viernes, 24 de junio de 2011

Redes sociales y movimientos ciudadanos. ¿El regreso del leviatán?

                                      


Uno de los fenómenos globales más interesantes del último tiempo se relaciona con la irrupción de una serie de movimientos sociales que han hecho suyas las calles, las plazas, las universidades, colegios y otros lugares similares, exigiendo, a viva voz, profundos cambios en las más diversas materias.
La peculiaridad de este fenómeno radica en dos cosas: en primer lugar, se trata de un movimiento ciudadano genéricamente apolítico, pues sus miembros tienen en común el desprecio por la actividad de operadores a quienes consideran castas oligarcas desvinculadas de los problemas y demandas que plantean; en segundo término, estas protestas ciudadanas, en principio pacíficas, han logrado inéditas convocatorias masivas, a través de una perfecta coordinación mediante el uso de tecnologías de comunicación personalizadas inexistentes hasta hace muy poco tiempo. Me refiero a las redes sociales difundidas por internet, como facebook o twitter.
Lo que habría resultado imposible hace algunos años hoy puede conseguirse gracias a un punto de red o a algún equipo móvil con conexión remota a internet. La masificación de estos instrumentos y la disminución de los costos asociados a estas tecnologías han creado un verdadero enlace planetario que permite acceder en tiempo real a una cantidad inimaginable de información, como nunca antes en la historia de la humanidad. Se trata de tecnología amigable y desvergonzadamente democrática que permite la conectividad total, como la que consigue, día a día, mi madre de 80 años que vive en Chile al comunicarse vía skype con la casa de mi hermana en Hamilton, Canadá.
Lo anterior ha hecho posible que grupos, hasta ahora inorgánicos, hubiesen podido hacer contacto y facilitar la coordinación de sus demandas.
El movimiento de los indignados de España, motivados por la alta cesantía en la península ibérica, se tomó las calles y se expande a otros países, exigiendo la liberación del euro; en Egipto y varios otros países del medio oriente han proliferado las revueltas sociales azuzadas vía on line para liberalizar los sistemas monárquicos que gobiernan despóticamente, desde siempre; en Chile se han hecho frecuentes las marchas ciudadanas para exigir la cancelación del mega proyecto hidroeléctrico hidroaysen en la Patagonia, el cambio al sistema neoliberal de educación imperante (en este caso, con tomas de establecimientos, inclusive), la concreción del matrimonio homosexual, la masificación de la bicicleta, etc.; en fin, hace unos días atrás, Ciudad de México fue testigo de un meeting callejero llamado la “marcha de las putas”, en la que cientos de mujeres se manifestaron para exigir respeto a sus derechos y a su forma de vestir como parte de una campaña iniciada en Canadá y llevada a países latinoamericanos en contra de la violencia de género y el acoso sexual.
Este despertar inédito de demandas sociales y la forma de canalización de las mismas es algo bien conocido por los regímenes autoritarios. No es casualidad que el gobierno Chino ejerza un férreo control sobre internet; o que el acceso a la red ilimitada sólo esté operativo en Cuba para los jerarcas políticos confiables o para extranjeros residentes, según twitteó hace unos días atrás la conocida bloguera disidente, Yoani Sánchez. Ella misma twittea “a ciegas”, mediante un servicio telefónico de mensajería SMS, sin poder visualizar las respuestas de sus “seguidores”.
Con todo, el que la gente pueda manifestar en forma tranquila y públicamente sus demandadas ciudadanas no es ninguna novedad en los países democráticos. De hecho, en Chile la propia Constitución Política de la República reconoce como garantía individual el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, explicitando además, que las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, sólo estarán limitadas por las disposiciones generales de policía (Art. 19 N°13 CPRCH)
El caso es que el movimiento ciudadano al que me refiero obedece a características bien distintas al marco regulatorio expuesto, porque se ha transformado en un mecanismo que, potenciado a partir de su masificación, pretende influenciar incisiva y decididamente en políticas de Estado. En consecuencia, se trata de una corriente sólo superada por movimientos de ribetes revolucionarios. Es así, por ejemplo, como logró ser derrocado un gobierno en Egipto y se ha conseguido mantener en suspenso las decisiones políticas acerca de la matriz energética en Chile, ya que, en este último caso, no sólo está en cuestionamiento el proyecto hidroaysen; antes tuvo que intervenir el propio Presidente de la República para cancelar la construcción de una central termoeléctrica en el norte del país, a causa de las movilizaciones sociales. Lo propio ocurrió respecto del anuncio del cese de una serie de franquicias a la población de la austral Punta Arenas, respecto del consumo y distribución del gas natural producido en esa zona.
