jueves, 30 de diciembre de 2010

Santiago Astrain, colonianismo europeo y derecho extraterrestre





El 4 de junio de 2008 falleció en Gaithersburg, Maryland, E.U.A., Santiago Astrain, primo hermano, por la vertiente de mi abuelo Florentino. Entre sus méritos está el haber sido el primer jefe ejecutivo de Entel Chile, el primer director general de Intelsat y un pionero en el desarrollo de satélites de comunicaciones geoestacionarios. Cuando fue galardonado en junio de 2001 con el premio “Lifetime Achievement Award Arthur C. Clarke”, durante una conferencia realizada en memoria de Werner von Braun en el Smithsonian Air and Space Museum, el Presidente de la Fundación Arthur C. Clarke, recordó que “el ingeniero Santiago Astrain fue uno de los primeros en contribuir a la creación de Intelsat, la primera organización internacional para facilitar las telecomunicaciones por satélite en todo el mundo, haciendo realidad la ficción de Sir Arthur C. Clark en 1945 cuando imaginó una red internacional para conectar a la gente y a los países del mundo”. Sí. El mismo C. Clarke que, años más tarde, sería el coguionista de la célebre película de Stanley Kubrick “2001: Una odisea del Espacio”.
Por esas vicisitudes que suelen suceder en las familias, por una cuestión de orden generacional y por haber transcurrido la principal parte de su carrera fuera de Chile, nunca conocí al primo Santiago. Sin embargo, mi madre solía hablar de él, de modo que se transformó en mi imaginación de niño en una suerte de súper héroe galáctico que coordinaba desde su oficina en Washington las redes satelitales necesarias para implementar el sistema de comunicaciones globales que hoy forma parte de nuestra cotidianeidad, internet incluido.
Quizás sea ésta la causa inconsciente de mi interés desmedido por los temas relacionados a la exploración espacial. Probablemente, habría que añadir a esto la feliz coincidencia de ser Chile un lugar privilegiado en el planeta en lo que dice relación a la implementación de varios de los principales proyectos tecnológicos destinados a la tele exploración espacial. Las particularidades del desierto de Atacama, lugar donde se ubica gran parte de estas instalaciones, también han contribuido en el último tiempo a utilizar sus arenas como centro de experimentación para misiones al planeta Marte.
Precisamente, por estos días se informó a nivel mundial que científicos chilenos y de otros países construirán en el desierto de Atacama, con la finalidad de simular una colonia espacial, plataformas de lanzamientos móviles e invernaderos como si se estuviera en aquel planeta. El emplazamiento ( el llano de Chajnantor), cercano al observatorio de la ESO denominado “Atacama Large Millimeter/submillimeter Array” (ALMA), fue escogido por tratarse de una zona reconocida por la comunidad científica internacional como una de las más parecidas a Marte en la Tierra, con radiación solar y temperaturas extremas, baja humedad y fuertes vientos. Entre los impulsores del proyecto están la NASA, Mars Society, el Instituto SETI, la agencia espacial de China y más de 40 empresas que prestan servicios a la investigación y la carrera espacial estadounidense.
Parece ser, entonces, que los sueños a los que nos han transportado los comics, las novelas y las películas desde hace unas décadas, lentamente, han dado paso a un formidable desarrollo tecnológico impulsado por las naciones que cuentan con los recursos para ello, posibilitándose de este modo, que los sueños concretados años atrás por personas como mi primo Santiago, sean la base para innumerables nuevos logros relacionados a la exploración del espacio extraterrestre.
Los nuevos conocimientos científicos obtenidos por las estaciones terrestres de rastreo y observación, así como también, la flotilla de sondas de varios países que han comenzado a inspeccionar y mapear a nuestros vecinos cósmicos más próximos, me llevan inexorablemente a asociar esta fase del desarrollo de la raza humana con el tiempo de las exploraciones europeas de ultramar hacia el término de la Baja Edad Media. Con un par de grandes salvedades: la tecnología desarrollada es infinitamente más sofisticada y los “nuevos mundos” a descubrir transformarán para siempre nuestra cultura, pues, no me cabe duda, que, como lo sostuviera hace unos meses atrás el físico inglés Stephen Hawking, la esperanza de sobrevivencia de nuestra raza únicamente se encuentra en la capacidad que se tenga para colonizar nuevos planetas.
