jueves, 20 de octubre de 2011

Procedencia de la orden de detención judicial por no comparecencia a la audiencia de procedimiento abreviado



Como recordarán quienes se iniciaron con el modelo original del Código Procesal Penal, antes de la entrada en vigencia de la Ley N°20.074, la tramitación del procedimiento abreviado sólo podía tener lugar con motivo de la audiencia de preparación de juicio oral. A partir de esta última modificación, entonces, el Código autorizó al fiscal para solicitar una audiencia con la exclusiva finalidad de discutir el procedimiento abreviado, bastando para ello, sólo dos exigencias: a) que el imputado se hallare formalizado y b) que no se hubiere deducido aún la acusación escrita dentro del plazo de 10 días a que se refiere el artículo 248 del Código Procesal Penal.
De este modo, como el procedimiento abreviado exige acusación previa y en la audiencia solicitada con este propósito, obviamente, no existe acusación formulada, el fiscal deberá acusar verbalmente en la misma audiencia y lo mismo podrá hacer el querellante si así lo estimare conveniente.
El asunto que me interesa desarrollar ahora dice relación con la falta de comparecencia voluntaria del imputado a cualquiera de estas audiencias, incluso, habiendo sido notificado legalmente de las mismas. Lo anterior ocurrirá cuando el imputado formalizado se encuentre en libertad, ya sea porque no le hubieren sido impuestas medidas cautelares personales, o porque, las establecidas, no sean la prisión preventiva o la internación provisoria, según corresponda, en cuyos casos, la obligación de traslado del privado de libertad a la sala del tribunal le corresponde a Gendarmería de Chile.
En tal escenario, podría estimarse procedente la solicitud de detención judicial ante el Juez de Garantía competente de conformidad a lo prevenido en el artículo 127 inciso 2° del Código Procesal Penal que autoriza dicha diligencia cuando el imputado, legalmente citado, no compareciere a una audiencia judicial. Supongamos, incluso, que en el acto de su notificación – supuesto el hecho que ésta no se hubiere realizado conforme al artículo 28 – el imputado fuera apercibido de una posible detención en los términos del artículo 33. ¿Resulta plausible esta orden de detención para los efectos de la realización de la audiencia de procedimiento abreviado?
Lo primero que conviene precisar es que la orden de detención que autoriza el artículo 127 inciso 2° del Código Procesal Penal lo es para aquellos casos en que la presencia del imputado en una audiencia judicial es condición de ésta, es decir, cuando constituya requisito de validez formal de la misma.
¿Y será efectivo que la presencia del imputado es requisito de validez para la realización de la audiencia de procedimiento abreviado?
Mi respuesta es categórica: No.
Nadie puede obligar al imputado a asistir a este tipo de audiencias, porque la solicitud fiscal de procedimiento abreviado descansa, esencialmente, en el hecho de que aquél acepte voluntariamente someterse a tales reglas.
Dicho de otro modo, para la procedencia del procedimiento abreviado se requiere como requisito de la esencia el consentimiento del imputado, de modo que, la falta de comparecencia de éste a la audiencia fijada para ese propósito, no puede sino que hacer presumir su falta de aceptación a la solicitud del Ministerio Público y, por lo mismo, reafirmar su interés en ir a juicio.
En consecuencia, la presencia del imputado es requisito de validez del procedimiento abreviado en cuanto tal, pero no de la audiencia agendada con ese objeto, ya que, de no prosperar la convención propositiva hecha al tribunal, el fiscal podrá continuar el procedimiento conforme a las reglas generales, esto es, las conducentes al juicio oral y contradictorio.
Así lo reconoce expresamente el inciso final del artículo 407 del Código Procesal Penal, pues, indica que si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el Juez de Garantía en la audiencia fijada con esa finalidad, se tendrán por no formuladas las acusaciones verbales realizadas por el fiscal y el querellante y se continuará de acuerdo a las disposiciones del Libro Segundo, esto es, del procedimiento ordinario.
Ahora bien, si, en cambio, la orden de detención ha sido solicitada con motivo de la ausencia del imputado a la audiencia de preparación de juicio oral en la que se pretendía formular un ofrecimiento de procedimiento abreviado, por las mismas razones antes señaladas, no podrá ser tal ofrecimiento el que sirva de fundamento para la solicitud de detención.