Es un hecho que estos estallidos sociales siempre son aprovechados por el lumpen y por los sectores anti sistémicos, como el anarquismo, para poner en práctica sus afanes delincuenciales o psicóticos, respectivamente. Sin embargo, me parece que el debate no puede agotarse en este punto, ya que el movimiento que nos ocupa es mayoritariamente pacífico y sus seguidores tienen perfecta claridad en cuanto a que en ello radica su legitimidad.
Como sea, también es un hecho que la generalidad de la clase política – gobernante u opositora – se encuentra sorprendida por este escenario que, en definitiva, ha puesto en jaque a todos los operadores políticos, quienes, en forma cada vez más reiterada comienzan a tomar decisiones erráticas en un intento de poner paños fríos a la situación.
Thomas Hobbes (1588 – 1679) es considerado uno de los principales filósofos políticos ingleses. En su libro Leviatán – parafraseando al monstruo bíblico – justificó el absolutismo como política ideal contra los males de la sociedad. El Estado es presentado como el instrumento que remedia el “estado de naturaleza”, conforme al cual, el hombre se ve envuelto en una situación de guerra de todos contra todos, donde no hay lugar para la paz y la armonía. Hobbes parte de la idea que el hombre, para subsanar una situación caótica y salvaje, establece leyes para la paz y el orden mediante un pacto o contrato social, en el que el poder se otorga a un solo hombre o a una asamblea de hombres, el Estado o Leviatán, que aúna todos los poderes individuales y es soberano absoluto. El Estado, por tanto, pese a ser artificial y contrario a la naturaleza humana, es considerado un mal menor, y garantiza la supervivencia y la paz entre los hombres a costa de perder autonomía y libertad individual.
¿Por qué traer a Hobbes a este posteo? ¿Acaso la solución a estos movimientos sociales – supuesto que sean un problema – es que los gobiernos pongan “mano dura” y restablezcan la paz social? En absoluto. Lo que Hobbes nos podría dejar como enseñanza es que el ser humano es esencialmente egoísta y conflictivo: por esto, precisamente, existe el Derecho. Ahora bien, el reconocimiento de las libertades individuales constituye una necesidad en los Estados modernos y democráticos, pero, al mismo tiempo, la anarquía ciudadana jamás ha sido y jamás será el contexto en los que florezcan los países desarrollados.
Hobbes tiene razón cuando dice que los seres humanos debemos consensuar en ciertas autoridades que nos gobiernen y respetarlas como única forma de resolver el individualismo innato a nuestra raza. El hecho que la tecnología pueda hoy poner en contacto a un interminable número de personas facilita, sin duda, la canalización de demandas sectoriales de diversa naturaleza. Sin embargo, no todas las demandas sectoriales pueden acogerse en una sociedad y no por eso existe legitimidad para salir a gritar a las calles exigiendo justicia. La democracia no sólo se construye gritando con pancartas, sino que, al mismo tiempo, pero especialmente, forjando referentes políticos que sepan canalizar las verdaderas opciones de la ciudadanía. Como ejemplo, una paradoja: en Chile existen alrededor de tres millones de jóvenes en condiciones de votar y sencillamente no hacen uso de ese derecho, porque no les interesa, en circunstancias que podrían conformar una fuerza política avasalladora.
Me parece, entonces, que los movimientos sociales globales obedecen a un mismo patrón de conducta: personas, en su mayoría jóvenes, empoderados por las herramientas que otorga hoy la tecnología y decepcionados de los sistemas políticos que no representan los intereses de las mayorías. No se trata de un movimiento que podamos necesariamente encasillarlo en ideologías políticas, ya que suelen ser transversales. Sus temas de interés ya no son las cuotas políticas como antaño, sino los desafíos nuevos que enfrenta nuestra sociedad: la ecología, el respeto a las minorías, a las mujeres, a los discapacitados, el derecho al trabajo y a la educación de calidad, a la participación ciudadana, etc. Se trata, entonces, de un problema vinculado a la representatividad de los operadores políticos, quienes, me parece, debieran ser los principales preocupados con este asunto.
