jueves, 15 de marzo de 2012

Efectos penales de los acuerdos reparatorios incumplidos. Una evolución ambigua.

                            
El artículo 242 del Código Procesal Penal dispone que “una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio o garantizadas debidamente a satisfacción de la víctima, el tribunal dictará sobreseimiento definitivo, total o parcial, en la causa, con lo que se extinguirá, total o parcialmente, la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado”.

Ahora bien, resultaría interesante preguntarnos lo siguiente: ¿Y qué sucede con el proceso penal si el imputado no cumple con la o las prestaciones convenidas en el acuerdo reparatorio?

La cuestión no es novedosa, ya que el propio Fiscal Nacional en funciones a la época de la tramitación legislativa de la norma legal señalada, “observó un vacío”, ya que en el proyecto del Código no se regulaba “la situación que se produce cuando los acuerdos reparatorios no se cumplen” (1) (Pfeffer Urquiaga, Emilio, Código Procesal Penal Anotado y Concordado. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001; pág.257)

Este supuesto vacío fue llenado; no en el texto de la ley, pero si en la historia fidedigna de su establecimiento, cuando, a propósito de la tramitación del artículo 242, el Senado dejó constancia de que, la falta de ejecución del acuerdo no hace revivir la acción penal, la cual ya se extinguió, estimándose innecesario señalarlo de modo expreso en la ley por provenir dicha extinción de una resolución, la que aprueba el acuerdo, que se encontrará firme (2) (Pfeffer Urquiaga, Emilio; obra citada; Pág.258)

Esta precisión hacía mucho sentido para el legislador original, ya que, si bien, la otra salida alternativa que considera el Código Procesal Penal – la suspensión condicional del procedimiento – siempre contempló, expresamente, para el caso de incumplimiento de las condiciones impuestas al imputado, la revocación de la suspensión y la reactivación del proceso penal en su contra. Por el contrario, la lógica procesal del acuerdo reparatorio es bien distinta a la de la suspensión condicional. En efecto, mientras este último es un mecanismo de paralización del proceso penal sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, a partir del cual, subyace el término del conflicto penal, los acuerdos reparatorios implican la ampliación de las formas ya existentes en nuestro ordenamiento jurídico de privatización de la persecución penal. (3) (Maturana Miquel, Cristián y Montero López Ráúl; Derecho Procesal Penal, Tomo II; Editorial AbeledoPerrot, Santiago de Chile, 2010, pág.637)

Así las cosas, en el acuerdo reparatorio el arreglo civil reemplaza a la persecución penal que se extingue, con lo que, en caso de incumpliendo de la prestación debida, no habría más que exigir su cumplimento civil, porque en materia penal nada más quedaría por hacer.

En consecuencia, bajo la redacción original del artículo 242 del Código Procesal Penal, parece claro que la intención del legislador fue otorgarle un tratamiento diferenciado a los acuerdos reparatorios, de modo que, su incumplimiento, en modo alguno tendría el mérito de revivir el proceso penal.

Así lo entendió la doctrina en forma unánime. Por ejemplo, la profesora María Inés Horvitz ni siquiera se refiere al punto, limitándose a trascribir el texto primitivo del artículo 242, de lo que, presumo, hace suya el alcance interpretativo que ya he señalado. (4) (Horvitz Lennon, María Inés; López Masle, Julián. Derecho Procesal Chileno, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2002, pág.575)

Sin embargo, dejo planteado, desde ya, que no han existido nuevas actualizaciones del trabajo de la profesora Horvitz y la norma del artículo 242 tuvo una significativa modificación posterior de la que me haré cargo en unos momentos más.

La jurisprudencia de los tribunales superiores ha mantenido la misma línea descrita en cuanto a declarar la imposibilidad de revivir un proceso penal en el que ha existido un acuerdo reparatorio con prestaciones incumplidas. Así lo estableció, por ejemplo, La Corte de Apelaciones de Valdivia en el año 2008 cuando resolvió que “a diferencia de la suspensión condicional del procedimiento en la cual existe una norma expresa en el evento de incumplimiento sin justificación, grave o reiterada de las condiciones impuestas que permite su revocación, la ley no contempla la situación de la revocación del acuerdo reparatorio”. La resolución añade que ”el acuerdo se produce entre la víctima e imputado, por lo tanto el incumplimiento de aquel por parte de este último facultará a la víctima para exigir su cumplimiento por la vía civil, como lo permite el Código Procesal Penal, sin que esté permitido al Ministerio Público pedir la reanudación o continuar un procedimiento que ya se agotó por haberse llegado a un acuerdo reparatorio y sólo le cabe cumplir con la obligación que el Código le asigna en el artículo 246 y no otra” (5) (Corte de Apelaciones de Valdivia. Resolución de 26 de mayo de 2008; Rol IC N°163-2008)

Un fallo posterior de la misma Corte de Valdivia llega a la misma conclusión al revocar una resolución de un juez de garantía que había decidido dejar sin efecto un acuerdo reparatorio incumplido por el imputado. La Corte razona de la siguiente manera:
“Una vez prestada la aceptación por el Magistrado, el acuerdo reparatorio produce efectos penales y civiles. Penales, pues si se cumplen las obligaciones contraídas por el imputado, se debe dictar sobreseimiento definitivo, total o parcial, en la causa, con lo que se extinguirá, total o parcialmente, la responsabilidad del imputado que lo hubiera celebrado. Pero si se incumple el acuerdo reparatorio por el imputado, es improcedente dictar el aludido sobreseimiento, y por consiguiente no se extingue su responsabilidad penal. Civiles, dado que ejecutoriada la resolución judicial que aprueba el acuerdo reparatorio, podrá solicitarse su cumplimiento ante el Juez de garantía con arreglo a lo establecido en los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. De lo antes consignado se demuestra palpablemente que una vez aprobado el acuerdo reparatorio por el Juez, nace en beneficio de la víctima una acción civil o crédito civil respecto del imputado, por lo cual si el imputado no cumple oportunamente con el pago acordado, el afectado puede pedir su cumplimiento ante el Juez de Garantía, de acuerdo a la normativa que contempla el Código de Procedimiento Civil. Por lo señalado no ha podido el Juez a Quo revocar el acuerdo reparatorio ya aprobado por él, pues altera una situación jurídica expresamente ordenada en la normativa legal, en orden a que en base al acuerdo reparatorio preexistente puede la víctima obtener el pago acordado ente el evento que el imputado no cumpla oportunamente”. (6) (7) (Corte de Apelaciones de Valdivia. Resolución de 21 de enero de 2009; Rol IC N°5-2009 REF) (En el mismo sentido, sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de 20 de marzo de 2009, Rol IC N°101-2009)

