lunes, 26 de diciembre de 2011

¿Qué aplicación tiene hoy la prórroga de la competencia?


Tradicionalmente, la prórroga de la competencia es definida como un acto jurídico procesal de carácter bilateral mediante el cual las partes en un proceso (demandante – demando) convienen en someter la resolución de un conflicto de relevancia jurídica a un tribunal distinto al que ha establecido naturalmente la ley. Supongamos, por ejemplo, que de conformidad a la ley procesal una demanda debiese ser conocida por el primer juzgado civil de Concepción, pero, en definitiva, la conoce el segundo juzgado civil de Copiapó. Si ello ocurre, es por que ha existido prórroga de la competencia del juzgado de Concepción al de Copiapó.

La prórroga se encuentra expresamente reglada en Chile en el Código Orgánico de Tribunales y definida en el artículo 181 de ese cuerpo legal de la siguiente manera: “Un tribunal que no es naturalmente competente para conocer de un determinado asunto, puede llegar a serlo si para ello las partes, expresa o tácitamente, convienen en prorrogarle la competencia para este negocio”.

En el ordenamiento jurídico nacional la prórroga de la competencia tiene cabida, como regla general, sólo con motivo del factor territorio, esto es, respecto de la competencia relativa. Eso significa, entonces, que la prórroga no se aplica a la competencia absoluta y a sus factores que le son propios: el fuero, la materia y la cuantía.

Si bien se ha discutido en doctrina la facultad que tendría el juez a quien se prorroga la competencia para no aceptar esta convención, fundamentándose en la existencia de un juez naturalmente competente ante quien las partes debiesen por obligación concurrir, parece claro, que tal facultad no tendría cabida en el derecho chileno a causa de la regla de inexcusabilidad contenida en el artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales. Recordemos que esta disposición ordena que siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto.

¿Cuáles son las principales características de la prórroga de la competencia? Veamos.

a) Es una convención procesal mediante la cual demandante y demandado alteran ciertas reglas de competencia en los casos expresamente autorizados por la ley.

b) Por tratarse de una convención sólo obliga a quienes concurren expresa o tácitamente con su consentimiento a convenirla. Así lo indica el artículo 185 del Código Orgánico de Tribunales que señala que la prórroga de la competencia sólo surte efecto entre las personas que han concurrido a otorgarla, pero no respecto de otras personas como los fiadores o codeudores.

c) La prórroga de la competencia sólo procede en asuntos contenciosos, pues se trata de un acuerdo entre las partes en el juicio. Así las cosas, no procede en forma alguna en materias no contenciosas (artículo 182 del Código Orgánico de Tribunales)

d) Según lo dispuesto en el artículo 182 del Código Orgánico de Tribunales la prórroga sólo tiene cabida en materia civil, esto es, únicamente opera en asuntos de carácter privado en que no existe de por medio intereses de orden público.

d.1) Situación del derecho procesal de familia de la reforma. Atendida la amplitud de asuntos susceptibles de ser conocidos por los tribunales de familia la regla de competencia relativa (competencia territorial) aplicable en cada caso depende de la naturaleza de la pretensión deducida (artículo 8 de la ley N°19.968 que crea los tribunales de familia). Sin embargo, las normas del derecho de familia (incluidas las procesales) estimamos que son de orden público, razón por la cual, no admiten la prórroga de la competencia.

d.2) Situación del derecho procesal laboral de la reforma. En materia laboral tampoco tiene cabida la prórroga de la competencia, pues acá aparecen involucrados evidentes intereses de orden público que la ley ha querido resguardar. Así se desprende del tenor del artículo 423 de la ley N°20.022 promulgada el 16 de mayo de 2005 que creó los juzgados laborales y los juzgados de cobranza laboral y previsional. Esta norma señala que la determinación de la competencia relativa la realiza el demandante (trabajador) pudiendo optar, a su elección, entre el juez del domicilio del demandado o el del lugar donde se presten o se hayan prestado los servicios. Asimismo, puede interponerse la demanda ante el tribunal del domicilio del demandante, cuando el trabajador haya debido trasladar su residencia con motivo del contrato de trabajo y conste en éste dicha circunstancia.