Lo maravilloso de esto, pero, a la vez, insospechado por sus consecuencias, es que esta búsqueda necesariamente nos conducirá en algún momento a “hacer contacto”, ahora, no con los “pueblos indígenas” (como se les llamó por los europeos) sino con las huellas arqueológicas de nuestros ancestros extraterrestres o con sus actuales descendencias. Estoy absolutamente convencido de esto; sólo es cuestión de tiempo, ya que, a diferencia de lo que han pregonado por siglos las religiones antropológicas, no tengo duda que el universo es un lugar maravillosamente colmado de vida.
Para que nos podamos hacer una mínima idea de todo esto que vengo afirmando, he colocado al inicio de esta entrada una fotografía digital de una “puesta de sol”. Sin embargo, la mirada más experta podrá advertir que el diámetro del tamaño del “astro rey” aparece más pequeño de lo acostumbrado. La explicación a ello se encuentra en que dicha “puesta de sol” no fue captada en la Tierra, sino en Marte, por la cámara panorámica del Robot Opportunity el 5 de noviembre de 2010 en las llanuras de Meridani Planum.
A diferencia de lo que podría pensarse de un modo inocente, la exploración espacial no constituye una simple curiosidad científica. Por el contrario, implica, para los Estados que pueden llevarla adelante, un imperativo político, una estrategia de sobrevivencia como lo ha sostenido Hawking y una necesidad económica de búsqueda de minerales y de otros recursos que han comenzado a escasear en la Tierra. En este sentido, con los actuales índices de población y crecimiento productivo del planeta no es posible visualizar un futuro capaz de proveer lo necesario. Por lo menos, manteniéndose el mismo modelo económico globalizado y el mismo estándar de desarrollo material de la civilización. Muy por el contrario, todo hace pensar que estos factores mantendrán un estado de avance sostenido, agotándose gran parte de los recursos no renovables por su sobre explotación.
El ejemplo más dramático que se me viene a la cabeza de lo que digo, lo representa la cultura Rapa Nui, desarrollada en la Isla de Pascua, (polinesia chilena) ubicada exactamente en medio de la nada. La barrera brutal que les impuso el océano (el cosmos, en el caso que parafraseo) los condujo prácticamente al exterminio, de no haber sido, por la llegada de los primeros navegantes europeos. Con esto no quiero decir que el contacto con los europeos mejoró la vida de la cultura Rapa Nui, sólo quiero significar que, de no haber llegado a tiempo, los habitantes de esta isla se habrían extinguido de modo irremediable.
La paradoja consiste en que, no encontrándose todavía resueltos en muchos lugares del planeta varios de los derechos conculcados a los pueblos originarios a partir del expansionismo europeo iniciado en la Baja Edad Media, los Estados con los medios materiales para ello, se han embarcado ahora en la empresa formidable que significa la colonización del espacio extraterrestre. Podrá discutirse la idoneidad de este emprendimiento, precisamente, a causa de los graves problemas sociales que existen en muchos lugares de la Tierra y que desde esta óptica serían prioritarios; sin embargo, las decisiones ya fueron tomadas y el proceso exploratorio es, en mi opinión, irreversible.
