lunes, 26 de diciembre de 2011

¿Qué aplicación tiene hoy la prórroga de la competencia?


Tradicionalmente, la prórroga de la competencia es definida como un acto jurídico procesal de carácter bilateral mediante el cual las partes en un proceso (demandante – demando) convienen en someter la resolución de un conflicto de relevancia jurídica a un tribunal distinto al que ha establecido naturalmente la ley. Supongamos, por ejemplo, que de conformidad a la ley procesal una demanda debiese ser conocida por el primer juzgado civil de Concepción, pero, en definitiva, la conoce el segundo juzgado civil de Copiapó. Si ello ocurre, es por que ha existido prórroga de la competencia del juzgado de Concepción al de Copiapó.

La prórroga se encuentra expresamente reglada en Chile en el Código Orgánico de Tribunales y definida en el artículo 181 de ese cuerpo legal de la siguiente manera: “Un tribunal que no es naturalmente competente para conocer de un determinado asunto, puede llegar a serlo si para ello las partes, expresa o tácitamente, convienen en prorrogarle la competencia para este negocio”.

En el ordenamiento jurídico nacional la prórroga de la competencia tiene cabida, como regla general, sólo con motivo del factor territorio, esto es, respecto de la competencia relativa. Eso significa, entonces, que la prórroga no se aplica a la competencia absoluta y a sus factores que le son propios: el fuero, la materia y la cuantía.

Si bien se ha discutido en doctrina la facultad que tendría el juez a quien se prorroga la competencia para no aceptar esta convención, fundamentándose en la existencia de un juez naturalmente competente ante quien las partes debiesen por obligación concurrir, parece claro, que tal facultad no tendría cabida en el derecho chileno a causa de la regla de inexcusabilidad contenida en el artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales. Recordemos que esta disposición ordena que siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto.

¿Cuáles son las principales características de la prórroga de la competencia? Veamos.

a) Es una convención procesal mediante la cual demandante y demandado alteran ciertas reglas de competencia en los casos expresamente autorizados por la ley.

b) Por tratarse de una convención sólo obliga a quienes concurren expresa o tácitamente con su consentimiento a convenirla. Así lo indica el artículo 185 del Código Orgánico de Tribunales que señala que la prórroga de la competencia sólo surte efecto entre las personas que han concurrido a otorgarla, pero no respecto de otras personas como los fiadores o codeudores.

c) La prórroga de la competencia sólo procede en asuntos contenciosos, pues se trata de un acuerdo entre las partes en el juicio. Así las cosas, no procede en forma alguna en materias no contenciosas (artículo 182 del Código Orgánico de Tribunales)

d) Según lo dispuesto en el artículo 182 del Código Orgánico de Tribunales la prórroga sólo tiene cabida en materia civil, esto es, únicamente opera en asuntos de carácter privado en que no existe de por medio intereses de orden público.

d.1) Situación del derecho procesal de familia de la reforma. Atendida la amplitud de asuntos susceptibles de ser conocidos por los tribunales de familia la regla de competencia relativa (competencia territorial) aplicable en cada caso depende de la naturaleza de la pretensión deducida (artículo 8 de la ley N°19.968 que crea los tribunales de familia). Sin embargo, las normas del derecho de familia (incluidas las procesales) estimamos que son de orden público, razón por la cual, no admiten la prórroga de la competencia.

d.2) Situación del derecho procesal laboral de la reforma. En materia laboral tampoco tiene cabida la prórroga de la competencia, pues acá aparecen involucrados evidentes intereses de orden público que la ley ha querido resguardar. Así se desprende del tenor del artículo 423 de la ley N°20.022 promulgada el 16 de mayo de 2005 que creó los juzgados laborales y los juzgados de cobranza laboral y previsional. Esta norma señala que la determinación de la competencia relativa la realiza el demandante (trabajador) pudiendo optar, a su elección, entre el juez del domicilio del demandado o el del lugar donde se presten o se hayan prestado los servicios. Asimismo, puede interponerse la demanda ante el tribunal del domicilio del demandante, cuando el trabajador haya debido trasladar su residencia con motivo del contrato de trabajo y conste en éste dicha circunstancia.

Si entendemos que esta norma es de carácter irrenunciable, pues está establecida en favor del trabajador, debemos concluir que no cabe la prórroga tácita de la competencia. La prórroga expresa, por su lado, se encuentra prohibida por el inciso 2° del artículo 423 cuando expresa que “la competencia territorial no podrá ser prorrogada expresamente por las partes”.

d.3) Situación del derecho procesal penal de la reforma. El antiguo artículo 9° del Código de Procedimiento Penal disponía expresamente la improcedencia de la prórroga de la competencia en materia penal. Ante la inexistencia de una norma similar en el actual Código Procesal Penal el profesor Juan Colombo sostiene en su libro “La Competencia” que el procedimiento abreviado (artículo 406 y siguientes del código aludido) constituiría un caso de prórroga en materia criminal al existir un acuerdo entre el imputado y Ministerio Público en orden a que el conocimiento de la acusación sea asumido por el juez de garantía y no por el tribunal del juicio oral en lo penal como debía serlo naturalmente.