Lo interesante de todo esto es que, tal como veremos a continuación, los fundamentos de las Cortes mencionadas para rechazar la reanudación del proceso penal son, básicamente, los mismos esgrimidos por el Senado y la doctrina al referirse a la redacción primitiva del artículo 242 del Código Procesal Penal, no obstante que, este articulo fue modificado por la Ley N°20.074 de 14 de noviembre de 2005, modificación que, a mi juicio, sentó las bases para realizar, aparentemente, la interpretación opuesta. Será la historia fidedigna de la ley la que, nuevamente, nos dará luces sobre el asunto planteado. Veamos.

Consecuente con la interpretación inicial que ya se ha indicado, el primitivo artículo 242 del Código Procesal Penal disponía lo siguiente: “Efectos penales del acuerdo reparatorio. Junto con aprobar el acuerdo reparatorio propuesto, el tribunal dictará sobreseimiento definitivo, total o parcial, en la causa, con lo que se extinguirá, total o parcialmente, la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado”.

La Ley N°20.074 que entró en vigencia en 2005 tuvo por finalidad, según reza el propio mensaje del ejecutivo, “evitar zonas de impunidad en la persecución criminal y corregir errores normativos que han ido quedando en evidencia con la gradual entrada en vigencia de la reforma procesal penal” (8) (Historia de la Ley N°20.074; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Pág. 5)

No obstante lo anterior, el proyecto del ejecutivo no contemplaba modificación alguna en materia de acuerdos reparatorios. Esta innovación surgió en el Senado a raíz de tres indicaciones de los senadores Espina, Zaldivar y Viera Gallo. Será este último quien propondrá una nueva redacción para el artículo 242, coincidiendo con el senador Zaldivar en que ella se justifica “en la necesidad de velar por el cumplimiento de los acuerdos reparatorios, especialmente, cuando benefician a personas de escasos recursos”. Cerrado el debate, la nueva redacción del artículo 242 fue aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión de Constitución. (9) (Historia de la Ley N°20.074; Biblioteca del Congreso Nacional; Segundo Informe Comisión Constitución; pág. 174)

La actual redacción del artículo 242 del Código Procesal Penal quedaría afinada más tarde por el propio Senado. Sin embargo, se decidió, a proposición del diputado Burgos, modificar, además, el inciso final del artículo 247 del mismo Código para establecer que el plazo de dos años que esa norma establece para el cierre de la investigación, debe entenderse suspendido entre la fecha en que se celebró el acuerdo reparatorio y la fecha en que se cumplieren las obligaciones pactadas o se otorgaren las correspondientes garantías a satisfacción de la víctima. (10) (Historia de la Ley N°20.074; Biblioteca del Congreso Nacional; Primer Informe Comisión Constitución; pág. 356)

Fue así como, finalmente, el artículo 26 de la Ley N°20.074 dispuso lo siguiente: “Reemplácese en el artículo 242, la oración: “junto con aprobar el acuerdo reparatorio propuesto”, por la siguiente: “una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado en el acuerdo reparatorio o garantizadas debidamente a satisfacción de la víctima”.

He aquí, pues, el estado actual de la cuestión. Entonces, ¿Podremos seguir sosteniendo como antes que la voluntad del legislador ha sido que el incumplimiento de las prestaciones propias de un acuerdo reparatorio en caso alguno autoriza la reanudación del proceso penal? Desde luego que hoy la respuesta no es categórica. En efecto, me parece que la modificación al artículo 242, lejos de mejorar su redacción, la empeoró, ya que por lo menos antes no cabía duda alguna de la improcedencia de la reanudación del proceso penal y eso, ahora, no es tan cierto. ¿Cómo así?

Si la voluntad explícita del legislador fue modificar el artículo 242 para proteger a las víctimas de acuerdos reparatorios no cumplidos ¿por qué se le impide ahora al juez de garantía sobreseer la causa de forma inmediata – como antes – exigiéndole, primero, que las prestaciones estén cumplidas o garantizadas debidamente a satisfacción de la víctima? Aún más, ¿por qué se modificó el inciso final del artículo 247 del Código Procesal Penal para suspender el plazo legal de cierre de la investigación desde que se alcance un acuerdo reparatorio hasta el cumplimiento de las obligaciones contraídas o hasta que se garantice su cumplimiento a la víctima? Es evidente que las modificaciones mencionadas tienen por finalidad dejar subsistente la acción penal hasta que no se cumplan o garanticen las prestaciones debidas; no como antes, en que la sola aprobación del acuerdo reparatorio extinguía de inmediato la responsabilidad penal del imputado. Entonces, ¿para qué dejar subsistente la acción penal respecto de un imputado que arribó a un acuerdo reparatorio si no podrá ser juzgado penalmente en caso de incumplimiento?

En el mismo sentido, si la voluntad del legislador de 2005 hubiere sido mantener y potenciar la sola ejecución del crédito civil como única solución a un acuerdo reparatorio incumplido, las modificaciones introducidas por la Ley N°20.074 serían francamente absurdas, pues en nada obstan a la exigibilidad de la acción civil de la víctima.

En consecuencia, me parece que la única interpretación armónica posible es aquella, según la cual, el legislador de 2005 habría querido supeditar el sobreseimiento definitivo de la causa al cumplimiento o a la garantía suficiente de su cumplimiento para que, en caso contrario, la víctima pueda instar la reanudación del proceso penal, sin perjuicio de las acciones civiles que correspondieren. El problema es que el legislador no lo dijo de modo expreso – como sí lo hizo desde siempre para la suspensión condicional del procedimiento – y esto ha generado toda suerte de confusiones, azuzadas por la interpretación primitiva del artículo 242 que nadie discutía antes de la entrada en vigencia de la Ley N°20.074;

Casos como el propuesto creo que justificarían una precisión legislativa, ya que afectan seriamente la certeza jurídica y los eventuales derechos de las víctimas de delitos. La justificación se hace especialmente necesaria en este caso, ya que el actual estado confuso de la cuestión ha sido responsabilidad exclusiva del legislador.