Los indignados españoles gritaban hace unos días atrás en una plaza que su interés está en “refundar la democracia”. Refundarla, me parece, significa hacerla más participativa; en caso alguno implica una renuncia a las autoridades, ya que, creo, son esenciales para la estabilidad de la sociedad. Ningún país logra la seguridad que todos anhelamos cuando sus ciudadanos reclaman inorgánicamente por todo. Como ejemplo, un país cuya cultura admiro: Argentina. Pudiendo ser una potencia económica y cultural en Latinoamérica, se ha transformado en un universo abrumado por el populismo como único medio de condescender con la gran mayoría de la población que no está dispuesta a renunciar a los subsidios estatales implementados hace décadas por Juan Domingo Perón, aunque eso signifique la ruina de la hacienda pública y el efecto dominó subyacente. Se trata, en suma, de una sociedad piquetera.
Las demandas ciudadanas pacíficas son legítimas como medio de profundizar la democracia. Es un imperativo ético que los operadores políticos estén inmensamente atentos a aquéllas exigencias. Sin embargo, la protesta callejera siempre debe ser reconducida a los canales de la política formal y representativa. Como decía Hobbes, el Estado es el instrumento que remedia el “estado de naturaleza” en el que el hombre se ve envuelto en una situación de guerra de todos contra todos, donde no hay lugar para la paz y la armonía. Esencialmente, en esto consiste el Derecho.

viernes, 3 de junio de 2011

La reforma al proceso civil. La evolución que faltaba



La Comisión designada en conjunto por el Ministerio de Justicia y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para la elaboración de un proyecto de nuevo Código Procesal Civil propuso ciertas bases de trabajo para la redacción posterior de un nuevo Código. Se consideró que, de esta forma, sería posible poner en práctica de mejor manera la normativa sustantiva contenida en el Código Civil de Bello.
Conforme con lo antes expuesto, los primeros esfuerzos de la Comisión estuvieron dirigidos a estructurar una propuesta de bases, las que posteriormente fueron debatidas por un foro especialmente designado por el Ministerio de Justicia. Concluido dicho trabajo se contó con los criterios fundamentales para la elaboración de un nuevo Código Procesal Civil para Chile, el que ya ha sido sometido por el Ministerio de Justicia a la aprobación del Congreso Nacional.
Desde el inicio de la discusión sobre el tema se partió del supuesto que nuestro sistema de justicia civil se encuentra en una profunda crisis, la que, sin embargo, no alcanza la magnitud de la que se presentaba en materia penal antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal.
Es un hecho que el proceso civil tampoco se ajusta actualmente a las necesidades de la sociedad chilena que busca acercarse a los ordenamientos jurídicos procesales más desarrollados.
Tan sólo basta medir la eficacia del proceso civil chileno para apreciar la dimensión del problema. A menudo los usuarios del sistema de justicia civil en Chile piensan que nuestra justicia es lenta. Con todo, el que algunas causas de mayor complejidad puedan alcanzar una duración superior a los diez años y que la gran mayoría de las que se tramitan en un juicio ordinario no terminen, si se interpone el recurso extraordinario de casación, antes de los cinco años en la Región Metropolitana, nos presenta una situación insostenible en una sociedad moderna. Esta situación choca frontalmente con el anhelo y el deber de contar con una justicia civil pronta y eficaz y con el respeto de la noción de debido proceso, consagrada en el artículo 19 Nº3 de la Constitución. No es posible aceptar un juicio que vulnere una garantía básica como es la noción de un proceso sin dilaciones indebidas (plazo razonable), sin perjuicio que hoy es cada vez más común en la dogmática procesal entender que la idea de justicia tardía es equivalente a la de justicia denegada, pues este estado de cosas conduce a desconocer los derechos de las personas al no lograr el tribunal impartir una justicia pronta y eficaz.
Una vez que Chile logró su emancipación, hace ya 200 años, uno de los primeros retos que abordaron las autoridades de aquel entonces fue elaborar la nueva normativa que debía regir en la aquella entonces joven república. La idea de efectuar una codificación civil a la usanza de la que se estaba desarrollando en el viejo continente, si bien atraía a nuestros autores, no pudo materializarse en la primera mitad del siglo XIX. Primero hubo que ordenar la República, dotarla de las necesarias leyes institucionales, de sus respectivas constituciones para poder progresar en lo segundo. Una vez ordenado el país se emprendió la tarea de avanzar en la codificación que debían regir en el nuevo Estado. Si bien la idea original fue codificar, en primer término, las leyes procesales, la realidad mostró que ello debía esperar el avance de la legislación sustantiva. Así, promulgados durante la segunda mitad del siglo XIX los respectivos Códigos Civil (1855), de Comercio (1865) y Penal (1873), recién en el inicio del siglo XX entraron en vigor los respectivos códigos procesales: en 1903 el actual Código de Procedimiento Civil y en 1907 el antiguo Código de Procedimiento Penal.
