jueves, 16 de septiembre de 2010

El Amparo Jurídico de las Minorías



Me parece que uno de los problemas políticos y jurídicos más relevantes a los que nos vemos enfrentados en la actualidad es la sostenida demanda de derechos subjetivos por parte de grupos ciudadanos a quienes se les individualiza, genéricamente, como minorías.
El concepto “minorías” es amplísimo, ya que alcanza a una serie de individuos que comparten los más heterogéneos pensamientos o se hallan en situaciones de hecho de la más diversa naturaleza, pero cuyo mínimo común denominador es, por decirlo de algún modo, la marginalidad, esto es, no formar parte del pensamiento, de la condición social o cultural prevalentes al interior de la comunidad global. En este contexto, pueden conformar minorías ciertas sectas o credos religiosos; algunos grupos políticos marginados del quehacer oficial; personas con orientaciones sexuales heterogéneas como gais, lesbianas o travestis; pueblos indígenas originarios; inmigrantes no absorbidos por el país de destino, etc.
Tengo para mí, que se trata de un fenómeno absolutamente normal, porque refrenda el carácter evolutivo de las sociedades humanas. Bien lo saben los cristianos que pasaron de ser, una de entre muchas sectas, a una religión con proyecciones globales; o los científicos medievales perseguidos por los propios católicos que una día fueron minoría, logrando aquéllos, sin embargo, prevalecer para conformar uno de los pilares sobre los cuales hoy se sustentan las esperanzas de sobrevivencia de nuestra raza. Sin embargo, la historia también nos enseña que no siempre los grupos humanos minoritarios han logrado imponer sus características propias por sobre los sectores mayoritarios. Así las cosas, algunos de ellos han mantenido su condición, como sucede con el pueblo gitano, o, lisa y llanamente, han terminado por desaparecer, tal como ocurrió con los sectores federalistas al inicio de la República en Chile.
Como sea, el problema de las minorías es tautológico. Es decir, los conflictos asociados con las minorías radican, precisamente, en esta condición minoritaria. En consecuencia, estos sectores subsisten sin mayores problemas en la medida que no promuevan un grave entorpecimiento a la cultura más representativa; en caso contrario, no seguirán igual signo y, por lo mismo, serán proscritos. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los movimientos políticos disidentes en Cuba o a propósito de la penalización de algunas conductas homosexuales entre adultos como sucedió en Chile hasta hace no mucho tiempo atrás.
Pero al margen de las consideraciones antropológicas o sociológicas que pudiese conllevar la situación de las minorías, es, en lo que me interesa ahora abordar, también una primordial complicación política y jurídica. Política, porque la generalidad de los grupos minoritarios desea ser reconocidos como tales y, en ese marco, ejercen actos de presión para que los operadores políticos intercedan por ellos en las instancias legislativas. Es, de otra parte, una complicación jurídica, porque mientras tales demandas no estén alojadas en la ley, suelen ser utilizados los mecanismos judiciales para constreñir a las minorías o, al revés, son estas mismas, las que intentan comparecer ante los jueces para que se les de protección jurídica. Así como que siempre debieran existir normas protectoras para todo el mundo en los inconmensurables recodos del derecho común vigente.
Al primer grupo, podría corresponder las acciones judiciales destinadas a sancionar a aquellos comuneros mapuche, al parecer, involucrados en “acciones de recuperación de tierras ancestrales” en la Araucanía; o los actos ejecutados en el Estado de Arizona (EEUU) tendientes a sancionar penalmente la inmigración latina ilegal y restringir el acceso a la residencia definitiva de personas de ciertos países .
En el segundo sentido propuesto, en cambio, constatar la utilización del aparato judicial en búsqueda de un amparo provisional al reconocimiento de derechos reclamados por las minorías resulta trascendental para comprender cómo se han ido canalizando las demandas de éstas respecto de temas de orden moral. Así, por ejemplo, en Chile se ha utilizado la acción constitucional de protección (Art. 20 CPR) para precipitar una respuesta respecto de temas altamente polémicos como la utilización de la denominada “píldora del día después” o la prevalencia del derecho a la vida por sobre conductas de abstención (Vg. Huelgas de hambre, negativa a realizar transfusiones sanguíneas por razones de orden religioso, etc.)