Es más, según el criterio sustentado por algunos tribunales, ni siquiera caben los presupuestos del inciso 2° del artículo 127 cuando la audiencia tiene por única finalidad la preparación del juicio oral, ya que la presencia del imputado tampoco sería requisito de validez formal de aquélla, por lo que la audiencia podría efectuarse en su rebeldía. Conforme a este criterio, entonces, el único efecto que produciría su ausencia sería la imposibilidad de llevar a cabo en la audiencia algunas actuaciones judiciales que sí requieren de su comparecencia, tales como: la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios o las convenciones probatorias.
En la práctica de tribunales, a este último planteamiento se opone aquél, según el cual, la ausencia del imputado a la audiencia de preparación de juicio oral sí constituye un requisito de validez de la misma. Si bien es cierto, no existe norma legal expresa que consigne esto último, se considera que la falta de la presencia del imputado podría minar el derecho a la defensa técnica, pues el defensor, podría no haber tenido el contacto previo necesario con su representado y, de este modo, no se encontraría en condiciones de plantear la estrategia de defensa y el ofrecimiento de eventual prueba para el juicio del modo más adecuado a los intereses del imputado. Esta interpretación aparece respaldada por el mensaje del Código Procesal Penal, en el que en forma expresa, se dice que la presencia del imputado es requisito de validez de la audiencia de preparación de juicio oral. Personalmente, me inclino por esta última posición, esto es, supuesto el hecho de que, en este caso, el propósito de la audiencia es la preparación del juicio oral, la ausencia del imputado hace procedente su detención judicial.
Como sea, volviendo al primer caso propuesto, me parece que todavía existe una razón aún más de fondo para sostener la improcedencia de la solicitud de una orden de detención respecto de un imputado que ha sido citado en la etapa de investigación a una audiencia dispuesta con el único fin de explorar un procedimiento abreviado. Veamos.
Dada la particular naturaleza de este procedimiento, la voluntad libre y espontánea de imputado, en orden a renunciar a su derecho al juicio oral y someterse, en cambio, a reglas especiales, conforma un requisito esencial para la validez de este procedimiento. Sobre el particular, Cristián Riego ha señalado que el Juez está obligado a controlar que el imputado ha prestado su acuerdo al procedimiento en forma libre e informada, debiendo rechazar la abreviación en caso de que no lo considerase así, situación en la cual deberá continuarse el procedimiento por la vía normal del juicio oral.
En lo específico, el artículo 409 del Código Procesal Penal obliga al Juez de Garantía a constatar que el imputado que enfrenta una audiencia de procedimiento abreviado no hubiere sido objeto de coacciones ni presiones indebidas por parte del fiscal o de terceros.
¿Es posible creer, entonces, seria y sensatamente, que un imputado no se sienta intimidado en cuanto a la manifestación de su voluntad si ha sido trasladado a una audiencia detenido por la policía y se halla en aquélla engrillado y custodiado por personal de Gendarmería mientras todos aguardan expectantes su respuesta?
¿Es posible creer que un imputado no esté dispuesto a pagar cualquier precio cuando, incluso, pueda ofrecérsele la libertad para el caso de aceptación y apercibírsele con la prisión preventiva para el evento que rechace el procedimiento abreviado?
En mi opinión, ningún escenario similar al retratado es propicio para garantizar la manifestación de la voluntad del imputado en términos exentos de coacciones o presiones indebidas tal cual exige el mandato legal del artículo 409.
Todo lo anterior, me lleva a plantear mi disconformidad con cualquier tipo de solicitud de traslado compulsivo al tribunal tendiente a obtener declaraciones de parte del imputado que basan su legitimidad en un acto voluntario de parte de éste. En esa línea argumentativa, creo que la detención judicial puede constituir, en la práctica, un acto de coacción incompatible con el consentimiento válido que exige la ley y ser título suficiente, incluso, para la procedencia de la acción constitucional de amparo o habeas corpus.