En relación con el Código de Procedimiento Civil pese a que él surge ya iniciado el siglo XX, sus raíces indiscutiblemente se remontan al proceso común del siglo XIII. En términos generales, este código no es sino el resultado de siglos de evolución del solemnis ordo iudiciarius, el antiguo modelo del proceso civil escrito que fue el procedimiento que se aplicó durante casi cuatrocientos años en el Chile colonial. Efectivamente, nuestro Código de Procedimiento Civil responde principalmente al modelo fijado por la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855. Es decir, al viejo procedimiento recogido en las Partidas de Alfonso X “el sabio”, se agregó, por influencia del liberalismo del siglo XIX, el principio de la absoluta pasividad del juez en la conducción del proceso y en la producción de la prueba.
Por otro lado, se debe destacar que al mismo tiempo en que nuestro legislador histórico procedía a la codificación de nuestra legislación procesal civil instaurando un modelo propio de siglos anteriores, en la Europa continental comenzaba el movimiento de reforma del proceso civil con los primeros trabajos de los profesores centroeuropeos Wach (Alemania) y Klein (Austria). El movimiento de reforma buscó el aumentar los poderes del juez, dejando éste ser un mero espectador en el juicio; además, se fortaleció el predominio de la oralidad (por ende de la inmediación y concentración) y de la publicidad del juicio. Las primeras manifestaciones legislativas de este movimiento fueron las Ordenanza Procesal Civil alemana (ZPO) de 1877 y la austriaca (ÖZPO), la que data de 1895. Con posterioridad, dicho movimiento continuó ampliando su ámbito de influencia hacia los países mediterráneos. Específicamente en uno de ellos encontró gran repercusión: Italia. Allí bajo el influjo de nombres como Carnelutti, Chiovenda y Calamandrei, se dictó en 1940 un nuevo Código de Procedimiento Civil que recogía todas las nuevas orientaciones doctrinales.
Hoy la tendencia no sólo se ha afianzado, sino que ha comenzado una segunda generación de reformas al modelo de justicia civil, que apuntan, por un lado, a bajar el costo del procedimiento y así lograr un expedito acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos. Por otro lado, este movimiento se ve fuertemente influido por una realidad que afecta no sólo al derecho procesal, sino que al Derecho en su conjunto como fenómeno cultural. Dicho fenómeno no es otro que el de la globalización, la que produce la llamada internacionalización del proceso civil. Un ejemplo de ello es la Unión Europea en la cual se hacen grandes esfuerzos, no sólo por la armonización de la legislación procesal civil, sino también por crear un proceso civil europeo común.
Sin embargo, en nuestro país el modelo adoptado por el Código de Procedimiento Civil, desde sus inicios, mostró sus insuficiencias por lo que al poco andar la normativa procesal civil hubo de sufrir alteraciones. La ley N° 2.269, de 15 de febrero de 1910 y la ley N° 3.390, de 15 de julio de 1918, introdujeron importantes modificaciones al articulado del en aquél entonces joven código. En la exposición de motivos de la última de las leyes referidas, se expresaba la justificación de las enmiendas propuestas que no eran otras que arbitrar un medio que ponga término inmediato a la demora con la que en ese entonces se estaban resolviendo los litigios. Más recientemente, pueden verse las importantes reformas llevadas a cabo por las leyes 18.680, de 11 de enero de 1988; 18.705, de 24 de mayo de 1988; 18.776, de 18 de enero de 1989; 18.804, de 10 de junio de 1989; 18.882, de 20 de diciembre de 1989; 19.047, de 14 de febrero de 1991; 19.114, de 4 de enero de 1992; 19.158, de 31 de agosto de 1992; 19.225, de 22 de junio de 1993; 19.317, de 8 de agosto de 1994; 19.334, de 7 de octubre de 1994; 19.374, de 18 de febrero de 1995; 19.382, de 24 de mayo de 1995; 19.411, de 20 de septiembre de 1995; 19.426, de 16 de diciembre de 1995; 19.515, de 30 de agosto de 1997; 19.594, de 1 de diciembre de 1998; 19.743, de 8 de agosto de 2001 y 19.806, de 31 de mayo de 2002.
Como se aprecia, la historia del Código de Procedimiento Civil, durante los últimos veinte años, ha estado marcada por los constantes intentos de adaptar el viejo sistema a los nuevos desafíos y requerimientos de la justicia, sin que ninguno de dichos intentos haya resuelto verdaderamente el problema.
