jueves, 28 de febrero de 2013

El procedimiento abreviado en la ley N°20.084 sobre responsabilidad penal adolescente

                          
El primer inciso del artículo 27 de la Ley N°20.084 establece que la investigación, juzgamiento y ejecución de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se regirá por las disposiciones contenidas en la aludida ley y, supletoriamente, por las normas del Código Procesal Penal.

Sin embargo, el inciso segundo de la norma citada añade que el conocimiento y fallo de las infracciones respecto de las cuales el Ministerio Público requiera una pena no privativa de libertad se sujetará a las reglas del procedimiento simplificado o monitorio, según sea el caso, regulados en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal.

Un primer asunto del que es necesario hacerse cargo es aquél relativo a la procedencia o no del procedimiento abreviado en los hechos en que aparezca involucrada la responsabilidad de un imputado adolescente. La hipótesis que interesa, desde luego, no es la de los concursos de procedimientos a que se refiere el artículo 28 de la Ley N°20.084, ya que es esta misma norma la que establece la procedencia del abreviado respecto de los adultos, ya sea, por la vía de las reglas aplicables a los mayores de edad – inciso primero – o por la vía de la separación de investigaciones – inciso segundo –

Retomando el tema, entonces, como el artículo 27 de la ley no se refiere al procedimiento abreviado algunas resoluciones de tribunales de primera instancia, en algún momento, estimaron que las causas en que el fiscal requiere la imposición de una pena no privativa de libertad deben ser tramitadas conforme a las reglas del procedimiento simplificado o monitorio, según sea el caso. A contrario sensu, el requerimiento de una pena privativa de libertad, esto es, la internación en régimen cerrado o semicerrado, no sería de competencia de los Juzgados de Garantía conforme a esta interpretación sino, por exclusión, de los Tribunales del Juicio Oral en lo Penal. Además del argumento literal, se ha sostenido en apoyo de esta posición que, por la especial situación jurídica de los menores de edad, la imposición de una pena privativa de libertad no puede surgir de su autoincriminación sino sólo como consecuencia de un juicio oral en donde las garantías procesales encuentran su mayor extensión.

El texto original del actual artículo 27 de la Ley N°20.074 estaba contenido en el artículo 34 del Mensaje y ya incorporaba el principio de supletoriedad del Código Procesal Penal, así como también, las referencias a los procedimientos simplificado y monitorio que indica la ley en actual vigencia.

La discusión expresa respecto de la procedencia del procedimiento abreviado vino a presentarse, a propósito del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

En este contexto, la Corporación “Opción” estableció que era conveniente crear un procedimiento breve aplicable a las faltas contempladas en el catálogo infraccional, considerando la posibilidad de aplicarlas a la criminalidad leve en que existiera aceptación de los hechos por parte del adolescente.

Así las cosas, la procedencia de la aceptación del imputado adolescente como mecanismo destinado a evitar la realización del juicio oral no fue un asunto sustancialmente controvertido. El punto es que, la redacción original del actual artículo 27, no se refería en forma expresa al procedimiento abreviado; ello indujo al Grupo de Trabajo a estimar que debía establecerse con claridad cuál sería el procedimiento pertinente, de modo que no quedare imprecisión alguna en esta materia ni tampoco se entregare al Juez esta definición. Con motivo de esta problemática, el Fiscal Nacional de entonces propuso modificar la redacción del artículo, de modo tal, que se indicara en forma expresa que en aquellos casos en que se requiriera una pena no privativa de libertad el procedimiento debía sujetarse a las reglas del procedimiento simplificado. Al mismo tiempo, sugirió incorporar otro inciso en el que se indicara que aquellas infracciones respecto de las cuales se requiriera una pena privativa de libertad, el procedimiento debía regirse conforme a las disposiciones del procedimiento ordinario, a menos que concurrieran los requisitos que hicieren procedente el uso del procedimiento abreviado.

Sin embargo, en el seno del grupo de trabajo de la ley también se discutió acerca de la improcedencia del procedimiento abreviado en aquellos casos en que se requiriera la imposición de una pena privativa de libertad. Al respecto se dijo que, con el fin de resguardar un debido proceso y considerando la existencia de los recursos suficientes para la realización de juicios orales, lo natural era que cuando se discutiera la imposición de una sanción privativa de libertad, dicha discusión se hiciera ante un Tribunal Oral en lo Penal. Para ello, incluso, se propuso agregar el siguiente inciso:

“Si el fiscal solicita como pena una sanción privativa de libertad, el caso deberá ser resuelto en juicio oral”.

El caso es que esta redacción, finalmente, fue desechada y se resolvió establecer como norma general la aplicación preferente de la ley N°20.074 y, supletoriamente, las normas del Código Procesal Penal.

En consecuencia, de lo anterior se concluye que, a falta de regulación expresa en la ley especial, en aquellos casos en que se solicite la imposición de una pena privativa de libertad habrá de aplicarse en forma supletoria el Código Procesal Penal. Ello nos conduce a la aplicación del procedimiento ordinario del Libro II de este Código y, de concurrir los requisitos legales, también a la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado.

Si bien, en principio, nadie discute la procedencia de las normas del procedimiento penal ordinario para el caso de solicitar el fiscal la imposición de una pena privativa de libertad, sí se hace cuestión respecto de la posibilidad de concluir el proceso mediante un procedimiento abreviado.