Esta nueva realidad viene preocupando desde hace ya bastante tiempo al mundo de Derecho, especialmente al seno de la ONU. En gran medida, la discusión nace de constatar la existencia de una actividad exploratoria bastante avanzada y el devenir irremediable de conflictos jurídicos entre los países involucrados. ¿La toma de posesión de nuevos planetas o asteroides mediante la clásica colocación de la bandera de los recién llegados, como ha ocurrido en la Luna por parte de E.U.A., significa revivir los derechos pretendidos por los colonizadores europeos en la Baja Edad Media? ¿O, por el contrario, existen derechos que constituyen una suerte de patrimonio general de la humanidad como ha ocurrido en alguna medida hasta ahora con las tierras antárticas? ¿Quién tendrá derecho a la exploración y a la explotación minera de los yacimientos extraterrestres? ¿Qué instancia resolverá los conflictos jurídicos ya desencadenados? ¿Cómo puede garantizarse la ejecución de las decisiones resolutivas a millones de kilómetros de la tierra?
Tengo para mí, que estos temas son nebulosos sólo en apariencia, ya que serán resueltos en forma política, tal como lo han sido hasta ahora los conflictos en nuestro planeta. En otras palabras, existan o no convenciones internacionales en la Tierra destinadas a resolver estos temas, los Estados más poderosos, quienes, dicho sea de paso, financian la exploración, serán los que modelarán los criterios para el marco regulatorio, obviamente, con los privilegios que les imprime el ser los financistas.
Este cuerpo normativo internacional podríamos llamarlo derecho espacial, derecho interplanetario o, sencillamente, derecho extraterrestre, denominación que, desde un punto de vista técnico, me parece más omnicomprensiva y, por lo mismo, más correcta. Sin embargo, su objeto sólo debe entenderse limitado a regular los conflictos asociados al ejercicio de la actividad exploratoria extraterrestre entre humanos, ya que la irrupción en la escena de razas inteligentes, peor aún si son indirecta o abiertamente belicosas, podría colocar a los seres humanos en la misma situación en la que quedó el pueblo Inca o Azteca con la llegada de los Españoles a América. Es decir, el conjunto normativo formulado en la Tierra sería de nula aplicabilidad.
Mi primo Santiago fue un tecnócrata apolítico y, probablemente, no habrían sido muy de su interés las consideraciones históricas y antropológicas que he vertido ahora en este blog. Además, tenía “tejado de vidrio”, porque fue hijo de inmigrantes españoles.
Como sea, si hoy estuviera vivo y joven, me lo imagino desarrollando protocolos de ingeniería para el desarrollo de un sistema de comunicación global entre los satélites y los robots de superficie que hoy recorren Marte.
Y eso que ya no soy un niño.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Hacinamiento carcelario, prisión preventiva y peligrosidad social




El 8 de diciembre recién pasado al interior de la Cárcel de San Miguel, Santiago, fallecieron 81 reclusos que cumplían condenas por diversos delitos a causa de una riña interna que terminó con la utilización de una lanzallamas artesanal y el posterior incendio de uno de los módulos carcelarios.
Como siempre suele ocurrir, este tipo de desgracias es utilizado para revivir el antiguo debate doctrinal, político y social acerca de la viabilidad del encarcelamiento como medio de protección social y/o de rehabilitación de las personas que han delinquido. Otros temas que han salido a la palestra, como las condiciones de hacinamiento carcelario y la corrupción al interior de estos recintos, son asuntos escandalosos y evidentes, respecto de los cuales sólo cabe adoptar las medidas concretas y urgentes necesarias para restablecer las condiciones mínimas de dignidad de los internos y el imperio de la ley.
En relación a este punto, uno de los factores que más incide en el actual hacinamiento carcelario es el favorecimiento legal a la imposición de la prisión preventiva en cuanto medida cautelar. El derecho nacional consigna varios requisitos para decretarla, pero de ellos, hay uno que me preocupa y me angustia en forma permanente: la existencia de la peligrosidad social.
En efecto, una de las causales que configuran la necesidad de cautela necesaria para disponer la prisión preventiva es la existencia de antecedentes calificados que permitan el tribunal considerar que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad.