Todo lo anterior lleva a concluir que no se necesita efectuar una nueva reforma al actual Código de Procedimiento Civil, cuyo Mensaje data de 1° de febrero de 1893, sino que ir derechamente a la elaboración de un nuevo Código Procesal Civil, en el cual se reconozcan los principios que la moderna doctrina procesal reconoce como aquellos, que permiten al tribunal, en forma razonada y fundada, determinar los hechos a través del sistema de la sana crítica, para llegar a entregar en forma más simple a los ciudadanos una justicia civil más pronta y eficaz.
La estructura del nuevo Código Procesal Civil, ciertamente, será similar a la utilizada por el Legislador en el Código Procesal Penal del año 2000. En efecto, la Comisión de Estudio estimó conveniente que el proyectado Código tenga seis libros en los cuales se abordarán las diversas materias que conforman cada uno.
El libro primero se ocuparía de las disposiciones generales relativas a los juicios civiles. Bajo este título se deberá abordar materias tales como: principios generales, de la comparecencia y actuación en juicio; de la acumulación de acciones y de procesos, de los plazos, de las notificaciones, de las resoluciones judiciales, de la abstención y recusación, de las actuaciones judiciales, de los incidentes, de la nulidad procesal, de la cesación de las actuaciones judiciales y de la caducidad de la instancia, de las costas, y, de las medidas cautelares reales.
El libro segundo se ocupará de los procesos declarativos. En este apartado se deberán tratar las materias siguientes: Las disposiciones comunes a los procesos declarativos, el juicio ordinario y el juicio sumario,
En el libro tercero del Código se abordará el tema de la ejecución forzosa. En esta parte se tratarán: los títulos ejecutivos, la ejecución provisional de resoluciones judiciales, las disposiciones generales de la ejecución, la ejecución dineraria y la ejecución no dineraria.
Lo que se persigue es la simplificación de los procedimientos, contemplándose no más de dos procedimientos básicos declarativos y ejecutivos, sin perjuicio de recoger respecto de ellos determinadas normas especiales sólo cuando la peculiaridad de la pretensión que se haga valer imperiosamente lo exija.
El libro cuarto tendría por título, los procesos especiales. Aquí se tratarán temas tales como, los interdictos posesorios, el juicio monitorio (que también se reproducirá en materia civil, tal como hoy ocurre en materia laboral y penal), etc.
El libro quinto trataría de los recursos, de la rebeldía y de la rescisión de la sentencia firme; de la nueva audiencia al demandado rebelde y la revisión de las sentencias firmes.
El sexto y último libro se dedicará a los asuntos judiciales no contenciosos.
En el aspecto formal se mantendrá la tendencia del Código Procesal Penal de colocar títulos a los artículos del Código, cuya técnica permite que el cuerpo legal sea más accesible para los legos. De esta manera, se ayuda a que la ciudadanía en general pueda entender en mejor forma el nuevo sistema de justicia civil, aumentar la confianza que la población tiene en el Poder Judicial, y lograr para el adecuado funcionamiento social que se brinde una pronta protección a la ciudadanía frente al desconocimiento de los derechos, en la medida en que sea el proceso la solución a la que hay que recurrir para alcanzar ese logro.
Como técnica legislativa se propenderá a la redacción del mínimo de preceptos legales en atención a que los códigos modernos escapan a los de carácter enciclopédico que nos regían antiguamente, contemplándose en ellos una multiplicidad de procedimientos y una gran cantidad de preceptos, que más que facilitar la solución de los conflictos tienden por su complejidad, a alejar el proceso de la comprensión de la gente.
Con esta estructura, técnica legislativa y propósito de redacción, se logra respetar la postura que ya se adoptó por parte de nuestro legislador respecto del Código Procesal Penal, y por otra parte, se permite unificar los criterios para permitir la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en aquellas partes en las cuales se presente un vacío normativo y exista una remisión del proceso penal a la legislación procesal común, que se encuentra representada por la procesal civil.
Tampoco se abordará la regulación de materias que no obstante estar entregadas a la justicia ordinaria civil, ellas se han normado siempre fuera del Código de Procedimiento Civil, como acontece particularmente con los procesos concursales.
Finalmente, se propiciará la mantención de iniciativas legislativas en rigor de reciente data y que se encuentran en la línea que se persigue con la promulgación del nuevo Código Procesal Civil, como acontece, a titulo ejemplar, con la ley que aprobara el arbitraje internacional y la tramitación administrativa de las posesiones efectivas intestadas por parte del Servicio de Registro Civil.