viernes, 14 de enero de 2011

El futuro de la profesión de abogado. Una reingeniería necesaria.



Nací en una ciudad pequeña. Recuerdo, cuando niño, que bastaba con ser abogado para tener asegurado el ejercicio de la profesión y un buen pasar económico. Eran tiempos en el que el acceso a la universidad estaba restringido a muy pocos.
En este contexto, las pocas escuelas de derecho que existían pudieron darse el lujo, en forma habitual, de contar en sus salas de clases con alumnos de envidiable calidad y acervo cultural, cuestión que potenció, infinitamente, la formación de los nuevos abogados. Como contrapartida, la baja competitividad del mercado laboral hizo que muchos abogados se “durmieran en los laureles” una vez titulados, gatillándose de este modo, un medio laboral muchas veces monótono, con altísimos honorarios asociados para el cliente y con bajos índices de especialización y de capacitación de post grado. En las provincias, el abogado solía ser una suerte de “médico de pueblo”, esto es, experto en todo, pero en poco o nada en profundidad. La verdad, es que tampoco era necesario agobiarse, porque la sobredemanda garantizada de clientes no actuó como un factor de incentivo al emprendimiento. Así que, salvo el caso de profesionales personalmente inquietos o el de aquellos que desempañaban funciones verdaderamente exigentes, la profesión de abogado se ejercía sin grandes sobresaltos laborales y económicos.
La flexibilización de las políticas educacionales destinadas a “democratizar” el acceso a la educación superior posibilitó la incorporación al mercado educacional a una serie de universidades nuevas, mayormente privadas, e instó al Estado y a la banca privada a ofrecer créditos de largo plazo que facilitaron el ingreso a la universidad de quienes, probablemente, jamás podrían haberlo hecho en el pasado. Este diagnóstico se deduce de constatar que las dos barreras históricas para el acceso a la universidad (medios económicos / méritos académicos) fueron sorteadas por el nuevo modelo educacional.
Lo anterior, ha producido un doble efecto. Por un lado, en apariencia, la educación superior no constituye hoy el patrimonio de una elite económica y/o intelectual, sino una alternativa para amplios sectores que, históricamente, estuvieron excluidos de ella. Por otro lado, aumentó exponencialmente el número de profesionales en el mercado, produciéndose de este modo, áreas de saturación en los servicios, pérdida del promedio de calidad en la formación de los alumnos al egreso y una reducción drástica del ámbito laboral y en el promedio de los ingresos económicos de los nuevos profesionales, en relación a las proyecciones que tuvieron sus pares hace 30 ó 40 años atrás.
La abogacía no está ajena a este escenario, de modo que, la realidad que conocí de esta actividad cuando niño hoy no es más que el producto del pasado que yace en el mismo lugar en que duermen mis viejos juguetes al interior de un baúl apolillado.
Hace unos días atrás, mientras conversaba con un colega en uno de los pasillos de la universidad en la que hago clases, me decía que le incomoda el actual escenario del ejercicio profesional de abogado. Precisamente, por las razones que ya he señalado y, básicamente, porque a menudo se transforma en un oficio incierto, sometido a altas exigencias que, muchas veces, no es retribuido del modo que debiere.
Y es que el ejercicio de la profesión de abogado también se ha transformado en un terreno agreste. No sólo para los nuevos, sino también para aquellos abogados que llevan años de ejercicio y contemplan asombrados cómo la dogmática legal cambia día a día a pasos agigantados, sufriendo verdaderas expropiaciones de los conocimientos que cultivaron desde siempre y que con cada reforma legal se van al tarro de la basura. En el mismo sentido, la hostilidad del mercado laboral suele producir abogados mucho más agresivos y competitivos que antaño. Se trata de un simple mecanismo de defensa destinado a la sobrevivencia del novato en el ambiente jurídico en el que se inicia.
Al mismo tiempo, estos nuevos abogados, cada vez más, buscan compensar la aridez de los programas del pregrado y ganarse una ventaja comparativa respecto de los “viejos”, abrazando estudios de post grado en universidades nacionales o extrajeras. Es curioso, pero parece haber acá una nueva reedición de la antigua fórmula descrita que intentó eliminar la masificación de los estudios superiores según criterios económicos y/o de méritos académicos. Claro está, porque las universidades más prestigiosas que imparten los mejores programas de post grado no reciben a cualquier alumno ni cobran una minucia por sus servicios educacionales. En esta misma línea argumentativa, otras veces ha sido el mismo mercado o la propia ley los que han establecido criterios restrictivos para el acceso de los abogados a ciertos cargos o funciones, como ocurre con las pruebas de habilitación ante la barra de abogados o los programas de post grado impartidos por las academias diplomáticas o judiciales, entre otros.