Si entendemos que esta norma es de carácter irrenunciable, pues está establecida en favor del trabajador, debemos concluir que no cabe la prórroga tácita de la competencia. La prórroga expresa, por su lado, se encuentra prohibida por el inciso 2° del artículo 423 cuando expresa que “la competencia territorial no podrá ser prorrogada expresamente por las partes”.

d.3) Situación del derecho procesal penal de la reforma. El antiguo artículo 9° del Código de Procedimiento Penal disponía expresamente la improcedencia de la prórroga de la competencia en materia penal. Ante la inexistencia de una norma similar en el actual Código Procesal Penal el profesor Juan Colombo sostiene en su libro “La Competencia” que el procedimiento abreviado (artículo 406 y siguientes del código aludido) constituiría un caso de prórroga en materia criminal al existir un acuerdo entre el imputado y Ministerio Público en orden a que el conocimiento de la acusación sea asumido por el juez de garantía y no por el tribunal del juicio oral en lo penal como debía serlo naturalmente.

No comparto la opinión del distinguido profesor. La verdad de las cosas es que en nada se asemeja la prórroga de la competencia al procedimiento abreviado pues, en este último caso, lo que ocurre es la sustitución legal del tribunal competente en razón del factor cuantía. En efecto, acá no está en cuestión el factor territorio sino la modificación de la pretensión procesal original del Ministerio Público (petición de una menor pena) respecto de la contenida en la acusación o de la esperada en la formalización de la investigación. A causa de esto se sustituye el procedimiento y el tribunal competente para conocer del asunto. En la prórroga de la competencia, en cambio, la pretensión y el procedimiento se mantienen inalterables.

e) Sólo puede prorrogarse la competencia relativa (artículo 182 del Código Orgánico de Tribunales)

Ello significa que únicamente procede entre tribunales ordinarios de igual jerarquía, pero no entre estos y los especiales, a los que la ley les ha entregado en forma privativa el conocimiento de ciertas materias. Así, entonces, un tribunal no puede intervenir en asuntos que, por competencia absoluta, corresponde su conocimiento a otros jueces, pues al ser estas reglas de orden público, su inobservancia produce un vicio de casación o nulidad en la sentencia pronunciada.

La única excepción a esta regla, esto es, el único caso de procedencia de la prórroga absoluta de competencia se encuentra dada en materia de arbitraje facultativo, ya que en el evento de existir una controversia sobre derechos disponibles de las partes, éstas pueden cambiar el tribunal ordinario absolutamente competente para conocer de aquélla por un tribunal arbitral. En general, se entienden por derechos disponibles aquellos que miran al sólo provecho particular de los involucrados, no existiendo un interés público en juego.

f) Conforme lo dispuesto por el artículo 182 del Código Orgánico de Tribunales la prórroga de competencia sólo procede en primera instancia, pues las partes no pueden alterar por su mera voluntad la regla de grado descrita en el artículo 110 de este mismo cuerpo legal que dispone que, una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia, queda igualmente fijada la del tribunal superior que debe conocer del asunto en segunda instancia.

g) Puede prorrogar la competencia cualquier persona que, según la ley, sea hábil para comparecer en juicio por si sola y, por la que no lo sea, puede prorrogar su representante legal (artículo 184 del Código Orgánico de Tribunales)

Es habitual que una persona comparezca en juicio representando a otra, pero no en su carácter de representa legal, sino en virtud de un mandato judicial (artículo 7° del Código de Procedimiento Civil) o de un contrato de mandato (artículo 2116 del Código Civil)

Atendido los términos estrictos de la redacción del artículo 184 del Código Orgánico de Tribunales estimo que, en ambos casos propuestos, debe autorizar al mandante en forma expresa al mandatario para prorrogar competencia. A falta de autorización expresa, esta facultad no puede entenderse concedida.

¿Qué clases de prórroga de competencia existen?

Los tipos o clases de prórroga de competencia son la expresa y la tácita. En uno y otro caso se da por establecido o supuesto el consentimiento del demandante y el demandado. A este tema se refieren los artículos 186 y 187 del Código Orgánico de Tribunales.

a) La prórroga de la competencia es expresa cuando las partes así lo convienen en un contrato o en un acto jurídico posterior, designando con toda precisión al tribunal a quien someten el conocimiento de cualquier conflicto que pudiese presentarse entre ellos respecto del cumplimiento de las obligaciones convenidas (artículo 186 del Código Orgánico de Tribunales)

La prórroga expresa generalmente se encuentra incluida en una cláusula al final de muchos contratos en la que se expresa que las partes prorrogan competencia para los tribunales de una determinada ciudad en caso de cualquier incumplimiento o problema de interpretación referido a dicho contrato.

b) La prórroga de la competencia es tácita cuando el demandante interpone la demanda ante un juez naturalmente incompetente en razón de territorio o cuando el demandado emplazado no realiza como primera gestión la oposición de la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal.