jueves, 13 de octubre de 2011

Tomas: de la universidad republicana a la universidad popular



Juan Guillermo Tejeda, artista visual y académico de la Universidad de Chile, publicó en la edición del 12 de octubre de 2011 del diario electrónico “El Mostrador” el presente artículo que ahora reproduzco. Me parece una opinión lúcida con la que concuerdo plenamente, alejada de las bombas lacrimógenas y de los cálculos políticos de los extremos ideológicos, mayoritarios por estos días. Y como se trata de que tengamos la posibilidad de acceder a información pluralista, si el tema es de su interés, les ruego que se tomen el par de minutos que tardará la lectura. Los jueces también aparecemos señalados. El artículo me lo hizo llegar mi hijo, estudiante de Cuarto Año de Derecho en la Universidad de Chile, quien, lleva más de cuatro meses en paro de actividades.
“El movimiento por la educación pública, que me cae muy bien, se me ha ido haciendo un poco antipático últimamente, y me pregunto por qué. Quizá el hecho central sea que en mi Facultad estamos desde hace cuatro meses en toma.
Para mí que cuando en una universidad pública empieza la toma, en ese instante queda suspendido el pluralismo. No pueden coexistir ambos, son incompatibles. La Universidad de Chile es una construcción republicana, y sus pilares son la equidad, la diversidad de identidades y opiniones, el sentido de colaboración con el país y la complejidad del conocimiento, todo ello garantizado por un gobierno institucional participativo y al mismo tiempo jerarquizado. Pero estos principios han quedado atrás, y lo que hemos vivido los académicos, estudiantes y funcionarios durante las movilizaciones ha sido el deslizamiento de una universidad republicana a una universidad popular.
Las universidades populares nacieron a fines del siglo pasado en Francia y fueron imitadas en España y en muchos otros países. Eran organizaciones que no estaban dentro de las universidades tradicionales, y que se habían propuesto llevar la cultura a los trabajadores, vecinos y gente que no lograba llegar a la universidad, casi siempre muy elitista y al servicio de los más poderosos. La universidad popular es a la vez un instrumento de difusión del saber y una herramienta de concientización, de lucha en contra del capitalismo.
Este molde es el que opera hoy en nuestros recintos tomados o en paro indefinido no negociable. Pero desgraciadamente los huertos orgánicos, los charangos del Quilapayún o las charlas del profesor Gabriel Salazar no vienen a complementar a la tradicional universidad republicana, sino a reemplazarla: en ello radica el vértigo de la situación. La ocupación de los recintos y la intervención de los calendarios académicos han significado en la práctica que las autoridades universitarias queden apartadas del poder real y se contenten ahora con desempeñar un poder nominal, un poco a la manera de los presidentes y parlamentarios de las democracias populares, donde quien manda de verdad no es el que firma los papeles.
Y me refiero a las democracias populares, a las repúblicas populares, o sea países que son o fueron comunistas, porque muchos de los mecanismos operativos de la universidad en toma están calcados de allí: marchas, asambleas, plebiscitos, declaraciones colectivas, todo un movimiento que en la parte frontal se despliega como una magnífica movilización en contra de los poderosos de siempre, y que en la periferia o en los detalles traseros deja ver unos dispositivos menos gratos: control de puertas, compadres enojados, funas, tendencia a la opinión única, autogestión en los asuntos de orden público, capuchas, barricadas, desolación de los espacios, fortalecimiento de una nueva autoridad que sin dar mucho la cara va tomando el lugar de la anterior. La toma es un poco injusta –reconocen algunos estudiantes con las pupilas encendidas– pero es la única manera de que el poder nos escuche.
Hace unas décadas me tocó vivir casi medio año en una república socialista de verdad, una democracia popular centroeuropea, hermoso país. Agradezco de corazón el que me hayan ayudado en tiempos de aflicción, pero no puedo olvidar mi experiencia de desencanto con el socialismo real. Aquello era, banderas más o ideales menos, una dictadura, y las dictaduras, aunque sean del proletariado, no sólo son catetes y latosas, muy humillantes, sino también peligrosas. O se traga uno las consignas y se va deprimiendo, o alega y se convierte en enemigo del sistema, con las consecuencias fáciles de prever.
La lógica del amigo-enemigo, ya lo hizo notar Eduardo Sabrovsky hace unos días en uno de sus artículos, supone una atroz simplificación. Todo con la revolución, nada contra la revolución, anunciaba por su parte Fidel, sin aclarar jamás qué era exactamente la revolución, con lo cual quedaba cada cual expuesto a lo que de modo caprichoso dispusiera día a día el Comandante.