Esta causal fue incorporada en nuestra legislación por el Acta Constitucional N°3 y, luego, recogida por la Constitución de 1980. Con posterioridad, esta norma pasó a formar parte del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, sufriendo sucesivas modificaciones durante su vigencia; las últimas, contenidas en la leyes N°19.503 de 1997 y N°19.661 de 2000 que fueron aprobadas durante la tramitación del actual Código Procesal Penal. Hubo acuerdo en el Congreso que el contenido medular de estas últimas modificaciones pasaría al Código Procesal Penal, cuestión que, efectivamente ocurrió.
La primera de estas modificaciones se limitó a sugerir a los jueces un conjunto de criterios destinados a ponderar la concurrencia de la causal. La segunda, quiso dar mayor énfasis a los aspectos a ser considerados, abandonándose el tono de sugerencia e introdujo elementos adicionales no contenidos en la modificación anterior.
Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal se traspasó al actual artículo 140 la regulación del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, una vez más, la norma aludida sufrió varias modificaciones, hasta la última, contenida en la Ley N°20.253 de marzo de 2008.
La nueva redacción del artículo 140, en la parte concerniente a la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, estimó un doble nivel de regulación a considerar por el juez al momento de ponderar la necesidad de cautela.
En un primer nivel genérico, para estimar si la libertad del imputado constituye o no un peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal debe considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla.
En un segundo nivel, más específico, el legislador estableció que se entenderá, especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra; cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente o no; cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley.
Como puede observarse, el primer nivel se encuentra redactado en términos de una sugerencia para el juez; el segundo, en cambio, tiene por finalidad establecer ipso iure cuándo la libertad del imputado debe entenderse peligrosa para la seguridad de la sociedad.
Este segundo nivel es de suyo problemático, porque constituye un intento del legislador de relevar a los jueces de la ponderación de las circunstancias que podrían considerarse o no valederas para calificar al imputado como un peligro para la seguridad de la sociedad.
En efecto, hemos dicho que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional, pues configura un atropello al principio de la presunción de inocencia. Ahora bien, si aceptamos que el legislador sea quien indique cuándo la libertad debe entenderse peligrosa para la seguridad de la sociedad, significaría reconocer, en la práctica, que existen delitos inexcarcelables, cuestión que pugna con los tratados suscritos por Chile en la materia, configurando, de paso, una abierta afectación a garantías básicas consignada en la Constitución; a saber: que el pronunciamiento respecto de la procedencia de la prisión preventiva es una facultad estrictamente jurisdiccional; que la importación al derecho nacional de los tratados ratificados por Chile son ley de la República conforme al artículo 5 de la Constitución y aquéllos sólo autorizan a decretar la prisión preventiva cuando no pueda asegurarse de otro modo la comparecencia del imputados a los actos del procedimiento y que el carácter inexcarcelable de algunos delitos, de modo indirecto, transformaría en letra muerta el artículo 19 N°3 de la Constitución, en la parte que prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal.
Sobre el particular, Binder señala que es común encontrar en los códigos procesales normas que distorsionan el diseño constitucional de la prisión preventiva. Una de estas formas de distorsión consiste en establecer ciertos delitos como inexcarcelables, estableciéndose una presunción absoluta por la cual, en el caso de ciertos hechos graves – como el homicidio, el contrabando o cualquier otro según las circunstancias - , no se puede otorgar la libertad.
No cabe duda, entonces, que un mecanismo preestablecido en la ley similar el reseñado, además de vulnerar en su esencia la presunción de inocencia, destruye la médula misma de la jurisdicción, ya que, como escribe Richard Wilson, la presunción de inocencia exige que el juzgador aborde una causa sin prejuicios, y que no suponga, bajo ninguna circunstancia, que el imputado es culpable. De ahí nace la responsabilidad del juzgador de construir la responsabilidad penal a partir de las valoraciones de los elementos de prueba.
Para lograr comprender el verdadero sentido del peligro para la seguridad de la sociedad como causal de necesidad de cautela deben tenerse en consideración las palabras de Maier cuando señala que la adecuada comprensión del proceso penal se vincula de manera directa con los sistemas políticos, los momentos históricos y los factores sociales o culturales que han envuelto su nacimiento.