Con todo esto, resulta imposible que no se me venga a la memoria una aguda y amplia entrevista realizada en el mes de enero de 2012 al destacado profesor de la PUCV, Dr. Alejandro Guzmán Brito, en la que fustigó: “La legislación chilena desde hace muchos años ha ido descendiendo en calidad técnica. Esto se debe a que en el Congreso, si bien hay muchos parlamentarios abogados, de tales algunos sólo tienen el título; y, por otro lado, el resto no conoce el arte de legislar e ignora el derecho. Entonces, salen unas leyes muy deficientes técnicamente, que empeoran los problemas pues son fuente inagotable de litigios” (11) (Revista DerechoPucv; Escuela de Derecho PUCV N°10, Enero de 2012, Pág.8)



martes, 6 de marzo de 2012

Normas sobre competencia en el proceso penal


En esta oportunidad he querido sistematizar las diferentes modificaciones introducidas a la temática de la competencia luego que la entrada en vigor del Código Procesal Penal y las últimas modificaciones al Código Orgánico de Tribunales alteraran profundamente el sistema tradicional. Con este propósito, es necesario, además, hacerse cargo de la normativa adecuatoria contenida en autos acordados de la Corte Suprema y realizar una lectura del nuevo proceso penal a la luz de los conceptos clásicos de competencia absoluta y relativa. A la denominada competencia específica ya me he referido anteriormente en este blog, por lo que, en cuanto a ella me remito a lo dicho. Sin embargo, el lector interesado puede buscar en el historial. Pues bien; comencemos.

1.- Concepto Genérico de Competencia

El término competencia tiene su origen etimológico en el latín competere que significa corresponder o pertenecer. A su turno y, desde un punto de vista jurídico, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española precisa que la competencia es la atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto. Así las cosas, podemos sostener que la competencia es el poder y deber que tiene cada tribunal para resolver, con efecto de cosa juzgada y en forma exclusiva y excluyente, los conflictos jurídicos relevantes sometidos a su conocimiento. En los términos sostenidos por Carnelutti en su libro Sistema de Derecho Procesal Civil diremos, además, que la competencia es la extensión de poder que pertenece o corresponde a cada juez en comparación con los demás.

La Jurisdicción constituye el poder-deber del Estado de administrar justicia y su carácter es indivisible. Sin embargo, dada la extensión territorial de los Estados y la multiplicidad de conflictos jurídicos que han de conocer los tribunales se hace necesario entregar a cada juez el conocimiento específico de un asunto sin que otro magistrado pueda entrar al conocimiento de aquél una vez que la causa ya se radicó en el primero. Por eso decimos que la competencia es exclusiva de un juez y excluyente respecto de cualquier otro.

Por su parte, el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales define la competencia señalando que es “la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”.

A esta definición legal habrá que añadir que la competencia no sólo es una facultad del Estado, pues como la jurisdicción, constituye también una obligación de éste conforme el principio de inexcusabilidad contenido en el artículo 76 inciso 2° de la Constitución y en el artículo 10 inciso 2° del Código Orgánico de Tribunales.

Se ha cuestionado, asimismo, la definición del artículo 108 porque sólo se refiere al momento jurisdiccional del conocimiento, omitiendo la fase de juzgamiento y de ejecución. Este es el motivo que nos ha llevado a proponer una definición propia que incorpore, además, las nociones de “resolver con efecto de cosa juzgada. Recordemos que uno de los efectos de la cosa juzgada es precisamente la ejecución de las resoluciones firmes y ejecutoriadas.

El último reparo que merece la definición de competencia proporcionada por el artículo 108 citado radica en que la atribución de competencia a un cierto juez, en sentido estricto, no sólo puede emanar de la ley. En efecto, la competencia de un juez puede también emanar de la voluntad de las partes como en la prórroga de competencia y en la cláusula compromisoria; del mismo modo, puede también provenir de otro juez, como por ejemplo, cuando un tribunal superior de justicia resuelve una contienda de competencia y asigna el conflicto a un juez que originalmente se consideró incompetente para conocer de él.

Fijado de esta manera el marco conceptual del término competencia analicemos a continuación el sistema jurídico en actual vigencia en materia penal respecto de los tres ámbitos del asunto en estudio, a saber: a) competencia absoluta; b) competencia relativa; y c) competencia específica.

2.- La Competencia Absoluta



2.1.- Concepto

La competencia absoluta es el conjunto de reglas jurídicas que determinan la clase y la jerarquía del tribunal que, según la ley, debe conocer de un determinado conflicto de relevancia jurídica. Conforme a estas reglas podremos determinar si el tribunal que debe conocer es uno ordinario, especial o arbitral y, si entre estos existen tribunales de diversa graduación o jerarquía, conforme a estas mismas reglas se podrá precisar con exactitud cuál de estos tribunales habrá de conocer del asunto. Estas normas sobre competencia absoluta se encuentran dispersas en la Constitución Política de la República, en los artículos 115 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y en diversas otras leyes especiales.

2.2.- Factores o Elementos de la Competencia Absoluta

En el derecho nacional son tres los elementos que determinan la competencia absoluta. En otras palabras, para precisar si un tribunal tiene o no competencia absoluta debe atenderse a los siguientes tres factores: a) materia; b) fuero; y c) cuantía.

2.2.1.- La Materia

La materia constituye el elemento más importante y de mayor aplicación práctica en lo que dice relación a la competencia absoluta. El profesor Fernando Alessandri en su ya clásico Curso de Derecho Procesal señala que la materia es la naturaleza del asunto sometido al conocimiento del tribunal. Es así como, por ejemplo, existen tribunales cuya competencia abarca únicamente la materia civil, otros, la penal, otros la laboral, etc. Lo relevante del factor en estudio es que él nos permitirá precisar con exactitud si el conocimiento de un determinado conflicto de intereses corresponde a un tribunal ordinario, especial o arbitral.