En el caso del demandado la excepción de incompetencia debe ser opuesta en el juicio civil ordinario antes de la contestación de la demanda (artículo 303 del Código de Procedimiento Civil) y, en el juicio ejecutivo, en el escrito de oposición a la ejecución una vez verificado el requerimiento de pago (artículo 464 N°1 del Código de Procedimiento Civil)







lunes, 19 de diciembre de 2011

Everybody loves Christmas


El Grinch es un cuento infantil estadounidense que narra la historia del pueblo de Villaquién y de sus habitantes que celebran todos los años con felicidad la navidad, excepto el desvergonzado viejo Grinch, que la detesta y vive solo en lo alto de una montaña a las afueras de la Villa junto a su perro Max.

Parece que con la navidad de la vida real sucede algo bien similar, porque, con el tiempo, se ha incrustado de tal manera en nuestra cultura occidental que, cuando alguien tiene la mala idea de criticar algo de la navidad, correrá el grave riesgo de transformarse en el Grinch, esto es, en una suerte de viejo amargado y autista, capaz de generar todo tipo de suspicacias entre los ciudadanos felices de Villaquién.

En lo personal, creo que hace bastante rato la navidad se desnaturalizó entre nosotros y pasó a ocupar un lugar más en el calendario mensual de eventos que confeccionan año a año las tiendas comerciales para hacer creer a la gente que el mundo gira en torno a una tarjeta de crédito. Esta sensación de mal gusto se me transforma en lástima cuando veo a la gente más humilde en las catedrales del consumismo moderno – los malls – haciendo juego de equilibrismos con su escaso dinero para comprar toda suerte de cosas, muchas de ellas, baratijas chinas con certificado de defunción impreso en sus cajas. Los niños, la pareja, los padres, los abuelos, el amigo secreto, el vecino, el compadre, en fin, todo el mundo parece ser destinatario potencial de obsequios para que la navidad sea verdaderamente una fiesta respetable.

Hace unos días atrás, fueron formalizados en el Centro de Justicia de Santiago varios ex altos ejecutivos de una conocida casa comercial, a causa del desarrollo e implementación de una estrategia inconsulta de renegociación de deudas vencidas contraídas por los titulares de la tarjeta de crédito de dicha tienda, estrategia que enriqueció a la empresa y sumergió aún más a los clientes en el mundo del endeudamiento. Los millones presuntamente defraudados se han transformado en el escándalo comercial más grande del que se tenga noticia en Chile. El asunto es que, aparentemente, el mecanismo funcionó lubricadamente, porque esa misma gente de Villaquién que vio multiplicada sus deudas, durante años se acostumbró a vivir resignada del crédito, a veces necesario, muchas otras veces no.

Varias de las deudas adquiridas por estas víctimas quizás hayan sido tomadas en la navidad para hacer de ésta “una fiesta verdaderamente respetable”. En estos casos y en otros tantos más, el crédito se transformó en la manzana de blanca nieves.

¿Alguno de los indignados de Wall Street habrán estado consientes de este pequeño detalle mientras navegaban por internet en sus computadores portátiles al interior de las carpas en las que dormían? Quizás, saldría en este momento a cuenta parafrasear al tantas veces vapuleado Arjona cuando critica a los gringos, cantando que tienen todo, pero nada lo han pagado.

Para quienes intentamos profesar valores cristianos la navidad del retail es una blasfemia: sin duda, aunque la palabra suene a inquisición o a naftalina, eso es; para un economista serio estaríamos hablando de un absurdo microeconómico; en fin, para cualquier persona sensata, todo esto tiene un fuerte olor a podrido. Disculpen la honestidad.

Como abogado que también intento ser, comprendo y respeto que para muchas personas el significado de la navidad es un hecho simplemente histórico, pero no religioso. Como sea, el puntapié inicial al cristianismo una noche estrellada hace más de dos mil años atrás en Belén, tiene como común denominador para muchos occidentales un simbolismo que bien podría cambiar los retorcidos rumbos culturales que han emprendido muchas sociedades tributarias directas o indirectas del consumismo moderno. Tal cual. Paradojalmente, el único episodio violento que los textos bíblicos atribuyen a Cristo fue aquél cuando las emprendió en contra de los comerciantes que aprovechaban una festividad religiosa para vender sus mercancías en las afuera de un templo.