Hoy vemos que todo el país está alineado con el movimiento por la educación pública y nadie en su contra, por lo que ya tenemos a una larga fila de personas, yo mismo en este artículo, proclamando antes que cualquier otra cosa su fidelidad al movimiento, no sea cosa que se nos complique la vida.
A la gente le gusta que las universidades se transformen en populares. Hay en este país tanto abuso instalado, tanta injusticia, tanta entrega al neoliberalismo extremo, que todo el mundo quiere creer en lo popular. Por eso es que cuando vemos a unos carabineros golpear a los jóvenes nos enfurecemos con los carabineros, y cuando es al revés, que son los cabros los que aporrean al paco, igual nos enojamos con los carabineros. Periodistas, jueces y vecinas disfrutan de la suave brisa de la libertad, y la impulsan. Los claustros académicos están también por lo popular, como corresponde.
El planeta vive hoy globalmente tiempos inquietos. La revolución digital está llegando a la política, a la vida ciudadana. Nuestros antiguos sistemas presidenciales o parlamentarios no logran hacerse cargo de la situación. El poder se ha movido, no está ya donde creía Piñera, en el sillón presidencial, y opera por ahora sin reglamentos. Y aparte de ello los chilenos vivimos el fraude del sistema binominal, que apaga todo deseo de estar en el sistema. Nuestro actual gobierno no es para nada una guía moral, y la oposición tampoco. Carecen de aura. En este ambiente, saludamos con entusiasmo a la insurrección estudiantil chilena, y los aplausos llegan desde todas partes del mundo.
Los estudiantes han traído la festividad vital y el despliegue digital a la protesta, han levantado un desafío político imposible de esquivar, y esa ha sido su genialidad. La causa popular, sin embargo, sigue operando con el bagaje ideológico de la izquierda de siempre, tantas veces derrotada o si no vencedora con un producto finalmente más amargo que aquello que criticaba. La lucha en contra de la injusticia no ha logrado hacer suyos los valores democráticos, quizá porque se alimenta primariamente de una visión negativa de la condición humana según la cual o te aplastan o debes aplastar a los demás. En esa lógica de lucha libre ni la democracia ni el pluralismo tienen mucho sentido.
Es así que la universidad popular, amarrada operativamente a la izquierda vintage con su lógica de ocupación progresiva de espacios y posiciones de poder, supone que quienes le hacen resistencia no son discrepantes, sino enemigos. Es una manera muy latosa de funcionar. Los burgueses no tienen cabida en ella, ni los conservadores, ni los tibios, ni las almas poéticas o galácticas, ni el sentido del humor. Son mirados con sospecha los que se restan de los huertos orgánicos ejemplares, de los talleres de volantines o de los conversatorios en los cuales el sólo hecho de asistir significa cuadrarse de antemano con las conclusiones.
Pero aparte de enfrentar cotidianamente al enemigo interno, las universidades populares, como las democracias populares, necesitan derrotar al enemigo externo. Las redes sociales ayudan ahora a conseguir apoyos dentro y fuera del país. El movimiento, para no detenerse y morir, debe expandirse, convocando marchas cada vez más contundentes, y desafiando de modo crecientemente frontal a los poderes políticos y económicos. Camila Vallejo ha anunciado ya que esta es una lucha de varios años. Arturo Martínez declara que su meta es sacar a la derecha neoliberal y autoritaria del palacio de La Moneda. Un dirigente del norte ha llamado a los estudiantes a radicalizar la movilización y prepararse para tiempos difíciles.
La historia reciente nos advierte, sin embargo, que cada vez que la lógica simplificada de amigos y enemigos se apodera de la vida política y social, las sociedades ingresan en un torbellino emocional y noticioso que termina finalmente o en una guerra, o en una dictadura, o en ambas. Rara vez los caídos o humillados son los poderosos de siempre.
En las universidades populares que reemplazan hoy a las universidades públicas los carabineros no entran, y donde los carabineros no llegan florece naturalmente la capucha. No existe jamás un espacio sin alguien o algo a cargo del garrote, el cual se administra más o menos conforme a la ley o si no de cualquier manera, arbitrariamente. Como bien saben explicar los antropólogos, la tribu humana necesita siempre de un sistema de orden, y cuando el que había no opera viene otro a desempeñar su rol.
