viernes, 7 de octubre de 2011

El emplazamiento procesal



El derecho procesal involucra ritualismo. Esto quiere decir que, para que un conflicto jurídicamente relevante sometido al conocimiento del juez pueda producir efectos válidos, deben cumplirse con ciertos trámites explícitamente regulados en la ley. La omisión, puede ser conducente a la nulidad procesal o, sencillamente, a la inexistencia del juicio, esta última hipótesis, más conocida como “proceso aparente” (Artículo 80 del Código de Procedimiento Civil)

Bajo este supuesto, el denominado “emplazamiento” constituye un concepto estrictamente técnico que vincula a las formas del proceso con la génesis de un juicio que contará a todas luces con el “aval” del Estado y, por lo mismo, será conducente al efecto final de la cosa juzgada. Esencialmente, el emplazamiento es el hecho de notificar legalmente la demanda, señalándosele al demandado (o legitimado pasivo) un plazo para que comparezca al tribunal con el propósito de hacerse cargo de las pretensiones formuladas en su contra. Sin embargo, el concepto de emplazamiento también se usa para aludir a la notificación que pueda hacerse a cualquiera de los litigantes del hecho de haberse deducido un recurso procesal por la contraparte.
El emplazamiento, entonces, comprende dos elementos: la notificación de la demanda o de la interposición de un recurso en forma legal; y el transcurso del plazo legal de comparecencia ante tribunal. En consecuencia, tiene lugar en dos etapas del proceso y no sólo en una como a veces se piensa: a) en la notificación de la demanda y en el plazo para contestarla; y b) en la notificación de la resolución que concede un recurso que ha de ser conocido por un tribunal superior y en el plazo para comparecer a este último para instar por la continuación de dicho recurso.
a) Notificación de la Demanda y Plazo para Contestarla
Si el tribunal da curso a la presentación de una demanda ordenará su notificación en forma legal. El tema no es menor, porque si la notificación de ésta no se realiza en la forma correcta el demandado no estará emplazado legalmente, con lo que, todas las actuaciones procesales que pudieren realizarse serán susceptibles de ser declaradas nulas.
Con todo, no sólo es necesaria la notificación de la demanda para que el demandado se encuentre legalmente emplazado, pues además, se requiere que transcurra el plazo que la ley señala para contestarla. Este plazo en el procedimiento civil ordinario es de 15 días más los que correspondan conforme a la denominada tabla de emplazamientos que permite adicionar días si el demandado debe ser notificado fuera de los límites de la comuna del tribunal, en un territorio diverso de éste o fuera de la República (Artículos 258 y 259 del Código de Procedimiento Civil)
El efecto más importante del emplazamiento consiste en que, una vez notificada la demanda y transcurrido que sea el término de emplazamiento, ya sea que el demandado conteste o no, queda formada la relación procesal entre las partes, esto es, desde ese momento nacen relaciones jurídicas de carácter procesal que vinculan a las partes entre sí y a éstas con el tribunal, obligando a este último a tramitar y fallar el proceso y a aquéllas a acatar todas las resoluciones del juez. En otras palabras, el emplazamiento es un factor de competencia, porque una vez formada la relación procesal se radica ante ese tribunal el conocimiento del conflicto jurídico (Artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales)
Atendida la particular naturaleza del proceso penal las consideraciones hechas en cuanto al emplazamiento sufren una importante modificación respecto de aquél. En efecto, en materia civil el demandado notificado tiene la carga procesal de contestar la demanda, pero puede no hacerlo si así lo desea; la imputación de cargos penales y la eventual aplicación de una sanción punitiva, en cambio, exigen la defensa obligatoria del imputado como requisito de validez del proceso seguido en su contra. Así lo dispone expresamente el artículo 103 del Código Procesal Penal. El único caso en el cual el imputado puede ser inicialmente condenado sin haber mediado defensa alguna es en el procedimiento monitorio. Sin embargo, su derecho a defensa se encuentra de todos modos a salvo, pues podrá reclamar la sentencia y, por esa vía, llegar a un procedimiento o a un juicio simplificado en el que se valdrá de la defensa técnica de rigor.
b) Notificación de un Recurso y Plazo de Comparecencia
Los principios generales del emplazamiento también se aplican para fijar la competencia del tribunal superior que debe conocer de un recurso interpuesto en contra de una resolución pronunciada por un tribunal inferior.
Para que la relación procesal pueda renovarse válidamente ante el tribunal superior debe notificarse en forma legal a las partes la resolución que concede el recurso interpuesto por alguna de ellas y debe transcurrir, además, el plazo para que las mismas comparezcan ante este último tribunal para seguir adelante con el recurso (hacerse partes)
Si no concurren ambos requisitos el tribunal no se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto del fondo del asunto. Esto último queda claramente en evidencia en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil cuando señala que si el apelante civil no comparece en segunda instancia dentro del término de cinco días el tribunal de alzada debe declarar desierto el recurso.
Si bien los principios expuestos precedentemente constituyen la regla general, dependiendo de la naturaleza de los recursos y de las materias en los que incidan, bien puede eximir la ley a los recurrentes de la obligación de comparecer ante el tribunal superior o ad quem en cuanto requisito de validez del recurso, tal como sucede, por ejemplo, con el recurso de nulidad regulado en el artículo 372 del Código Procesal Penal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Lanzamiento del libro "Abono de la prisión preventiva en causa diversa. Deconstrucción de una teoría dominante". Red UC 04/Octubre/2017

El texto analiza la procedencia del así llamado “abono de la prisión preventiva en causa diversa” en el derecho vigente. Frente al ...