precisamente el territorio)constituye una atribución de facultades establecida por la ley respecto de los tribunales y no del ministerio público quien es hoy el encargado de tomar la decisión de agrupar o desagrupar las diferentes investigaciones que pudieren ser seguidas contra un mismo imputado.

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    2. Estimado Jaime.-
      Desde mi condición de jues del TOP de La Serena, te saludo y, a riesgo de parecer arrogante, debo decirte que yo sí había estudiado este tema con anterioridad, desde que era juez del TOP de Copiapó, donde concluímos con el colega Carlos Jorquera Peñaloza en el mismo sentido de lo que afirma ahora el profesor Olivier. Incluso, en una ocasión subí el tema a la red de correos intitucionales, sin recibir mayor interés.
      Efectivamente, tal como señala Olivier, aquí de lo que se trata es de "regular", en la sentencia del último juicio, la pena que correspondería de haberse juzgado conjuntamente los hechos perpetrados por un mismo agente, o hacerlo mediante una resolución posterior del mismo tribunal que no hizo tal ejercicio en la aludida sentencia, situación ésta que perfectamente puede llevar a aplicar solo un complemento de pena en el juzgamiento último o, incluso una pena igual a cero.
      Tal actividad "regulatoria" y no "acumulativa" de penas, es la que impone el artículo 164 del Cot, que lejos está, como se ve, de permitir que jueces que no conocieron de unos hechos, se avoquen con posterioridad a su juzgamiento, cambiando y modificando penas, pasando por encima de la competencia exclusiva de otro tribunal y afectando la cosa juzgada.
      Ahora, querido Jaime, convencer a la mayoría de los colegas de un tribunal oral de seguir esta interpretación, que pareciera ser es la que corresponde, atendida una interpretación estricta que debe hacerse de lo dispuesto en la norma citada, ..., no es fácil.-
      Gusto en saludarte.
      Juan Carlos Espinosa Rojas
      jcespinosa@pjud.cl

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    3. Juan Carlos:La verdad yo también considero que la posición del profesor Guillermo Oliver es la correcta y, precisamente por tal razón, subí la nota al blog. Tengo confianza que los colegas, después de darle unas vueltas al asunto, se darán cuenta que lo que se propone es lo correcto. Hay varias razones para considerar que modificar sentencias anteriores por un tribunal que no las dictó es hoy un acto ilegal. Un abrazo.

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