Una vez determinada la clase de tribunal competente, si entre estos tribunales hubiere de diferente jerarquía, la materia nos indicará, además, cuál de estos es el que conocerá del asunto. Por ejemplo, un tribunal de garantía de Santiago y la Corte de Apelaciones de esta misma ciudad son tribunales ordinarios de diferente jerarquía. Conforme al factor materia, entonces, será posible precisar que el conocimiento inicial de las diligencias intrusivas referidas a una investigación criminal corresponde al primero, no al segundo.

El análisis del factor materia presume, pues, analizar la gran variedad de normas legales que establecen la competencia absoluta de un tribunal en razón de la naturaleza del litigio. A vía de ejemplo y sólo para contextualizar el tema en estudio señalaremos algunas de estas variadas normas:

- Los conflictos penales son de competencia de los juzgados de garantía y de los tribunales del juicio oral en lo penal. (Artículos 14 y 18 del Código Orgánico de Tribunales)

- En general, todas las cuestiones concernientes al derecho de familia (matrimonio, hijos, bienes) son de competencia de los tribunales de familia (Artículo 8 de la ley N°19.968 sobre tribunales de familia) con excepción de las facultades cautelares especiales de los juzgados de garantía respecto de los actos de violencia intrafamiliar y del juzgamiento de hechos subsumibles dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

- Las causas civiles y de comercio y los asuntos judiciales no contenciosos son de competencia de los juzgados de letras. (Artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales)

- La acción de protección de las garantías constitucionales (conocido como recurso de protección) es de competencia de la Corte de Apelaciones dentro de cuyo territorio se hubiere cometido el acto estimado arbitrario o ilegal. (Artículo 63 letra b) del Código Orgánico Tribunales)

En síntesis, como el factor materia se relaciona a la naturaleza de la pretensión procesal deducida en juicio respecto de un derecho sustantivo supuestamente infringido, no exiten innovaciones legales que comentar en el ámbito procesal penal.

2.2.2.- El Fuero. Un Factor en Declinación



2.2.2.1.- Planteamiento del Problema

El fuero es el segundo factor que establece la competencia absoluta y consiste en la determinación que hace la ley de un tribunal competente diverso al que debiese haber conocido originalmente de un asunto en atención a la dignidad o cargo que ocupa uno o más litigantes en el proceso.

Tradicionalmente se decía que el propósito del legislador no había sido establecer normas procesales de carácter discriminatorio, sino que por el contrario, buscar mediante el fuero proteger los intereses del litigante que ha de enfrentarse a una persona que ocupa un cargo relevante a fin de que exista total certeza en el sentido que el tribunal que conozca del asunto no pueda sentirse intimidado o influenciado por la condición o dignidad del litigante con fuero. Es por tal razón que la consecuencia directa de éste es hacer siempre competente para conocer del proceso a un tribunal de mayor jerarquía o rango.

En necesario señalar, sin embargo, que en el derecho moderno la tendencia es hacia la desaparición de este factor, pues se ha entendido que la democratización de los Estados también debe proyectarse en los sistemas judiciales. Se considera, pues, que los tribunales ordinarios deben ser capaces por si solos de resolver cualquier tipo de conflicto, al margen de la condición que detenten los litigantes. Ello se materializa claramente hoy en Chile en el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, como veremos enseguida.

2.2.2.2.- El Fuero en Materia Penal

El antiguo artículo 50 N°2 del Código Orgánico de Tribunales hacía competente a un Ministro de Corte de Apelaciones para conocer las causas civiles y penales por crímenes o simples delitos en las que fueren parte o tuvieren interés alguna de las personas dotadas del denominado fuero mayor.

Con la promulgación de la ley N°19.696 que estableció el texto del Código Procesal Penal desapareció la referencia a la competencia penal de un Ministro de Corte de Apelaciones, pues las facultades de investigación que éste tuvo antiguamente conociendo de los sumarios del sistema inquisitivo hoy las ejerce el ministerio público. En consecuencia, la nueva normativa procesal no mantuvo el fuero en materia penal, al menos no en la forma en que fue concebido originalmente. En su reemplazo existe un procedimiento especial ante la Corte de Apelaciones para desaforar a senadores, diputados, intendentes o gobernadores que hubieren cometido un delito. Sin embargo, una vez cumplido este trámite el conocimiento del asunto corresponde al ministerio público y a los juzgados de garantía y del juicio oral en lo penal, según corresponda, conforme a las reglas generales.

Lo mismo ocurre respecto del procedimiento previo denominado querella de capítulos para hacer efectiva la responsabilidad criminal de jueces, fiscales judiciales y fiscales del ministerio público; en este caso, una vez cumplido el trámite, el conocimiento del asunto también se tramita conforme a las reglas generales aplicables a cualquier tipo de persona. (Artículos 416 y siguientes y 424 y siguientes del Código Procesal Penal)

En el caso de los senadores, diputados, intendentes, gobernadores, jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público se dispone en los artículos 417 y 426 del Código Procesal Penal que en el caso de ser detenidos en delito flagrante, el fiscal del ministerio público a cargo del procedimiento deberá ponerlos inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, se remitirá la copia del registro de las diligencias que se hubieren practicado y que fueren conducentes para resolver el asunto. Estas disposiciones, por lo demás, son concordantes con lo dispuesto en los artículos 81, 90 y 124 inciso 3° de la Constitución Política de la República.

Es bueno precisar que de la lectura de las disposiciones citadas y del contexto normativo en que ellas se ubican no cabe la menor duda que la puesta a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva en modo alguno tiene relación con algún tipo de competencia extraordinaria entregada a la Corte. Recordemos que las reglas sobre competencia absoluta son de orden público y no existe norma jurídica alguna que faculte a las Cortes de Apelaciones para intervenir jurisdiccionalmente en la génesis de un proceso penal. Es evidente, entonces, que estas disposiciones en caso alguno tienen por objeto brindar un tratamiento particular a estos imputados especiales. En otras palabras, las normas transcritas no pueden ser interpretadas en el sentido que una Corte de Apelaciones tenga facultades legales para investigar, controlar la detención, fijar medidas cautelares o atribuirse facultades propias del ministerio público o de los tribunales de garantía o del juicio oral en lo penal.