Además de las razones contenidas en la historia de la ley a las que ya me he referido, no se advierte razón alguna para estimar la improcedencia del procedimiento abreviado. Por el contrario, cerrar la puerta a este procedimiento especial podría ocasionar una discriminación en perjuicio de los adolescentes, ya que los adultos que sí pueden optar por esta tramitación, no obstante la diversa naturaleza de la pena aplicable, podrían acceder a una sanción de menor intensidad real producto de las negociaciones propias de este procedimiento. Por estas mismas consideraciones, los jueces del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal pueden imponer una pena de mayor intensidad al adolescente pues, en este caso, no rige como límite la pena solicitada por el fiscal como sí ocurre en el procedimiento abreviado.

Un segundo problema que se ha planteado a propósito del procedimiento abreviado en el marco de la vigencia de la Ley N°20.084 es el relativo a la solicitud del fiscal de una pena privativa de libertad inferior a los 541 días.

El Ministro Rodrigo Cerda ha planteado que, al ser el artículo 388 del Código Procesal Penal supletorio del artículo 27 inciso 2° de la Ley N°20.084, si el fiscal requiere una pena cuyo quantum es inferior a 540 días, debe primar la norma supletoria, con lo que, tal solicitud deberá tramitarse conforme a las normas del procedimiento simplificado.

En apoyo de esta posición sostiene que, el juicio oral simplificado, satisface las exigencias de un justo y racional procedimiento; y, por otra parte, de aceptarse responsabilidad en los hechos del requerimiento, el imputado adolescente se vería beneficiado con el límite menor de pena requerida por el Ministerio Público.

Sin embargo, en mi opinión existen, a lo menos, tres razones para discrepar de la opinión del distinguido colega.

En primer lugar, el sistema de penas establecido por la Ley N°20.084 difiere sustancialmente del régimen vigente para los adultos. Si bien es cierto, el artículo 21 de la referida ley, establece que la base inicial de la determinación de la pena aplicable a un adolescente resulta de la misma susceptible de haber sido aplicada a un adulto, éste sólo constituye el primer paso a seguir, pues, a continuación, se debe realizar la rebaja en grado del artículo 21 y, finalmente, determinar las penas consignadas en el artículo 23 conforme a los criterios establecidos en el artículo 24. De lo anterior se colige que, la determinación del quantum de la pena de un adolescente, no está delimitada, necesariamente, por la pena inicial calculada para un adulto.

En otras palabras, si, por ejemplo, la pena calculada antes de la aplicación del artículo 23 de la Ley es la de 540 días de presidio, al imponer, luego, alguna de las sanciones previstas para un adolescente dentro de las alternativas contenidas en el aludido artículo 23 el tope de la misma no será, necesariamente, los 540 días, ya que estos son meramente referenciales para la selección de la sanción específica y, en definitiva, habrá que atender a los límites especiales contenidos en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para precisar su extensión. Así, por ejemplo, si la pena inicial resultante es 540 días de reclusión, sería posible, no obstante, imponer una pena de internación en régimen semicerrado de dos años, ya que, el límite superior de la misma, la establece el legislador en el artículo 18 de la ley – 5 ó 10 años, según corresponda –

Es por esta misma razón que no existe impedimento alguno para condenar a un imputado adolescente a una pena no privativa de libertad, por ejemplo de tres años de libertad asistida especial, en procedimiento simplificado. En este caso, nadie cuestiona que la duración de la misma sea superior a 540 días.

Probablemente, con la finalidad de simplificar el sistema, lo habitual es que los fiscales del Ministerio Público no tengan en cuenta esta consideración y se limiten a solicitar una pena para un adolescente conforme al mismo quantum resultante del cálculo previo para un adulto. Eso, naturalmente, constituye un límite para el tribunal, pero no significa que, jurídicamente, exista una equivalencia entre la determinación del quantum de la pena de un adolescente y un adulto.

Así las cosas, parece erróneo centrar el debate del procedimiento a aplicar con motivo de la Ley N°20.084 en el quantum de la pena final, pues, según se desprende de lo señalado, la distinción sólo debe ser realizada, a propósito de la naturaleza de la sanción, esto es, si es o no privativa de libertad.

En segundo lugar, consta fehacientemente de la historia fidedigna de la ley que, en ningún momento, el legislador consideró aplicar a las solicitudes de imposición de penas privativas de libertad las reglas del procedimiento simplificado. Por el contrario, en estos casos, la discusión parlamentaria siempre se centró en el cuestionamiento a aquél y en la necesidad de aplicar, en su remplazo, el procedimiento ordinario, a fin de garantizar de mejor forma los derechos del imputado que arriesga una pena de mayor intensidad.

Por lo mismo, y en tercer lugar, el argumento en cuanto a que resultaría más conveniente la aplicación del procedimiento simplificado, porque éste puede ser más beneficioso para el adolescente que enfrentar un posible juicio oral simplificado, no tiene sustento en definitiva, si recordamos que la aplicación del procedimiento ordinario no excluye la posible aplicación del procedimiento abreviado. En tales circunstancias, entonces, la ventaja descrita en cuanto a la rebaja de pena derivada de la negociación resultante del procedimiento simplificado, también puede conseguirse por la vía del procedimiento abreviado.



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