Las autoridades universitarias perdieron hace rato el control del llavero y del calendario, y se han avenido a considerar como verdadera la paradoja matemática de que un semestre no tiene, como podría creer cualquier lego, 24 semanas, ni tampoco 18 como sostienen habitualmente las universidades, sino 12 como han dispuesto los sindicatos estudiantiles. De la calidad nadie se acuerda al hacer estas mariguanzas. Los Consejos de distinto nivel se reúnen ceremoniosamente para ratificar con mucha acuciosidad administrativa lo que van disponiendo las asambleas mediante megáfonos y plebiscitos. Los reglamentos existentes son letra muerta, o letra comestible. Los académicos vagamos por ahí sin que nadie nos pesque salvo para reuniones y trámites un poco ficcionales donde lo más prudente, en general, es estar de acuerdo sin por ello renunciar a una digna expresión de distancia en el rostro. Y a ver en qué mes o semestre -oh modesta condición de los asalariados-, dejarán de pagarnos el sueldo, que los profes a honorarios ya están con dificultades. Cientos de alumnos, especialmente de altos puntajes, están emigrando hacia universidades privadas. Como bien decía un delegado estudiantil en una de las reuniones del Consejo de Pregrado de mi Facultad, lo que se está buscando es reventar el sistema.
Del mismo modo que las repúblicas populares en su tiempo, las universidades populares se cuidan ante todo de controlar la puerta, el recinto y el calendario de actividades, o sea un poco el ministerio del Interior, el dispositivo de seguridad. Respecto de la economía, y siguiendo también a ese tipo de países, da un poco igual. Y lo académico, bueno, eso siempre es conversable.
Rectores y decanos sacan cuentas afligidas porque saben que el sistema de universidades públicas chilenas depende de flujos de caja que, diversamente a lo que ha ocurrido con largos paros universitarios en México o en Argentina, no están garantizados por el Estado, sino por los pagos de las familias, que están comenzando a mermar. Del mismo modo, están conscientes de que perder masivamente el año o un semestre hará imposible atender a la vez a esos repitentes y a las cohortes del próximo año, lo que para mi universidad representaría un menor ingreso de aproximadamente 15 mil millones de pesos al año, menor ingreso que se prolongaría en el tiempo durante unos cinco años, un hoyo de unos setenta mil millones. Ello puede llevar al default. Una quiebra que no lamentarían mucho ni el gobierno, emocional y socialmente ligado a las universidades privadas o católicas y ciego en su mirada al futuro, ni tampoco el movimiento estudiantil, que se siente más cerca de la universidad popular que de la aporreada universidad republicana. Es más fácil, pues, degradar los semestres y aprobar los ramos por secretaría.
Al final, si hay suerte, tendremos universidad gratuita, pero de carácter popular, orientada a sectores con menos recursos, en tanto que la gente más acomodada se formará en planteles privados, flotando con elegancia en los veloces flujos y redes del capitalismo globalizado, en la galaxia del éxito y los edificios de cristal, muy lejos de los subsidios, del Estado, de las tomas y las marchas. Por su purismo, por su radicalización simplificadora, el movimiento por la educación pública está validando en los hechos a la educación privada.
¿En qué ha fallado el modelo republicano de universidades para encontrarse en esta situación tan desfavorable? ¿Qué factores explican su deterioro justo en el momento en que parecía haber conquistado los recursos y las herramientas para funcionar debidamente? No logro aún entenderlo. Y qué bonita está la primavera.”

viernes, 7 de octubre de 2011

El emplazamiento procesal



El derecho procesal involucra ritualismo. Esto quiere decir que, para que un conflicto jurídicamente relevante sometido al conocimiento del juez pueda producir efectos válidos, deben cumplirse con ciertos trámites explícitamente regulados en la ley. La omisión, puede ser conducente a la nulidad procesal o, sencillamente, a la inexistencia del juicio, esta última hipótesis, más conocida como “proceso aparente” (Artículo 80 del Código de Procedimiento Civil)

Bajo este supuesto, el denominado “emplazamiento” constituye un concepto estrictamente técnico que vincula a las formas del proceso con la génesis de un juicio que contará a todas luces con el “aval” del Estado y, por lo mismo, será conducente al efecto final de la cosa juzgada. Esencialmente, el emplazamiento es el hecho de notificar legalmente la demanda, señalándosele al demandado (o legitimado pasivo) un plazo para que comparezca al tribunal con el propósito de hacerse cargo de las pretensiones formuladas en su contra. Sin embargo, el concepto de emplazamiento también se usa para aludir a la notificación que pueda hacerse a cualquiera de los litigantes del hecho de haberse deducido un recurso procesal por la contraparte.