En cuanto a la detención por delito flagrante en los casos analizados resulta clarificador el planteamiento de J. Cristóbal Núñez Vásquez en su Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral en el que sostiene que el fiscal del ministerio público ha de poner a disposición de la Corte de Apelaciones al senador, diputado, intendente o gobernador que ha cometido delito flagrante con el único propósito que la Corte se pronuncie acerca de si ha o no lugar a formación de causa en contra del aforado arrestado. (Procedimiento de desafuero)

En el caso de los jueces, fiscales judiciales y fiscales del ministerio público, añade, a partir del estudio de la historia fidedigna del establecimiento de la ley es posible sostener que la norma del artículo 426 del Código Procesal Penal sólo tiene lugar en el evento que alguna de esta personas sea sorprendida en flagrancia de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones. (Prevaricación, en sentido amplio) En este caso, el fiscal a cargo del procedimiento debe poner al imputado a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta se pronuncie sobre la admisibilidad de los capítulos de la imputación (querella de capítulos) y sólo si alguno de ellos es declarado admisible podrá proceder a la investigación del hecho punible conforme las reglas pertinentes. Conforme a este criterio, sin embargo, las normas especiales que rigen la querella de capítulos no son aplicables a los delitos comunes que cometan los personeros aludidos, los cuales están sometidos a la normativa procesal penal general.

Así las cosas, el factor fuero hoy es prácticamente irrelevante en materia penal, por lo menos, en la forma en que fue concebido por el legislador del antiguo Código de Procedimiento Penal. Ello, porque el conocimiento de los procesos en que aparecen imputadas personas provistas de algún tipo de fuero, en definitiva, se tramita ante los tribunales ordinarios y, el único tratamiento especial que aún mantienen, dice relación con el ante juicio del desafuero o la querella de capítulos, según corresponda.

2.2.3.- La Cuantía



2.2.3.1.- Concepto

En términos amplios, el factor cuantía consiste en precisar la importancia o envergadura del conflicto jurídico que debe resolver el tribunal. Este factor de la competencia absoluta tiene un origen claramente pecuniario por lo que en materia civil bien podemos sostener que la cuantía es el valor del conflicto objeto del proceso o la apreciación económica de la pretensión procesal entregada al conocimiento del tribunal.

En materia penal, en cambio, la cuantía no tiene un fundamento económico, pues ésta se determina en base a la pena que arriesga el imputado conforme a la sanción descrita en el tipo penal supuestamente infringido.

2.2.3.2.- Importancia Actual del Factor Cuantía

Tradicionalmente la cuantía ha sido el factor más importante en la determinación de la competencia absoluta de los tribunales ordinarios, pues dependiendo del valor o magnitud de lo disputado la ley entrega el conocimiento del caso a uno u a otro. Esta importancia comenzó a declinar, particularmente en materia civil, con la profesionalización de la justicia que condujo a la creación de diversos tribunales especiales en razón de la naturaleza de la pretensión, pero con prescindencia del factor cuantía. Esta pérdida de importancia también se relaciona con la supresión de los antiguos juzgados de menor cuantía así como de los de subdelegación y distrito que fueron competentes para conocer de asuntos de una cuantía pequeña. En este sentido, la regla general hoy es que todos los asuntos civiles, comerciales y actos judiciales no contenciosos son conocidos por los jueces de letras.

La relevancia de este elemento aún subsiste en materias ajenas a la competencia propiamente tal; por ejemplo, la cuantía del juicio fija la procedencia o no de ciertos recursos procesales, en particular el de apelación, ya que existen tribunales que conocen en única o primera instancia. Asimismo, la cuantía determina el tipo de procedimiento penal, ya que, por ejemplo, dependiendo de la pena asociada a un delito determinado la sentencia definitiva puede ser pronunciada en el contexto de un procedimiento monitorio, simplificado, abreviado o de un juicio oral propiamente tal.

2.2.3.3.- La Cuantía en Materia Penal

A diferencia de lo que sucede en materia civil el factor cuantía sí interviene para fijar la competencia absoluta de los jueces penales. Se debe tener presente, no obstante, que las reglas civiles generales no tienen aplicación alguna en materia penal, porque en ésta la cuantía se determina por la pena que el hecho punible lleva consigo. (Artículo 115 inciso 2° del Código Orgánico de Tribunales)

Las penas a que se refiere esta norma pueden ser de crimen, simple delito o de falta. (Artículo 21 del Código Penal) Los crímenes son aquellos delitos que llevan asociada una pena de mayor entidad que al ser privativa de libertad supera los cinco años y un día de reclusión o presidio. Los simples delitos son aquellos que llevan asociada una pena de menor entidad que cuando es privativa de libertad oscila entre sesenta y un días y cinco años de presidio o reclusión. Las faltas, por su parte, se encuentran asociadas a infracciones de menor entidad y, en tanto penas principales, implican la pena de uno a sesenta días de prisión o multa.

La cuantía de la pena, esto es, la pena solicitada por el querellante o el ministerio público, determina la competencia del juez que conocerá de la acusación o requerimiento respectivo. Así las cosas, será competente para conocer de los procedimientos monitorio, simplificado y abreviado el juzgado de garantía respectivo. En cambio, será competente para conocer del juicio oral, propiamente tal, el tribunal del juicio oral en lo penal.