Ése es el mismo Cristo que nació en un establo, posiblemente, nauseabundo y rodeado de moscas la primera noche de navidad. Ése es el Cristo que respeto profundamente y que quisiera mostrar a mis hijos.

En tanto, Santa, San Nicolás, el Pascuero, o como quiera que se le llame, seguirá su labor como sicario del comercio. Problema suyo. Al menos yo, camino con alpargatas y ropa ligera en el verano austral sudamericano, mientras docenas de viejos ridículos aprovechan las calles para ganarse unos pesos extras disfrazados a la usanza del invierno boreal, pero con 34 grados Celsius de temperatura.

¿Me habré transformado en un viejo amargado al más puro estilo del Grinch? Como quiera que sea, ¡everybody loves christmas!









viernes, 9 de diciembre de 2011

Observando el derecho por la ventana

La casa que construyó mi padre todavía se mantiene erguida en el valle central. Está apaleada, eso sí, por el transcurso de los años y las embestidas instintivas de una tierra generosa en terremotos y lluvias. Allí crecí, observando por la ventana: a las personas que pasaban por la calle, buscando resguardo de los aguaceros y el frío; a los árboles y a las hojas que escondían, bajo de sí, un patio abrumado por el agua de los inviernos. Miré, también, muchas otras cosas que ya no recuerdo mucho, pero, aún así, intuyo que todo eso se transformó en una lección de cómo plantarse frente a la existencia.

Las ventanas son como una señora afectuosa que enseña a sus hijos a descubrir el mundo, sin por ello, desprotegerlos a la intemperie. Se alojan en las paredes como en una ceremonia litúrgica, porque obligan a la contemplación de lo que sucede afuera y a descubrir en las apariencias rutinarias, los detalles más increíbles que jamás habríamos advertido si sólo transitásemos por las calles y las veredas.

Años después, cuando fui estudiante de derecho en la universidad, pasé largas horas preparando pruebas y exámenes en lúgubres habitaciones arrendadas. Hablaba solo, para comprobar lo aprendido y ensayar las palabras que usaría frente a las comisiones examinadoras. El encierro muchas veces me fastidió, no lo niego, pero, una vez más, allí hubo siempre una ventana que me cobijó, incitándome a la calma. Sus viejos marcos de madera parecían decir: “hey, tranquilo. El mundo sigue allá afuera, como siempre”.

Hasta cierto punto podría decirse que la masificación del internet logra reemplazar, en parte, la realidad que existe fuera de nuestras casas. En este entendido, la ventana clásica sería susceptible de ser reemplazada por la pantalla del computador, tal como lo sugirió Microsoft cuando a partir de 1981 desarrolló una familia de sistemas operativos que llamó, precisamente, Windows. (Ventanas)

Como sea, siempre existe el minuto propicio para que las ventanas se abran hacia el exterior. Es ése el momento en que debemos estar preparados para caminar en dirección a la calle y hacer uso de las destrezas adquiridas durante el tiempo de la reflexión tras las ventanas. En este sentido, varias de las culturas más antiguas y sabias de nuestro planeta, así como las religiones o las disciplinas que se entienden a ellas mismas como una experiencia de maduración personal en armonía con el mundo que nos rodea, saben bien de todo esto que trato de parafrasear.

Sin embargo, a veces pienso que mucha de las personas con las que a menudo nos rodeamos día a día han crecido en lugares sin ventanas, porque el encierro claustrofóbico asfixia y, en esas condiciones, es natural el deseo de salir a la calle lo antes posible. No cabe duda que es bueno salir de una vez por todas a la calle cuando el sol está brillando en el cielo, pero cuando no ha existido el tiempo de la reflexión detrás las ventanas se corre el riesgo de que las cosas del mundo se precipiten sobre nuestras cabezas con la rapidez de un rayo, de modo tal, que no podamos tener la capacidad suficiente para discernir en la forma más adecuada. En otras oportunidades, en cambio, hay también quienes prefieren no abandonar el tiempo de las ventanas, porque se sienten protegidos detrás de ellas y, al fin y al cabo, tienen miedo de ser los propios conductores de su destino.