Así es que, por lo visto, la llamada “democratización” de la educación superior sólo lo es en los tramos más básicos, pero el modelo mantiene las mismas facilidades para que la educación de excelencia no sea sino el refugio de una elite económica y/o intelectual claramente minoritaria. Tal como lo explicaba hace muchos años el Doctor Alejandro Guzmán Brito en una de sus clases en la Universidad Católica de Valparaíso, estos fenómenos gatillan la conformación de una suerte de “proletariado profesional” al interior del cual sobresale una pequeña elite de abogados que son los que, verdaderamente, hegemonizan los cargos y funciones más relevantes.
¿Y no es obvio que esto ocurra? Salvo las restricciones por razones de orden económico que, por sí mismas, son discriminatorias, me parece razonable afirmar que jamás podrá esperarse estándares educacionales idénticos entre los abogados, simplemente, porque hay profesionales más competentes e inteligentes que otros. La ley debe garantizar la igualdad de oportunidades y no estandarizar competencias que no son reales. Es por esta razón, por ejemplo, que muchos buenos profesionales cubanos han dejado la isla al no aceptar que todos ganen lo mismo. No se trata de una reacción egoísta, sino un imperativo de justicia y cordura.
Sin embargo, mi objetivo no es describir un panorama desolador, ya que los vertiginosos cambios que hoy experimenta el mundo del Derecho hacen que el ejercicio de la profesión de abogado tenga varias aristas. A vía ejemplar, podría decir que la obtención de un título de post grado “de peso contundente” en una universidad prestigiosa, por ejemplo, extranjera, no garantiza el éxito profesional, ya que el dinero, el tiempo y el esfuerzo invertidos, suelen desvincular a los jóvenes abogados de los contactos laborales necesarios para obtener empleos que se condigan con el sacrificio desplegado. Además, estos títulos, en alguna medida, se han masificado en relación al escenario existente años atrás, de modo que los post grado en universidades prestigiosas no siempre conducen a la obtención de empleos remunerados de la forma que se creía cuando se tomo la decisión de profundizar o especializar los estudios de Derecho.
Reconozco que el asunto es complejo y no pretendo agotar el tema en este breve posteo. Sin embargo, si algo tengo sumamente claro, es que el ejercicio de la profesión de abogado ya no puede sujetarse a los cánones ancestrales, salvo claro, que se desee terminar de “picapleitos” o “tinterillo”.
Por estas consideraciones, me parece que el abogado que desea ser dignamente exitoso en esta profesión debe, por estos días, plantearse sobre la base de una reingeniería de los conocimientos proporcionados en el pregrado. Como diría un experto en autoayuda, hay que saber reinventarse a partir de un análisis de la situación actual y de la posterior implementación de los cambios que se adecuen a estas nuevas circunstancias. Este proceso de análisis y reestructuración debe ser permanente si se quiere ser exitoso, porque ya no sirve “dormirse en los laureles” como los abogados de antaño. En efecto, cualquier mozalbete recién titulado, pero inteligente y con buenas ideas, puede derribar de un plumazo a una “vaca sagrada”. Para comprobarlo, basta con ir a una audiencia oral ante un tribunal para ver como “connotados abogados” pueden llegar a ser ridiculizados por jóvenes contrapartes que dominan a la perfección algunas técnicas de litigación aplastantes.
La reingeniería debe comenzar en los estudios de pregrado de la universidad, cuestión nada fácil, porque los abogados tradicionalmente hemos sido conservadores y la innovación constante no forma parte de la esencia de la profesión. En consecuencia, a lo evidente deben agregarse diversas cosas nuevas. Por lo evidente, entiendo la comunicación de los contenidos curriculares necesarios para que los futuros abogados puedan comprender y desempeñar este oficio de forma eficiente. Este traspaso de información debe concretarse a través de técnicas idóneas, tales como: utilización de TICS en el aula, supresión de las clases dictado, reemplazándolas por lecturas guiadas y apuntes confeccionados por los propios docentes; masificación de las clínicas jurídicas y de los talleres de discusión de casos y jurisprudencia en todos los ramos; consolidación de los talleres de teatro, debate y simulación de audiencias; implementación obligatoria de talleres de actualidad nacional e internacional, innovación y emprendimiento; empleo de diversas técnicas de evaluación de los alumnos, a fin de incentivar el desarrollo de competencias globales ( orales, escritas de desarrollo, escritas objetivas, trabajos prácticos, uso de aula virtual, blogs u otros, desarrollo de videos atingentes a los diferentes ramos mediante el soporte youtube, etc.) ¿Parece excesivo? En absoluto, es perfectamente posible. Esta es la única forma de trasmitir a los alumnos del pregrado que ser abogado hoy no es sólo recordar información y saber aplicarla a casos concretos. El germen transmitido en la escuela de derecho servirá para que los alumnos, más tarde abogados, consideren la innovación como algo inherente a la profesión.