En el procedimiento monitorio el fiscal del ministerio público únicamente pide al juez la imposición de una pena de multa. (Artículo 392 del Código Procesal Penal); en el procedimiento simplificado, por el contrario, el querellante o el fiscal del ministerio público solicitan una pena de falta o de simple delito para el cual se requiere la imposición de una pena que no exceda de presidio o reclusión menores en su grado mínimo. (Artículo 388 del Código Procesal Penal); en el procedimiento abreviado, en cambio, el fiscal requiere la imposición de una pena privativa de libertad de simple delito no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, cualquiera fuera su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas (artículo 406 del Código Procesal Penal); el procedimiento del juicio oral, por último, es procedente en aquellos casos en que la pena solicitada por el fiscal del Ministerio Público constituye una pena de crimen. (Artículo 18 letra a) del Código Orgánico de Tribunales)

No obstante lo señalado en cuanto a la importancia de la cuantía para determinar la competencia penal de jueces de garantía y del juicio oral en lo penal conforme al proceso de especialización que han experimentado los tribunales en el último tiempo, el factor materia es también determinante para asignar parte de dicha competencia penal a otros tribunales que denominaremos especiales. Por ejemplo:

- El artículo 53 de la ley N°19.925 entregó el conocimiento de ciertas infracciones a la ley de alcoholes a los Juzgados de Policía Local.

- El artículo 8 N°10 de la ley N°19.968 otorga competencia a los tribunales de familia para conocer de todos los asuntos en que se impute un hecho punible a niños, niñas, o adolescentes exentos de responsabilidad penal.

3.- La Competencia Relativa



3.1.- Concepto

La competencia relativa es aquella que tiene por finalidad precisar qué tribunal dentro de un tipo o jerarquía debe conocer de un asunto determinado. La existencia de la competencia relativa presume, pues, haberse ya determinado la competencia absoluta.

Sucede, reiteramos, que muchas veces con la sola aplicación de las reglas de competencia absoluta no basta para determinar el tribunal competente, ya que pueden existir varios de ellos que reúnan idénticos requisitos legales. Para resolver este inconveniente deben aplicarse las reglas de la competencia relativa cuyo factor característico es el territorio.

En este mismo orden de ideas, a la competencia relativa también se la ha denominado competencia horizontal, pues determina el tribunal competente entre todos los existentes en un mismo grado o jerarquía.

Cabe señalar, finalmente, que las normas de competencia absoluta son de orden público y, por lo mismo, irrenunciables. Las de competencia relativa, en cambio, pueden ser renunciadas por las partes conforme a la denominada prórroga de competencia, pues aquéllas miran más bien al interés de los litigantes, porque buscan facilitar la tramitación del proceso y el acceso físico al tribunal. Este último aspecto constituye, a no dudarlo, una consecuencia de la garantía constitucional de acceso a la justicia. (Artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República)

3.2.- El Factor de la Competencia Relativa: El Territorio

Para estos fines el territorio es el lugar físico en el que acontece el hecho o se celebra el acto o contrato que la ley procesal toma en consideración para fijar la competencia de un tribunal. Veremos que esta fórmula se manifiesta de diversos modos en la normativa nacional. Así, por ejemplo, en materia penal el artículo 157 inciso 1° del Código Orgánico de Tribunales dispone que será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho que da motivo al juicio; en materia civil, por su lado, la regla general del artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales señala que es juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso, el del domicilio del demandado o interesado, sin perjuicio de las excepciones legales.

Los jueces de primer grado se encuentra distribuidos en todo el territorio físico del país; lo anterior no es una casualidad, pues constituye una consecuencia necesaria de la regla general que ya hemos señalado. A esto se denomina, como vimos, competencia horizontal, ya que se trata de jueces con idéntica competencia absoluta, pero localizados en diferentes lugares del país. (Por ejemplo, un juez de garantía de Calama, Santiago, Rancagua, Puerto Montt o Coihaique)

Al concepto de competencia horizontal se agrega, según la doctrina, el de competencia vertical que resulta de determinar la competencia de los tribunales superiores de justicia también conforme al factor territorio. Estos tribunales no se ubican en todo el territorio nacional; es más, uno de ellos – la Corte Suprema – sólo se sitúa en una ciudad: Santiago.

En síntesis, aplicando el factor territorio para precisar cuál es el tribunal competente de jerarquía inferior, utilizamos las reglas de competencia horizontal que distribuyen la competencia absoluta entre los muchos tribunales existentes en el país. Por el contrario, para fijar la competencia del tribunal superior que conocerá de un recurso deducido en contra de una resolución de un inferior, debemos ascender por la pirámide judicial hasta llegar a la Corte Suprema. A ello llamamos competencia vertical.

3.4.- Reglas de Competencia Relativa en Materia Penal

La mayoría de las reglas tradicionales en esta materia fueron derogadas al implementarse la reforma procesal penal del año 2000, con lo que, la normativa hoy aplicable es bastante más sencilla. Veremos, además, que desde un punto de vista práctico los problemas clásicos producidos en materia de competencia relativa penal al existir pluralidad de delitos en los que aparece involucrado un mismo imputado se simplificaron enormemente a causa de las facultades del ministerio público para separar las investigaciones. Se evita, de este modo, las complejidades y demoras que el antiguo sistema inquisitivo presentaba al acumularse los expedientes. Analicemos, a continuación, las reglas fundamentales:

a) La regla general: es competente para conocer de las gestiones previas a que da lugar la comisión de un delito (entendido en sentido amplio, esto es, crimen, simple delito o falta) el juzgado de garantía en cuyo territorio se hubiese cometido el hecho que da motivo al juicio. (Artículo 157 incisos 1° y 2° del Código Orgánico de Tribunales)

b) El delito se considera cometido en el lugar donde se hubiere dado comienzo a su ejecución. Supongamos, por ejemplo, que una persona es objeto de un secuestro express por parte de un grupo terrorista en la comuna de San Bernardo, pero luego aquélla es trasladada a una casa de seguridad en Rancagua, lugar en el que se le da muerte. El hallazgo del cadáver se realiza en un río adyacente a la ciudad de Talca. En el ejemplo propuesto el juez competente será el de garantía de San Bernardo, porque la conducta delictiva tuvo su origen en esta última comuna. (Artículo 157 inciso 3° del Código Orgánico de Tribunales)