Siguiendo esta línea argumentativa, no nos cabe duda que la inclusión del peligro social como criterio de necesidad de cautela obedece a la creciente presión de los sectores sociales y políticos ante una mayor sensación de inseguridad ciudadana, motivada por el mayor nivel de violencia con la se ejecutan algunos hechos punibles y por el trato sensacionalista que se da a estos mismos por la prensa nacional.
Por muy legítima que sea esta preocupación, el problema es que se ha hecho uso del sistema de enjuiciamiento penal y de la prisión preventiva, en particular, como medio de seguridad ciudadana, lo que conlleva asignarle a esta medida cautelar personal ya no un carácter procesal, sino más bien, uno de orden preventivo penal. Sobre este punto, Ferrajoli indica que la peligrosidad social constituye un factor de análisis que estimula la prisión preventiva como instrumento de prevención y de defensa social, motivado por la necesidad de impedir al imputado la presunta ejecución de otros hechos punibles.
A esta misma conclusión llega Julián López, quien postula que, la idea de que en el peligro para la seguridad de la sociedad se encuentre implícita la de prevención especial negativa y de necesidad de defensa social se desprende en forma inequívoca de los criterios legales contenidos en el artículo 140, más específicamente, las referencias al “número de delitos imputados, al carácter de los mismos y al hecho de haberse actuado en grupo o pandilla”. La conclusión necesaria de lo anterior, evidencia la falta de legitimidad de esta causal y la necesidad de revisar su constitucionalidad a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile.
Como la normativa internacional a la que ha adherido Chile sólo justifica la prisión preventiva como medio de aseguramiento de la comparecencia del imputado a los actos del procedimiento y, en su caso, de la ejecución de la sentencia definitiva, la doctrina y los tribunales venían, desde hace un tiempo, limitando la interpretación del peligro para la seguridad de la sociedad, entendiendo que esta causal sólo tenía lugar en los casos en que, genéricamente, hubiese un peligro de fuga por parte del imputado.
Aunque Julián López diciente de esta interpretación, por estimar que lo que hay tras de ella sólo es el peligro de reincidencia como medio de defensa social, constata la existencia ya propagada del argumento justificativo del peligro de fuga.
Sin embargo, para quienes creyeron ver en aquél el modo de adecuar la legitimidad jurídica del peligro para la seguridad de la sociedad con la normativa universalmente reconocida, la modificación realizada al artículo 140 por la Ley N°20.253 de marzo de 2008, echó por tierra esta eventual solución. En efecto, la reforma normativa mencionada, agregó a las ya clásicas tres causales de necesidad de cautela, una cuarta; ésta consistió, justamente, en el peligro de fuga del imputado.
Así las cosas, no resulta ahora posible interpretar el peligro para la seguridad de la sociedad como un riesgo de fuga, ya que, el propio legislador, se encargó de considerar a este último como un supuesto normativamente diverso del primero.
Ya antes de la modificación introducida por la Ley N°20.253, Duce y Riego, describieron como posible fundamento de la causal de peligro para la seguridad de la sociedad una noción que se ha planteado en el derecho comparado y que consiste en el peligro de afectación de la legitimidad del sistema penal, pérdida de confianza del público en el sistema o alarma pública.
Según los autores señalados, esta interpretación permitiría justificar la prisión preventiva en casos graves en los que, no obstante no existir un riesgo serio de fuga del imputado, su libertad podría producir un gran impacto en la sociedad que pudiera deslegitimar el sistema e, incluso, generar un sentimiento de inseguridad capaz de ser recogido por los agentes políticos a objeto de instar cambios legales que priven a los jueces de sus facultades.