Es cierto. Quizás no habría que dramatizar demasiado con esto, ya que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos estado enfrentados a tales dilemas. Quizás, la mayor o menor madurez de un hombre o de una mujer puedan ser medidas en el número de horas transcurridas frente a una ventana y en la mayor o menor capacidad que se tenga para usar las experiencias útiles adquiridas y racionalizadas en virtud de esa observación al momento de batallar con el mundo real.

Este boceto de ideas no tiene que ver con una suerte de actitud mística frente a la vida. Por el contrario, yo prefiero entenderlo como la fase contemplativa necesaria para hacer las cosas bien. En otras palabras, debiésemos reivindicar el valor de tomarse el tiempo con tranquilidad y de reflexionar lo necesario las cosas importantes antes de abrir la boca para opinar. Al revés, la época de las ventanas significa, al mismo tiempo, repudiar, por ejemplo, a todos los que hacen las cosas del modo en que siempre se han hecho, simplemente, porque sí; a todos los que actúan movidos por la física de las masas o por intereses de figuración personal en asuntos de interés común; a los que van por la vida según la dirección del viento, improvisando torpemente y opinando de todo sin estar al tanto de nada en particular.

Cuando se ha pasado un tiempo importante observando a través de las ventanas, especialmente en nuestra infancia y adolescencia, esta actitud se implanta como un método de vida que trasciende el marco físico de aquéllas. De este modo, lo que se consigue con el tiempo de las ventanas no es otra cosa que humildad genuina y capacidad desprejuiciada de observación, virtudes que debiera poseer todo buen abogado que no quiera ser considerado un mero charlatán. Ya lo escribió Sócrates hace siglos atrás: “La única cosa que sé es saber que nada sé; y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos, que creen saberlo todo”.

La verdad, nada nuevo bajo el sol: el mismo método utilizado por nuestros ancestros primitivos para aprender a controlar el fuego o cultivar la tierra. En otras palabras, el pensamiento digno parece que se forja mirando desnudadamente a los hechos; la opinión es el fruto de un proceso posterior de interpretación intelectual de la realidad que no siempre resulta ser muy feliz. Acá está la base del problema que muchas veces aqueja a quienes nos ganamos la vida resolviendo conflictos ajenos.

Por todo esto es que, cuando hace un tiempo atrás, me topé en la universidad con un alumno de apariencia un tanto histérica y me preguntó qué le sugería para dar un buen examen de grado y qué buen post grado le recomendaba, me limité a responderle dos perogrulladas: primero. Confecciona tu propio apunte con los contenidos del examen y estúdialos un tiempo prudente; y segundo. El mejor post grado en derecho es el magister profesional en la vida misma. Ojalá con varios costalazos respetables. Usualmente, el resto viene solo.



lunes, 5 de diciembre de 2011

¿A quiénes se llama partes en un proceso?


La definición ya clásica de Chiovenda señala que parte es aquel sujeto que, en nombre propio, pretende la actuación de una norma de derecho y aquel sujeto respecto de quien se pide dicha actuación.

El primero de estos sujetos puede denominarse de diversos modos: actor, parte demandante, querellante, ejecutante, ministerio público, etc.; el segundo, parte demandada, ejecutado, querellado o acusado.

Todo proceso siempre exige la presencia de, a los menos dos partes, independientemente de la materia sobre la cual verse. La precisión no es menor, porque el concepto "parte" es propio del derecho procesal y no del derecho sustantivo; así las cosas, dicho concepto ha de ser determinado sólo una vez iniciado el proceso. Precisamente lo anterior es lo que explica que en las actuaciones judiciales no contenciosas en las que no existe proceso controversial alguno no haya tampoco partes, sino sólo solicitantes.

Las partes que pueden intervenir en un juicio se denominan doctrinariamente directas e indirectas. Las primeras corresponden a las que tienen una participación primordial en el proceso e inciden en el inicio de éste. Comúnmente se las denomina demandante y demandado. Las partes indirectas o terceros sin interés, en cambio, son las que intervienen en el proceso una vez ya iniciado y sustentan un interés concordante, incompatible o paralelo al de las partes directas. Son los terceros coadyuvantes, terceros excluyentes y terceros independientes.