c) Las actuaciones judiciales urgentes necesarias en el contexto de una investigación (Por ejemplo, órdenes de detención o de entrada y registro en lugares cerrados) pueden ser otorgadas por el juez de garantía del lugar donde deban realizarse y, si se sucintare una contienda de competencia entra varios jueces de garantía, mientras ésta no sea resuelta, cada uno de ellos estará facultado para otorgarlas. Sin embargo, de los jueces entre quienes se hubiere suscitado la contienda, aquél en cuyo territorio se encuentren los imputados privados de libertad resolverá sobre su libertad. (Artículos 157 inciso 4° del Código Orgánico de Tribunales con relación al artículo 72 inciso 2° del Código Procesal Penal)

d) Si un mismo imputado comete delitos sometidos al conocimiento de diferentes jueces de garantía el ministerio público conforme a su estrategia de investigación tendrá dos opciones:

d.1) decidir llevar adelante la investigación en forma conjunta de todos los hechos, en cuyo caso será competente para conocer de todos ellos el juez de garantía del lugar de comisión del primero de los hechos investigados; o

d.2) decidir comunicar a los distintos jueces de garantía la separación de las diversas investigaciones, en cuyo caso, cada juez seguirá conociendo en forma aislada del hecho que conocía.

Cabe consignar que de conformidad al artículo 1° de la Ley N°19.640 el ministerio público dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. Teniendo en consideración que las normas de competencia relativa están básicamente establecidas en interés de los litigantes estimamos que un tribunal de garantía no puede en el caso en estudio declararse de oficio incompetente en razón del territorio, pues la decisión en cuanto a la investigación conjunta o separada corresponde en forma exclusiva al ministerio público. Esta es la razón en la que nos fundamos para sostener que hoy ya no existen las complejidades del antiguo sistema inquisitivo en cuanto a la acumulación obligatoria de procesos que muchas veces hacía eterna la investigación al cometerse nuevos ilícitos por parte de algún procesado, pues, en la actualidad generalmente el ministerio público opta por la investigación separada.

e) Los delitos especiales a que se refiere el artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales ( delitos cometidos en el extranjero) serán siempre conocidos por los tribunales de Santiago, léase dependientes de la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal competente será el juzgado de garantía de turno a la fecha de la comisión del hecho punible. (Artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales)

f) Si existen muchos responsables de un delito y entre ellos hubiere imputados sometidos a tribunales militares y otros no, serán competente los primeros para conocer respectos de todos los involucrados en el hecho punible. (Artículo 169 del Código Orgánico de Tribunales).

3.5.- Reglas de Competencia Civil de los Tribunales en lo Criminal

Hemos señalado con motivo de la competencia absoluta y, más precisamente a propósito del factor materia, que los asuntos civiles son ordinariamente de conocimiento de los jueces de letras. Sin embargo, por una cuestión de economía procesal la ley autoriza a los litigantes en ciertos casos para deducir acciones civiles directamente en un proceso penal. Ello facilita la sustanciación de la “acción civil”, pues ésta se somete a trámites simplificados que agilizan la resolución del conflicto y se evita la interposición de una demanda ante el tribunal de competencia civil. Las reglas pertinentes a partir de la vigencia de la reforma procesal penal son las siguientes:

a) La pretensión civil que tiene por objeto únicamente la restitución de la cosa objeto de un delito que ha sido recogida o incautada, debe ser deducida siempre ante el juzgado de garantía que conoce de las gestiones relacionadas al respectivo procedimiento penal. (Artículos 171 inciso 1° del Código Orgánico de Tribunales y 189 del Código Procesal Penal). Esta pretensión restitutoria puede ser ejercida por la víctima o por otra persona y se tramita conforme a las reglas de las reclamaciones o tercerías, esto es:

a.1) La resolución del juez sólo puede limitarse a declarar el derecho del reclamante sobre los objetos, pero no se efectuará la devolución de éstos sino hasta después de concluido el procedimiento, salvo que el tribunal estime necesaria su conservación, en cuyo caso, no se restituirán aún.

a.2) Si se trata de objetos robados, hurtados o estafados se entregarán al legítimo tenedor en cualquier estado del procedimiento una vez comprobado su dominio o tenencia por cualquier medio y establecido su valor.

b) La pretensión civil deducida por la víctima que tiene por objeto la reparación de las consecuencias civiles del hecho punible (indemnización de perjuicios) o cualquiera otra será de competencia exclusiva del tribunal del juicio oral en lo penal.

En efecto, el juez de garantía no tiene competencia más que respecto de las acciones restitutorias, careciendo de facultad legal para resolver otro tipo de pretensiones civiles. Así las cosas, por ejemplo, si en la audiencia de preparación del juicio oral el imputado renuncia a su derecho al juicio oral y opta por la vía del procedimiento abreviado el juez de garantía se encuentra impedido para resolver respecto del ejercicio de la acción civil, pues la aceptación de los hechos y de los antecedentes a que alude el artículo 406 del Código Procesal Penal sólo se refiere al ejercicio de la pretensión penal contenida en la acusación. En el mismo sentido, el juez de garantía no tiene competencia absoluta para conocer de una acción indemnizatoria deducida por el querellante en un procedimiento simplificado. A partir de lo expuesto, además, se desprenden las siguientes consecuencias:

b.1) El ejercicio de cualquier pretensión civil que no sea la restitutoria puede ser deducida en el proceso penal sólo por la víctima del hecho punible y en contra, únicamente, del o los imputados.

b.2) El ejercicio de una pretensión civil no restitutoria por parte de quien no es víctima o dirigida en contra de una persona que no es el imputado sólo puede hacerse valer ante el tribunal civil que fuere competente de acuerdo a las reglas generales.

b.3) Se ha estimado que la acción indemnizatoria civil acogida por el tribunal del juicio oral en lo penal ha de ser ejecutada incidentalmente ante el tribunal de garantía que conoció del auto de apertura del juicio oral o por la vía del juicio ejecutivo u ordinario, según corresponda, ante el tribunal civil competente (regla de ejecución). Sin embargo, el artículo 171 inciso final del Código Orgánico de Tribunales entrega dicha competencia en forma exclusiva a los tribunales civiles.

c) La prueba y resolución de las cuestiones civiles que debe juzgar el tribunal que conoce de los juicios penales se sujeta a las disposiciones del derecho civil. (Artículo 173 inciso final del Código Orgánico de Tribunales). Esta regla constituye una clara referencia a las normas sobre la prueba de las obligaciones a que se refieren los artículos 1698 y siguientes del Código Civil.

d) Siempre que para el juzgamiento de un asunto penal deba existir un pronunciamiento judicial previo de una cuestión civil será competente para resolver de ésta, por regla general, el propio tribunal penal. (Artículo 173 inciso 1° del Código Orgánico de Tribunales).