No comparto la opinión del distinguido profesor. La verdad de las cosas es que en nada se asemeja la prórroga de la competencia al procedimiento abreviado pues, en este último caso, lo que ocurre es la sustitución legal del tribunal competente en razón del factor cuantía. En efecto, acá no está en cuestión el factor territorio sino la modificación de la pretensión procesal original del Ministerio Público (petición de una menor pena) respecto de la contenida en la acusación o de la esperada en la formalización de la investigación. A causa de esto se sustituye el procedimiento y el tribunal competente para conocer del asunto. En la prórroga de la competencia, en cambio, la pretensión y el procedimiento se mantienen inalterables.

e) Sólo puede prorrogarse la competencia relativa (artículo 182 del Código Orgánico de Tribunales)

Ello significa que únicamente procede entre tribunales ordinarios de igual jerarquía, pero no entre estos y los especiales, a los que la ley les ha entregado en forma privativa el conocimiento de ciertas materias. Así, entonces, un tribunal no puede intervenir en asuntos que, por competencia absoluta, corresponde su conocimiento a otros jueces, pues al ser estas reglas de orden público, su inobservancia produce un vicio de casación o nulidad en la sentencia pronunciada.

La única excepción a esta regla, esto es, el único caso de procedencia de la prórroga absoluta de competencia se encuentra dada en materia de arbitraje facultativo, ya que en el evento de existir una controversia sobre derechos disponibles de las partes, éstas pueden cambiar el tribunal ordinario absolutamente competente para conocer de aquélla por un tribunal arbitral. En general, se entienden por derechos disponibles aquellos que miran al sólo provecho particular de los involucrados, no existiendo un interés público en juego.

f) Conforme lo dispuesto por el artículo 182 del Código Orgánico de Tribunales la prórroga de competencia sólo procede en primera instancia, pues las partes no pueden alterar por su mera voluntad la regla de grado descrita en el artículo 110 de este mismo cuerpo legal que dispone que, una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia, queda igualmente fijada la del tribunal superior que debe conocer del asunto en segunda instancia.

g) Puede prorrogar la competencia cualquier persona que, según la ley, sea hábil para comparecer en juicio por si sola y, por la que no lo sea, puede prorrogar su representante legal (artículo 184 del Código Orgánico de Tribunales)

Es habitual que una persona comparezca en juicio representando a otra, pero no en su carácter de representa legal, sino en virtud de un mandato judicial (artículo 7° del Código de Procedimiento Civil) o de un contrato de mandato (artículo 2116 del Código Civil)

Atendido los términos estrictos de la redacción del artículo 184 del Código Orgánico de Tribunales estimo que, en ambos casos propuestos, debe autorizar al mandante en forma expresa al mandatario para prorrogar competencia. A falta de autorización expresa, esta facultad no puede entenderse concedida.

¿Qué clases de prórroga de competencia existen?

Los tipos o clases de prórroga de competencia son la expresa y la tácita. En uno y otro caso se da por establecido o supuesto el consentimiento del demandante y el demandado. A este tema se refieren los artículos 186 y 187 del Código Orgánico de Tribunales.

a) La prórroga de la competencia es expresa cuando las partes así lo convienen en un contrato o en un acto jurídico posterior, designando con toda precisión al tribunal a quien someten el conocimiento de cualquier conflicto que pudiese presentarse entre ellos respecto del cumplimiento de las obligaciones convenidas (artículo 186 del Código Orgánico de Tribunales)

La prórroga expresa generalmente se encuentra incluida en una cláusula al final de muchos contratos en la que se expresa que las partes prorrogan competencia para los tribunales de una determinada ciudad en caso de cualquier incumplimiento o problema de interpretación referido a dicho contrato.

b) La prórroga de la competencia es tácita cuando el demandante interpone la demanda ante un juez naturalmente incompetente en razón de territorio o cuando el demandado emplazado no realiza como primera gestión la oposición de la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal.

En el caso del demandado la excepción de incompetencia debe ser opuesta en el juicio civil ordinario antes de la contestación de la demanda (artículo 303 del Código de Procedimiento Civil) y, en el juicio ejecutivo, en el escrito de oposición a la ejecución una vez verificado el requerimiento de pago (artículo 464 N°1 del Código de Procedimiento Civil)







3 comentarios:

  1. Estimado Jaime:
    Sólo para complementar la información referente a los tribunales de familia. Al efecto el artículo 182 del COT hace alusión a que sólo es factible entre tribunales ordinarios y los juzgados de familia son, al tenor de lo indicado en el artículo 5 del mismo cuerpo legal, tribunales de carácter especial.
    atte
    Cristian Gutiérrez Lecaros.

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  2. En relación a la prorroga en familia, hay jurisprudencia que igualmente la ha acogido, al menos en Valparaíso.

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