Ahora bien, una propuesta para la reingeniería de la profesión en el caso de los abogados, ya en ejercicio, pasa por hacerse cargo de los mismos ámbitos expuestos, a propósito de la formación del pregrado.
En primer lugar, el proceso de aprendizaje de la dogmática jurídica ha de ser permanente. Quedaron atrás los tiempos en que a la universidad se asistía una sola vez en la vida. Esta capacitación debe estar orientada, preferentemente, a la especialización en una sola área del derecho y habrá de concretarse a través de estudios de grado, como el magister o doctorado, o, sencillamente, mediante la recapitulación exprés vía diplomado. Este ejercicio, en especial el último de los descritos, debiere ser una práctica más o menos frecuente, según sea necesario. Por lo demás, dudo que en el futuro existan las universidades presenciales como las concebimos hoy, cuestión que facilitará aún más el retomar los estudios en “universidades” ubicadas en diversos lugares del planeta a partir de plataformas que utilicen internet o la tecnología que reemplace a esta última.
Por otro lado, es evidente que los avances tecnológicos, la globalización, la evolución moral y cultural de los países, los cambios laborales, energéticos, demográficos y climáticos, entre muchas otras más consideraciones, han creado la necesidad de contar con expertos en la resolución de los conflictos jurídicos asociados a estas nuevas realidades. Hay aquí un enorme campo que debe ser explorado y explotado por los nuevos abogados. Lo que quiero decir es que no imagino a un abogado prestigioso del futuro dedicado exclusivamente a tramitar cobranzas judiciales y a redactar minutas de escrituras públicas. Los conflictos de aguas, los derechos de los inmigrantes, de los pueblos indígenas y de las minorías sexuales, la regulación antimonopólica del mercado, el derecho minero, la regulación de las tecnologías de la comunicación a distancia y el respeto a la individualidad, los derechos vinculados a la ancianidad (el futuro masivo que nos espera), la contratación internacional y, tantas otras materias, son ejemplos de las nuevas tierras que deben comenzar a conquistar los nuevos abogados.
En todo este escenario, tampoco concibo a un abogado desvinculado de la realidad en la que vive, ya que es precisamente ella la que lo nutre de los conflictos que probablemente deberá asumir. Esta integración se logra a través de la prensa, de la participación en foros civiles y políticos, en la utilización de redes sociales de internet y mediante cualquier otro medio que lo informe de lo que sucede a su alrededor. Esta “internalización social” permite, al mismo tiempo, descubrir nuevos ámbitos respecto de los cuales proyectar la actividad profesional.
Me parece que una reingeniería de la profesión de abogado también exige de una actualización tecnológica, pues el destino de nuestra sociedad se verá notablemente determinado por este aspecto. Esta actualización debe ser funcional a las necesidades laborales del abogado. Es decir, la tecnología por la tecnología no sirve; se requiere imaginar cómo puede ella facilitar nuestra profesión y, eventualmente, servir para crear una diferencia comparativa respecto de otros profesionales. Por ejemplo, podemos diseñar una página en la web dotada de las herramientas necesarias para que se transforme en nuestra “oficina virtual”. De este modo, podría establecerse el contacto con los potenciales clientes, agendar reuniones y entrevistas, realizar transacciones, etc. sin necesidad de contar con una oficina física permanente, ahorrando todos los gastos asociados a ésta.
La materia prima existe. Sólo se requiere de la capacidad de innovar y abandonar la vieja práctica decimonónica de los abogados que esperan sentados en su oficina a que su secretaria haga pasar al cliente que aguarda en la sala de espera.

Lanzamiento del libro "Abono de la prisión preventiva en causa diversa. Deconstrucción de una teoría dominante". Red UC 04/Octubre/2017

El texto analiza la procedencia del así llamado “abono de la prisión preventiva en causa diversa” en el derecho vigente. Frente al ...