Existen para la doctrina, sin embargo, otros sujetos que pueden actuar en un juicio pero no son partes, porque no tienen interés en él; se les denomina terceros sin interés. Por ejemplo, los peritos o los testigos que declaran en un juicio.

Cabe consignar, asimismo, que el artículo 12 del Código Procesal Penal Chileno señala que los intervinientes en el procedimiento penal son el fiscal, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante, desde que realizaren cualquiera actuación procesal o desde el momento en que la ley les permita ejercer facultades determinadas.

La capacidad para ser partes debe ser analizada desde tres perspectivas. Ellas son las siguientes:

a) La capacidad para ser parte en juicio es la que habilita para ser titular de la relación jurídica procesal y equivale a la capacidad de goce regulada en el Código Civil, esto es, a la aptitud legal que ostenta toda persona natural o jurídica para ser sujeto de derecho;

b) La capacidad para comparecer en juicio o capacidad procesal es la facultad para realizar actos jurídicos procesales por sí mismo, esto es, sin la autorización de otro. Así, pues, los que no poseen dicha capacidad requieren de un representante que comparezca en su nombre o los autorice a comparecer. Este tipo de capacidad corresponde a la capacidad de ejercicio del Código Civil.

Si el demandante carece de esta capacidad el demandado podrá oponer la excepción dilatoria de falta de capacidad del demandante o de representación legal del que comparece a su nombre (Artículo 303 N°2 del Código de Procedimiento Civil)

Si es el demandado emplazado el que carece de capacidad procesal, en cambio, el procedimiento se encontrará viciado salvo que se subsane por la vía de la excepción dilatoria de corrección del procedimiento del artículo 303 N°6 o del incidente de nulidad.

c) La capacidad de pedir o ius postulandi es aquella exigida por la ley para comparecer en juicio en defensa de los intereses de alguna de las partes. Esta capacidad que la ley entrega a aquellas personas que tienen el título de abogado o a quienes se encuentran inscritos en el tercer año de la carrera de Derecho o realizan su práctica profesional se funda en que la complejidad del proceso exige de una capacidad técnica que presuma los conocimientos básicos del derecho procesal y del derecho sustantivo.

Ahora bien, La relación jurídica procesal es simple cuando interviene en el proceso una sola persona en calidad de demandante y otra en calidad de demandado. Es múltiple, por el contrario, cuando una o ambas partes la componen varias personas a la vez. Cuando ocurre esto último se habla de pluralidad de partes o litis consorcio.

Si la multiplicidad de personas actúa en calidad de demandante el litis consorcio será activo; si la multiplicidad es de demandados el litis consorcio será pasivo; y si la multiplicidad es de ambos litigantes el litis consorcio será mixto.

El litis consorcio entre partes directas se encuentra regulado en el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil que establece que en un mismo juicio pueden intervenir como demandantes o demandados varias personas siempre que se deduzcan la misma acción (pretensión) o acciones (pretensiones) que emanen directa e inmediatamente de un mismo hecho, o que se proceda conjuntamente por muchos o contra muchos en los casos que autoriza la ley. Si ocurre lo anterior procederá de conformidad al artículo 19 la designación de un procurador común cuando las pretensiones deducidas o excepciones opuestas sean idénticas; en caso contrario, cada uno de los litigantes podrá obrar separadamente en juicio, salvo las excepciones legales (Artículo 20 del Código de Procedimiento Civil).

Además de las normas citadas la regulación de los diversos supuestos concebidos por la ley se encuentra entre los artículos 12 a 16 del Código de Procedimiento Civil.

Cabe señalar, además, que el artículo 105 del Código Procesal Penal recoge los principios expuestos cuando consigna que la defensa de varios imputados puede ser asumida por un defensor común, a condición de que las diversas posiciones (coartadas) que cada uno de ellos sustentare no fueren incompatibles entre sí.

El litis consorcio entre partes indirectas con interés en la causa se encuentra regulado en los artículos 22, 23 y 24 del Código de Procedimiento Civil y en otras normas dispersas, por ejemplo, a propósito de las tercerías en el procedimiento ejecutivo a que se refiere el artículo 518 y siguientes del mismo cuerpo legal. El tema se encuentra asociado directamente a los terceros con interés que pueden obrar en el procedimiento. Es importante subrayar que las resoluciones que se dicten respecto de estos terceros producen en ellos los mismos efectos que en las partes directas. Estos terceros que comparecen voluntariamente en el juicio pueden ser de tres tipos:

a) Terceros Coadyuvantes: son aquellos que sostienen pretensiones o contrapretensiones coincidentes con las de alguna de las partes directas, razón por cual, intervienen en el proceso una vez ya iniciado éste y apoyan la actividad procesal del demandante o del demandado. De allí su denominación.

