jueves, 21 de octubre de 2010

Los 33 mineros de Atacama y la responsabilidad del Estado por falta de servicio




El 13 de octubre de 2010 una audiencia estimada en más de 1000 millones de personas, situadas en diversos lugares del planeta, pudo observar en sus televisores o a través de internet el gigantesco despliegue realizado en el desierto de Atacama, con el propósito específico de rescatar a treinta y tres mineros que yacían atrapados en la mina San José, por más de dos meses, a más de seiscientos metros de profundidad.
A partir de este momento, comenzó a ser tejida una compleja red de acontecimientos vinculada a la diversidad de consecuencias del rescate.
En el ámbito político, mientras el gobierno se encargó de capitalizar, con justa razón, las utilidades de esta proeza, la oposición ha mantenido hasta ahora una postura más bien silente, pues como de modo informal ella misma se ha encargado de explicitar, no resultaría sensato asumir un rol crítico ante el fenómeno mediático que ha significado el rescate en todo el mundo. Sin embargo, las críticas a un pretendido mal manejo político-comunicacional de la situación se han manifestado en forma indirecta. Es así, como en su habitual espacio de los días domingo en el diario El Mercurio de Santiago, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, vinculado a la oposición política, con su acostumbrada ironía fustigó el pasado 17 de octubre al Presidente Piñera, insinuando una utilización de los hechos, una suerte de montaje escénico, destinado a favorecer el apoyo ciudadano y el reconocimiento internacional al gobierno.
En el plano sindical, en tanto, se ha ensalzado el éxito conseguido, no obstante lo cual, también se ha subrayado lo ineludible que significa el aprovechar este dramático suceso para revisar, intensamente, las condiciones de seguridad al interior de las minas en el país, máxime, si se considera que las utilidades del sector representan casi el cincuenta por ciento de los ingresos del Estado. En este punto también han coincidido el gobierno y el congreso en un debate que apenas comienza.
En otro contexto, los medios de comunicación mundial buscan deseosos la difusión de la sorprendente historia de los mineros; en tanto las editoriales y el propio Hollywood se empeñan en inmortalizar la hazaña.
La prensa amarilla, por último, no desaprovecha oportunidad alguna en escudriñar la vida de los hombres rescatados a objeto de exponerlos en los programas de farándula, quienes, además, se han transformado en forma irremediable en una suerte de estrellas de rock, a pesar de que el minero más mediático, Mario Sepúlveda, luego de su rescate pidió explícitamente a la prensa que no se los tratare de esa forma.
Qué duda cabe que la vida de esos treinta y tres hombres cambió de modo radical, sin que ellos lo hubieren buscado. Profusas interpretaciones pueden ser realizadas a partir de los hechos; sin embargo, ni la prensa amarilla, ni los cálculos políticos, ni las críticas del rector Peña, quien jamás se ha tiznado sus pulcros zapatos con la arena asfixiante del desierto más árido de la tierra, podrán desvirtuar un asunto que me parce fundamental para el fin perseguido con este posteo. El gobierno de Chile, junto a la empresa privada, se embarcó en el rescate minero más audaz y formidable del que se tenga noticia en la historia de la humanidad y consiguió su objetivo, con éxito.
Este hecho objetivo deja tras de sí una estela de consecuencias jurídicas, a mi juicio, de implicancias devastadoras para la teoría tradicional de la responsabilidad social del Estado. Esto es, sin perjuicio del debate necesario respecto de las mínimas medidas de seguridad que deben imperar al interior de las minas, cuestión que incidirá en un posible nuevo marco normativo, el éxito rotundo conseguido en las labores de rescate establecen un nuevo estándar de exigencia para el Estado de cara a posibles futuras tragedias de similar naturaleza. En otras palabras, el antecedente del operativo desplegado y coordinado por el Estado en la mina San José servirá de parámetro fáctico para medir las exigencias de los gobiernos en este tipo de salvamentos; al revés, las causales para la exención de responsabilidad civil extracontractual del Estado por falta de servicio, debieren racionalmente verse disminuidas de manera notoria a partir de la alta eficiencia alcanzada con el rescate de los treinta tres mineros en atacama. La vieja máxima del derecho civil “a lo imposible nadie está obligado” exigirá, a partir de ahora, ponderar, caso a caso, cuán imposible podría ser la labor desplegada por el Estado para rescatar con éxito a las víctimas de tragedias comparables. La acción que no estuviere a la altura de este estándar de eficiencia (recursos involucrados) podrá permitir establecer en sede judicial la responsabilidad civil por falta de servicio y, consecuentemente a ello, la obligación del Estado de indemnizar a los perjudicados o a sus herederos.
No cabe duda que las acciones indemnizatorias derivadas de los perjuicios ocasionados por tragedias similares pueden y deben estar direccionadas en contra de los responsables directos. Sin embargo, me parece que eso no obsta la responsabilidad subsidiaria del Estado por su intervención cuando se encuentra en riesgo la vida o la integridad física de las personas, más aún, cuando los posibles responsables directos no tenían ninguna posibilidad de coordinar e implementar un salvamento similar al ocurrido en la mina San José. Esta obligación nace de las funciones del Estado asociadas al bien común y al marco regulatorio que pesa sobre él, según el cual, debe intervenir en casos de emergencias. En efecto, nadie podrá pretender que las fuerzas armadas, los servicios de salud pública y de rescate o las policías y bomberos pueden abstenerse de actuar en semejantes situaciones.
Sin perjuicio de las normativas orgánicas de aquellos organismos, en el caso chileno, la propia Constitución establece la obligación de intervención pública en casos como en el propuesto, pues “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”; además, “es deber del Estado dar protección a la población y a la familia”. (Art. 1 CPR)
Esta intervención requiere además cierto estándar de eficiencia pues, la falta del servicio público idóneo acarrea necesariamente la responsabilidad del Estado. Así lo establece en forma explícita la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado cuando dispone que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.”(Art. 4)
La obligación de eficiencia y de impulsión de oficio del procedimiento por parte de la Administración del Estado, en tanto, se encuentran consignadas en el art. 3 de la Ley antes mencionada.
Como puede observarse, la proeza vinculada al rescate de los treinta y tres mineros de Atacama sienta un precedente ineludible en la calificación de la eficiencia del Estado en casos comparables. La evaluación deficitaria, esto es, la intervención pública capaz de causar perjuicio a la “población” puede ameritar en sede judicial la responsabilidad civil por falta de servicio. La eficacia en el rescate de los mineros dejó la vara muy alta para Estado, cuestión que habrá de tener en consideración si no desea exponerse a futuras demandas por parte de víctimas de catástrofes similares.