No obstante lo discutible que pudiere resultar esta posición al admitirse la procedencia de la prisión preventiva por motivos de carácter no estrictamente procesal, resulta, sin embargo, honesta. La consistencia de este planteamiento aparece avalado por la experiencia reciente de nuestro país, ya que, en el ámbito judicial, se ha sugerido de modo no menos irónico que la real autoría de las últimas modificaciones legales que han restringido las facultades de los jueces corresponde a estos mismos, en la medida que, en algunos casos emblemáticos, se han hecho interpretaciones que, pretendiendo estar fundadas en una suerte de garantismo, en verdad, han constituido actos de verdadero fundamentalismo jurídico.
Aceptar, de una vez por todas, que la peligrosidad social se funda, más que en aspectos procesales o penales, en la pragmática necesidad de legitimar socialmente el sistema de enjuiciamiento penal, permite dar una explicación sensata a aquellos imputados que, sometidos a prisión preventiva por su peligro social, al cabo de unos meses y antes de la sentencia, recobran su libertad. En otras palabras: ¿Si los criterios de peligrosidad del artículo 140 son objetivos, qué puede suceder que un imputado considerado judicialmente peligroso, deje de serlo un tiempo después, mediante otra resolución judicial?
La lógica indica que, si la libertad de una persona constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, esta situación no debiese cambiar durante el transcurso del proceso, salvo que dicha peligrosidad cesara indirectamente, como consecuencia de una diversa ponderación de los presupuestos materiales que sirvieron de fundamento para decretar la prisión preventiva. – hecho punible; participación –
De no ser ello así, no resulta posible justificar el cese de la peligrosidad de un imputado, excepto, admitir que la resolución que la ordenó obedeció al simple capricho del tribunal.
En síntesis, por el carácter problemático y asistémico que presenta la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, nos parece más razonable fundar la necesidad de cautela, a propósito de la concesión de la prisión preventiva, en el peligro de entorpecimiento de la investigación, el aseguramiento de la integridad de la víctima o el peligro de fuga del imputado. Estas tres causales, además de estar dirigidas a efectivos fines del proceso penal, permiten fiscalizar de mejor modo el carácter provisional de la prisión preventiva, ya que su subsistencia obedece a circunstancias bastante más objetivas.
Los detalles de esta entrada pueden ser consultados en mi libro “Problemas del proceso penal. Investigación, etapa intermedia y procedimientos especiales”; páginas 287 a 313

viernes, 10 de diciembre de 2010

Exposición acerca del sistema procesal penal chileno



El pasado 7 de diciembre en el auditórium del Poder Judicial del Centro de Justicia de Santiago tuvo lugar una clase expositiva acerca de la marcha del procedimiento penal en Chile. La actividad fue coordinada por la Escuela de Investigaciones Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile y estuvo dirigida a más de 80 cadetes policiales de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Especial interés tuvo para los asistentes conocer los mecanismos que la ley chilena concede a las policías en el marco de las investigaciones en curso y el funcionamiento de las facultades autónomas por flagrancia en caso de delitos y contravenciones (faltas)
A los oficiales a cargo, les llamó poderosamente la atención lo desformalizado que puede llegar a ser el procedimiento de solicitud de órdenes judiciales en el caso del artículo 9 del Código Procesal Penal Chileno. Explicaron que el sistema que los rige exige de una serie de rituales que, en la práctica, hace muchas veces inviable o poco eficiente la ejecución de diligencias urgentes.
Esto último parece ser un problema frecuente en los ordenamientos procesales latinoamericanos. Sin ir muy lejos, en una reunión que sostuve hace unos meses atrás con la Licenciada Bertha Abizaid Wade, asesora de la Suprema Corte de Justicia de México, y dos magistradas de ese país, me explicaban que las autorizaciones judiciales por diligencias intrusivas requieren llenar y presentar al tribunal, en forma previa, un formulario de varias páginas que debe de cumplir una serie de requisitos formales y de fondo.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

Estado de derecho y narcotráfico. Brasil y México: paradigmas de estrategias dispares




Uno de los debates más polémicos en el mundo intelectual y político desde hace ya varios años viene siendo la propuesta de “legalización” de las drogas, o por lo menos parte de ellas, como mecanismo de desincentivo del lucro por parte de las organizaciones que se benefician de su comercialización. Se ha sostenido que desde el punto de vista de la teoría económica el precio de comercialización se iría al suelo, con lo que, el tráfico ya no sería el gran negocio que es hoy. Además, de este modo se permitiría la regulación y control de parte del Estado en una analogía a lo que ocurrió en otro momento con la proscripción y posterior liberalización de la comercialización del alcohol. Con todo, este debate no interesa a la dogmatica jurídica que parte del supuesto de la prohibición actual del tráfico de estupefacientes.