Se trata de sujetos que, sin ser partes directas, tienen interés actual en el resultado del juicio, es decir, intervienen por tener comprometidos un derecho efectivo en el resultado del proceso y no una mera expectativa (Artículo 23 incisos 2° y 3° del Código de Procedimiento Civil)

Estos terceros conforman una sola unidad con la parte directa a la que coadyuvan por lo que pueden intervenir en cualquier estado del proceso y se les reconocen, además, los derechos del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, esto es, pueden hacer separadamente las alegaciones y rendir las pruebas que estimen pertinentes.

Por ejemplo, el codeudor solidario no demandado puede comparecer como tercero coadyuvante del deudor principal en ciertas oportunidades cuando se impugna la validez del acto o contrato.

b) Terceros Excluyentes: son aquellos que comparecen al juicio reclamando un derecho incompatible con el discutido por las partes directas. Por ejemplo, Juan demanda a Pedro la reivindicación de una casa, pero durante el juicio comparece Pablo quien dice ser el verdadero dueño no poseedor de la aquélla.

El artículo 22 del Código de Procedimiento Civil dispone que el tribunal debe admitir sus gestiones en la forma establecida en el artículo 16, esto es, el tercero excluyente debe aceptar lo obrado con anterioridad y no puede obrar conjuntamente con alguna de las partes directas, pues su interés es incompatible con el de ambas. Así las cosas, deberá separadamente hacer las alegaciones y rendir las pruebas que estime conducentes, pero sin entorpecer la marcha regular del juicio y usando de los mismos plazos concedidos al procurador común, si lo hay.

c) Terceros Independientes: son aquellos que invocan en el juicio un interés autónomo o paralelo del invocado por las partes directas. Por ejemplo, Patricio interpone una demanda de reivindicación respecto de la casa de Sergio, pero comparece Estela – esposa de Sergio – invocando a su favor la declaración de bien familiar que pesa sobre la propiedad y que la favorece.

El artículo 23 inciso 3° del Código de Procedimiento Civil indica que, en este caso, también ha de aplicarse lo prevenido en el artículo 22, esto es, el tercero independiente deberá aceptar lo obrado y hacer las alegaciones y rendir las pruebas que estime conducentes en forma separada y sin entorpecer la marcha del juicio.

La limitación legal señalada precedentemente lleva en la práctica a que los terceros excluyentes e independientes deban preferir iniciar un nuevo juicio en calidad de demandante a fin de no aceptar lo obrado en el otro juicio por las partes directas.

Así como la intervención voluntaria de los terceros en el proceso puede serlo a título de coadyuvantes, excluyentes o independientes, existen otros casos en que el llamamiento de terceros al juicio es forzado u obligado por la ley. Ello ocurre a solicitud del demandante o del demandado dentro del término de emplazamiento cuando se desea hacer extensible a un tercero el efecto de cosa juzgada que se producirá en el juicio. Ejemplos de este tipo son la citación de evicción o la citación del acreedor hipotecario en el proceso ejecutivo (Artículos 584 y 492, respectivamente, del Código de Procedimiento Civil)

En este último caso, si el tercero comparece dentro del término de emplazamiento y se adhiere a la demanda se designará un procurador común con el demandante.

Si el tercero citado no comparece le afectará, de todos modos, el resultado del juicio, sin perjuicio de su facultad de intervenir más adelante como coadyuvante del demandante, pero aceptando todo lo obrado con anterioridad.

Por último, si el tercero citado comparece y manifiesta su voluntad en orden a no adherirse a la demanda caduca la facultad para alegar en el juicio los derechos que pudiere haber invocado en su favor (Artículo 21 del Código de Procedimiento Civil)




viernes, 2 de diciembre de 2011

La cultura The Clinic


Cuando hace ya varios años atrás, el entonces senador Augusto Pinochet Ugarte fue detenido en la London Clinic de Inglaterra a causa de una orden de captura internacional, se asentaron las bases para el nacimiento del periódico o revista The Clinic que hasta por estos días circula, tanto en su versión impresa cuanto en su edición on line. Imagino que esta publicación nació con el propósito de realizar una lectura crítica y mordaz de la cultura nacional y de la actividad política, en especial, puesto que lo que caracteriza a los países que emergen de largos gobiernos dictatoriales no es, precisamente, la procreación de ciudadanos con alas librepensadoras.