El emplazamiento, entonces, comprende dos elementos: la notificación de la demanda o de la interposición de un recurso en forma legal; y el transcurso del plazo legal de comparecencia ante tribunal. En consecuencia, tiene lugar en dos etapas del proceso y no sólo en una como a veces se piensa: a) en la notificación de la demanda y en el plazo para contestarla; y b) en la notificación de la resolución que concede un recurso que ha de ser conocido por un tribunal superior y en el plazo para comparecer a este último para instar por la continuación de dicho recurso.
a) Notificación de la Demanda y Plazo para Contestarla
Si el tribunal da curso a la presentación de una demanda ordenará su notificación en forma legal. El tema no es menor, porque si la notificación de ésta no se realiza en la forma correcta el demandado no estará emplazado legalmente, con lo que, todas las actuaciones procesales que pudieren realizarse serán susceptibles de ser declaradas nulas.
Con todo, no sólo es necesaria la notificación de la demanda para que el demandado se encuentre legalmente emplazado, pues además, se requiere que transcurra el plazo que la ley señala para contestarla. Este plazo en el procedimiento civil ordinario es de 15 días más los que correspondan conforme a la denominada tabla de emplazamientos que permite adicionar días si el demandado debe ser notificado fuera de los límites de la comuna del tribunal, en un territorio diverso de éste o fuera de la República (Artículos 258 y 259 del Código de Procedimiento Civil)
El efecto más importante del emplazamiento consiste en que, una vez notificada la demanda y transcurrido que sea el término de emplazamiento, ya sea que el demandado conteste o no, queda formada la relación procesal entre las partes, esto es, desde ese momento nacen relaciones jurídicas de carácter procesal que vinculan a las partes entre sí y a éstas con el tribunal, obligando a este último a tramitar y fallar el proceso y a aquéllas a acatar todas las resoluciones del juez. En otras palabras, el emplazamiento es un factor de competencia, porque una vez formada la relación procesal se radica ante ese tribunal el conocimiento del conflicto jurídico (Artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales)
Atendida la particular naturaleza del proceso penal las consideraciones hechas en cuanto al emplazamiento sufren una importante modificación respecto de aquél. En efecto, en materia civil el demandado notificado tiene la carga procesal de contestar la demanda, pero puede no hacerlo si así lo desea; la imputación de cargos penales y la eventual aplicación de una sanción punitiva, en cambio, exigen la defensa obligatoria del imputado como requisito de validez del proceso seguido en su contra. Así lo dispone expresamente el artículo 103 del Código Procesal Penal. El único caso en el cual el imputado puede ser inicialmente condenado sin haber mediado defensa alguna es en el procedimiento monitorio. Sin embargo, su derecho a defensa se encuentra de todos modos a salvo, pues podrá reclamar la sentencia y, por esa vía, llegar a un procedimiento o a un juicio simplificado en el que se valdrá de la defensa técnica de rigor.
b) Notificación de un Recurso y Plazo de Comparecencia
Los principios generales del emplazamiento también se aplican para fijar la competencia del tribunal superior que debe conocer de un recurso interpuesto en contra de una resolución pronunciada por un tribunal inferior.
Para que la relación procesal pueda renovarse válidamente ante el tribunal superior debe notificarse en forma legal a las partes la resolución que concede el recurso interpuesto por alguna de ellas y debe transcurrir, además, el plazo para que las mismas comparezcan ante este último tribunal para seguir adelante con el recurso (hacerse partes)
Si no concurren ambos requisitos el tribunal no se encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto del fondo del asunto. Esto último queda claramente en evidencia en el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil cuando señala que si el apelante civil no comparece en segunda instancia dentro del término de cinco días el tribunal de alzada debe declarar desierto el recurso.
Si bien los principios expuestos precedentemente constituyen la regla general, dependiendo de la naturaleza de los recursos y de las materias en los que incidan, bien puede eximir la ley a los recurrentes de la obligación de comparecer ante el tribunal superior o ad quem en cuanto requisito de validez del recurso, tal como sucede, por ejemplo, con el recurso de nulidad regulado en el artículo 372 del Código Procesal Penal.