Esta prohibición trae aparejada un problema inmenso, más aún que el daño a la salud de los adictos. Me refiero al narcotráfico organizado. Este tipo de organizaciones ilícitas están dispuestas a lo que sea necesario, a fin de de controlar y canalizar la “puesta en el mercado” de las sustancias objeto del tráfico. El valor de las transacciones es enorme, cuestión que induce a quienes controlan y dirigen el tráfico a fomentar prácticas generalizadas conducentes a la corrupción, a someter bajo el terror a quienes no colaboren con ellos y, finalmente, a aniquilar a toda persona o institución contraria a sus actividades, sin consideraciones de ninguna clase.
En este escenario, el narcotráfico organizado tiene la suficiente capacidad para neutralizar o desestabilizar a un Estado, tal como ha ocurrido en el norte de México en el que varios carteles se disputan el control de las rutas de acceso de la droga al principal consumidor mundial de estas sustancias: E.E.U.U.
Lo propio ha ocurrido en Brasil, particularmente en la ciudad de Río de Janeiro, a causa de la enorme cantidad de turistas que la frecuentan y que, consecuencialmente, incentivan la comercialización a gran escala de estas sustancias. En este caso, las asociaciones ilícitas para el narcotráfico se desarrollan al amparo de las favelas, gigantescas barriadas marginales ubicadas en toda la ciudad y en las que el Estado por mucho tiempo no ha podido o querido hacerse cargo de ellas en plenitud.
En ambos casos propuestos existe un común denominador. La escandalosa distribución dispar de la riqueza en estos países ha conformado grandes núcleos de pobreza y marginación social que han sucumbido fácilmente a las promesas de dinero “fácil y abundante” que provienen del narcotráfico. La exclusión social de que son objeto estos sectores jamás podría permitirles el acceso al dinero en los términos que muchas veces ofrece el narcotráfico, pues, habitualmente, se trata de personas pobres, sin capacitación laboral, sin la escolaridad suficiente como para tener una visión crítica o emprendedora o, sencillamente, sin la interiorización del valor que en sí involucra el esfuerzo y el sacrificio personal como medio de forjarse la vida.
Este diagnóstico, por todos conocidos, no puede llevar al absurdo de tolerar las conductas realizadas por estas organizaciones, ya que el daño que pueden causar es gigantesco. En otras palabras, la solución basal al narcotráfico organizado pasa por las políticas de prevención que deben impulsar los Estados de modo que los segmentos marginales no sirvan del caldo de cultivo para estas organizaciones ilícitas. Lamentablemente, cuando la labor preventiva, vía inversión social, no se ha realizado o, simplemente ha fracasado, sin por ello renunciar a las políticas preventivas, el Estado debe enfrentar con energía a estos grupos criminales por las razones ya expuestas.
A diferencia de lo que ocurre en varios estados de la federación mexicana, la decisión de las autoridades de Río de Janeiro, respaldada por el gobierno central de Brasil en orden a dar una batalla frontal al narcotráfico organizado, constituye un ejemplo de ser imitado. El respaldo del presidente Lula da Silva a esta iniciativa no sólo implica una validación al Estado de Derecho, importa también, un acto de coraje político, pues ha avalado la intervención de la policía, el ejército, la armada y la aviación brasileñas en una misión contundente de sometimiento de estos grupos delictuales. Constituye la validación del Estado de Derecho, porque las autoridades brasileñas no evadieron o minimizaron el problema como ha ocurrido en México; por el contrario, han hecho uso de todos los medios estatales disponibles a objeto de reducir a las bandas organizadas en las favelas sin concesiones de ninguna clase, asumiendo desde ya que, en caso de oposición violenta, las fuerzas estatales están autorizadas para el uso de las armas de fuego sin ningún tipo de limitación. Así de simple. Así de duro.