Es evidente la orientación política de este periódico, cuestión que, en todo caso, nada tiene de particular, pues estamos rodeados de toda clase de publicaciones con las más variadas líneas editoriales.

Lo que sí me parece interesante de abordar desde una perspectiva jurídica es que este periódico ha tratado con los años de erguirse, a través de sus diversas secciones, como una suerte baluarte de las libertades ciudadanas y de la vanguardia intelectual laica del país. El lector del The Clinic, entonces, parece que además de un tipo de izquierda y culto es a very cool man. Bien por quien así se sienta identificado. Cada cual con sus estilos.

Sin embargo, lo que me viene hace bastante tiempo causando una sensación a yogurt descompuesto en la garganta cada vez que miro las portadas del The Clinic o alguna que otra de sus páginas interiores las veces que un ejemplar ha llegado a mis manos, es que, detrás de su pretendida vanguardia, veo escondido el más sistemático compendio de imágenes conculcadoras de las garantías más elementales que consagran las normas nacionales e internacionales sobre derechos individuales. Sus ediciones están atestadas de comentarios sexistas, machistas y denigrantes. Entre sus líneas no asoman los cronopios de Cortázar ni la magia erótica y lúdica de Neruda, sino más bien, frecuentes alusiones implícitas a xenofobia pura.

No obstante que varios de sus colaboradores han escrito sobre las reivindicaciones de las minorías sexuales, raciales o de la tolerancia democrática, por citar sólo algunos ejemplos, otras tantas de sus páginas suelen burlarse de quienes profesan una fe religiosa o de quienes ostentan orientaciones sexuales diversas o padecen de anormalidades físicas. Ridiculizan a la mujer reduciéndola a un simple objeto sexual o se utilizan caricaturas o leyendas, pretendiendo hacer humor con chistes raciales. Junto a esto, sus editores han explorado la cultura de la funa periodística para ridiculizar públicamente a sus rivales naturales, me refiero a la derecha política y al conservadurismo cultural.

Es probable que alguien pueda levantar la defensa del The Clinic, argumentando que la imagen que he resumido más arriba no guarda relación con los objetivos profundos de la publicación; que lo que se quiere es sensibilizar a la comunidad respecto de debates pendientes o acerca de la basura que se esconde debajo de la alfombra. Por lo demás, se podría afirmar, todo quien se sienta afectado cuenta con los mecanismos que la ley contempla para perseguir las infracciones a la libertad de prensa que pudieren haberse cometido. Por lo último, podría contra argumentarse, el que no comparte la línea editorial del The Clinic basta con que, simplemente, no ingrese a su página o no compre la edición escrita en el kiosco de la esquina.

No cabe duda. Pero así como puede ser enarbolada la bandera de la libertad de opinión en un sentido, nadie tampoco puede impedir que haga pública mi opinión personal de que la cultura del The Clinic produce una nube toxica sobre un país que busca a punta de gritos, tomas y marchas crear una democracia respetuosa de la diversidad y de las garantías individuales.

Cuando la publicación dice estar “firme junto al pueblo”, como reza su slogan, la línea editorial de la revista no puede tolerar que un artículo de su publicación reivindique los derechos de los grupos marginados de las políticas públicas y, en la misma edición, se ridiculice a homosexuales, prostitutas o a sujetos de etnias diversas. Esa ambigüedad, lejos de conformar una estrategia de marketing vanguardista y provocadora al estilo de un video musical de Madonna, me trae a la mente la siempre polémica redacción del artículo 15 N°1 del Código Penal que dice que se consideran autores a los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite.

Desde la perspectiva estrictamente jurídica lo que las personas esperan del Derecho es certeza jurídica. Ley pareja no es dura. Las garantías individuales no admiten dobles interpretaciones, ni aún a título de chiste, porque ningún ciudadano serio de un país civilizado espera sentado e impávido mientras se ridiculizan derechos subjetivos cuyo reconocimiento se ha conseguido, universalmente, luego de largas, dolorosas y, muchas veces, sangrientas cruzadas ciudadanas.