Lo anterior se relaciona con aquellos procesos en que no resulta posible absolver o condenar a alguien mientras no esté establecido en sede judicial desde un punto de vista sustantivo un cierto asunto de naturaleza civil. Por ejemplo, una operación económica contablemente compleja invocada por el imputado como atenuante de reparar con celo el mal causado en los términos del artículo 11 N°7 del Código Penal. En estos casos, entonces, el propio tribunal penal está facultado para resolver el asunto por ser ésta una manifestación de la regla de extensión consagrada en el artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales.

Estos asuntos civiles, sin embargo, se denominan cuestiones prejudiciales civiles cuando requieren la resolución previa de una cuestión civil de parte de un tribunal que, conforme a la ley, no ejerce competencia penal. En esto casos, se suspende el procedimiento criminal – mediante el sobreseimiento temporal – hasta que dicha cuestión se resuelva por sentencia firme pronunciada por el tribunal con competencia civil. (Artículo 171 inciso 1° del Código Procesal Penal).

En cuanto a esto último, el artículo 173 incisos 2° y 3° del Código Orgánico de Tribunales dispone que las cuestiones sobre validez del matrimonio ( atingentes al delito de bigamia, por ejemplo) y las referentes al estado civil cuya resolución deba servir de antecedente necesario para el fallo de la pretensión penal persecutoria de los delitos de usurpación, ocultación o supresión del estado civil, deben ser resueltas por el tribunal a quien la ley tiene encomendado el conocimiento de ellas, esto es, el tribunal de familia respectivo. Lo mismo ocurre en el caso de las cuestiones sobre cuentas fiscales, sometidas a la competencia de un tribunal especial conforme previene el artículo 117 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.

Otro ejemplo de las denominadas cuestiones prejudiciales civiles lo hayamos en el artículo 174 del Código Orgánico de Tribunales que dispone que si contra la pretensión penal se oponen excepciones perentorias de carácter civil concernientes al dominio u a otro derecho real sobre inmuebles, de ser aquéllas estimadas plausibles, habrán de ser resueltas por el tribunal civil competente, suspendiéndose en tanto, el proceso penal.

3.6.- Reglas Sobre Distribución de Causas

Conforme la aplicación de las reglas de competencia absoluta que hemos analizado es posible determinar la clase o jerarquía de tribunal que debe conocer de un asunto determinado y, por las de competencia relativa, cuál de entre los tribunales de esta clase o jerarquía será el que conocerá específicamente el caso.

No obstante ello, puede suceder que en un mismo territorio existan dos o más tribunales con idéntica competencia absoluta o relativa, razón por la cual, la ley ha establecido las denominadas reglas de distribución de causas que permitirán, en ese evento, determinar con total exactitud el tribunal absoluta y relativamente competente para conocer del asunto respectivo. Por ejemplo, conforme a las reglas de competencia analizadas podemos concluir que una demanda civil por incumplimiento de contrato ha de ser conocido por el juez de letras en lo civil de Santiago. Sucede, sin embargo, que en Santiago existen varios tribunales que reúnen esa condición, con lo que, las reglas en estudio permitirán zanjar el tema y proporcionar el tribunal específico ante quien habremos de presentar la demanda.

Se ha discutido bastante en doctrina si estas reglas de distribución de causas son o no reglas de competencia. Debemos advertir que el tema no es menor, porque si nuestra respuesta es afirmativa, su contravención hace posible oponer la excepción dilatoria de incompetencia y viciar de nulidad lo obrado por el juez que actuó al margen de ellas.

La jurisprudencia, sin embargo, ha sido más o menos consistente en el sentido que la designación de un tribunal determinado conforme a las reglas de distribución de causas no fija la competencia de los jueces, porque constituyen una medida de orden netamente económica dirigida a mejorar la distribución del trabajo de los tribunales que ejercen en un mismo territorio. Así las cosas, el atropello a estas normas no hace incompetente a un tribunal ni tampoco puede viciar de nulidad las actuaciones desarrolladas por éste.

Las reglas generales de distribución de causas se encuentran contenidas, básicamente, entre los artículos 175 a 179 del Código Orgánico de Tribunales y en otras disposiciones anexas. Con todo, en lo concerniente al objeto del presente trabajo si se trata de un asunto penal la distribución de las causas se realiza entre los jueces que conforman un mismo juzgado de garantía o entre las diversas salas que componen un tribunal del juicio oral en lo penal de acuerdo a un procedimiento interno objetivo y general que debe ser anualmente aprobado por el comité de jueces del juzgado o tribunal respectivo a propuesta del juez presidente o sólo por este último si se trata de un juzgado de garantía unipersonal. (Artículos 15, 17 inciso 4° y 175 inciso final del Código Orgánico de Tribunales)

La ejecución de este procedimiento que varía en cada tribunal corresponde al Administrador de éste.

Además, en el caso del área metropolitana que es el único lugar del país en que existen varios juzgados de garantía compuestos, a su vez, por varios jueces, las querellas o las facultades del ministerio público consistentes en el principio de oportunidad (Artículo 170 del Código Procesal Penal) o la facultad de no iniciar investigación (Artículo 168 de ese mismo cuerpo legal) deben ser deducidas directamente ante el juzgado de garantía respectivo, esto es, el del territorio en el que el hecho tuvo principio de ejecución. Para ello, determinadas comunas tienen adscritas en forma exclusiva un juzgado de garantía específico. Sin embargo, por razones de orden administrativo y de operatividad del sistema también se han establecido criterios especiales en la asignación de jueces para las audiencias de control de la detención, independientemente si el juez que la preside pertenece o no al tribunal que debió conocer de ella en razón de su territorio. Esta normativa se encuentra regulada por la Corte Suprema de Justicia por la vía de los autos acordados.