La decisión de las autoridades brasileñas constituye un acto de coraje político, porque pese a las críticas que pudiere conllevar estas medidas de fuerza, por los peligros para la población civil inocente y para quienes no postulan esta forma de intervenciones, el plan de intrusión siguió adelante sin ningún contratiempo. Este empeño ha sido ampliamente exitoso, ya que las bandas de narcotraficantes han tenido que replegarse y, en contra de toda predicción, varios sujetos prófugos de la justicia se entregaron ante la decisión de las fuerzas de ocupación y la colaboración de los propios habitantes de las favelas cansados de la violencia promovida a partir del comercio de las drogas. Se generó, de este modo, un círculo virtuoso motivado por la decisión firme de cumplir con eficiencia la empresa iniciada. Es verdad que el control que ha logrado la policía y el ejército en la favela de alemao, la más emblemática en materia de narcotráfico, sólo implica el comienzo de un arduo trabajo, ya que en Río de Janeiro existen más de mil favelas y sólo la Rocinha, próximo objetivo gubernamental, es habitada por más de doscientas mil personas.
Hace unos días atrás Amnistía Internacional alertaba acerca de esta intervención militar y los riesgos que ella podría producir. Sin embargo, me parece que el gobierno brasileño hizo lo correcto, decisión que aparece justificada por el hallazgo de varias toneladas de droga, granadas, morteros, fusiles de asalto y otros armamentos de uso militar que hasta ahora han sido incautados en los operativos.
La intervención en las favelas de Río de Janeiro, habitadas por alrededor de dos millones de cariocas, desvanece la creencia en cuanto a que el narcotráfico organizado puede ser controlado sólo por la policía y con las prácticas procedimentales propias de la criminalidad convencional. De hecho, tal cual ocurre en el caso mexicano, está documentado que en Brasil las bandas de narcotráfico están compuestas en forma importante por ex policías y militares, lo que potencia su poder de fuego y sus capacidades de organización e inteligencia para doblegar el actuar de la justicia.
Es cierto que el gobierno federal mexicano mantiene desplegados alrededor de cincuenta mil militares en diferentes puntos del país como política de control del narcotráfico. Sin embargo, parece que la intervención ha sido tardía y tampoco se advierten operativos agresivos similares a los desarrollados en Río de Janeiro, con lo que, la labor de las Fuerzas Armadas mexicanas pierde eficacia de momento que actúan, fundamentalmente, como agentes de simple contención.
Las atrocidades cometidas por los sicarios mexicanos en las aéreas en disputa impone a las autoridades la obligación de actuar organizadamente y en forma agresiva en contra del narcotráfico. Obliga, al mismo tiempo, a invertir socialmente en las nuevas generaciones a objeto de que la narco-cultura sea percibida en su verdadera dimensión. Esto es, no como un modelo que otorgue reconocimiento social, sino como el producto de la decadencia del ser humano estimulada por la ignorancia, el arribismo, el dinero y la vulgaridad.
Mientras ocurrían los operativos conjuntos que he descrito en Río de Janeiro me encontraba de visita en esa ciudad. La foto del Cristo que mira en dirección a la bahía de guanavara y que inicia esta entrada yo mismo la tomé desde el jardín botánico carioca. Es de esperar que la mirada impávida de este coloso de concreto sea el presagio de tiempos de mayor protección para los ciudadanos honestos que habitan la “ciudad maravillosa”. Es de esperar que la pobreza que también habita en demasía en las calles de México, cuestión que me consta personalmente, pueda ser revertida en favor de un mejor futuro para los hijos de Cuauhtémoc.