Lo propio ocurre a propósito de los requerimientos penales por violencia intrafamiliar a causa de lesiones originadas entre parejas homosexuales que viven juntas (La ley chilena sanciona los actos de violencia entre convivientes, pero no existe ninguna norma explícita que reconozca dicha calidad a las lesbianas o a los homosexuales que cohabitan)
Como se ha dicho, la presión de los grupos minoritarios suele concluir con el establecimiento de derechos primitivamente inexistentes. Así ha ocurrido con la libertad de conciencia y con el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas originarios. Si bien es cierto, en estos dos últimos ejemplos, no cabe duda que el ordenamiento jurídico nacional deberá avanzar aún más en la profundización de estos derechos, es una cuestión objetiva que existe ya un camino trazado en la materia.
Sin embargo, existen otros tantos, en los que ni siquiera existe un pronunciamiento del Derecho. Éste es el escenario que me interesa destacar ahora, ya que en estas aguas torrentosas y lóbregas se generan, precisamente, las condiciones para el abuso del Derecho y/o la reclamación jurisdiccional del mismo, situaciones que de no ser adecuadamente canalizadas, pueden servir de cultivo para un desbarajuste social de insospechadas consecuencias.
La pregunta ineludible es, entonces, la siguiente: ¿Todas las minorías merecen amparo jurídico?
La respuesta más simple sería utilizar un criterio ampliamente liberal y sostener que todos tienen derecho a ser reconocidos conforme a un estatuto particular a partir de sus propias individualidades. Me temo, sin embargo, que el análisis de este asunto debe ser hecho desde una perspectiva restrictiva.
Los criterios para el establecimiento del Estado de Derecho moderno surgen del principio de mayoría y de la delegación de las facultades administrativas a quienes resulten instalados en sus cargos de poder conforme las reglas de la democracia. El mandato otorgado a las autoridades debe ajustarse al bien común y éste, muchas veces, puede coincidir con los designios de las mayorías en perjuicio de las minorías. Por muy discutible que parezca, a esta razón, por ejemplo, podría obedecer la reciente decisión del Estado francés de prohibir en su territorio el uso público del velo integral a las mujeres musulmanas. Si bien, esta decisión en particular ha sido duramente cuestionada por Amnistía Internacional, quien ha denunciado que “la prohibición absoluta de cubrirse el rostro violaría el derecho a la libertad de expresión y de religión de las mujeres que usan el burka o el niqab como expresión de su identidad o sus creencias”, la decisión francesa ha sido respaldada por el parlamento, por considerar que el uso de tales vestimentas destierra a la mujer a un ámbito servil respecto del hombre, denigrándola, cuestión que repugna a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad propugnados desde la Revolución Francesa en ese país.
Si se quiere ser más explícito todavía, nadie puede sostener de modo razonable que el crimen organizado, definitivamente minoritario, deba ser amparado jurídicamente. En otras palabras, aunque pueda parecer fundamentalista, considero que el amparo jurídico de las minorías sólo tendrá legitimidad en la medida que no se quebrante con ello lo que la sociedad mayoritariamente organizada considera adecuado. En tal escenario, si bien los ordenamientos jurídicos deben tender a la no discriminación, a la tolerancia y a la coexistencia pacífica de las más diversas manifestaciones de la raza humana, distinta es la situación, cuando grupos minoritarios exigen el reconocimiento de derechos que pueden vulnerar el estatuto legítimo de otros sujetos, desestabilizando el modelo social general. La cita bíblica reconocía hace cientos de años atrás este principio inherente a la cultura cristiano occidental: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.
Con todo, cuando la sociedad global considera que existe razonabilidad en la reclamación de derechos por parte de las minorías o cuando la exclusión de los mismos ha sido ilegítima desde un punto de vista jurídico-normativo, existe el sustento ético suficiente para el reconocimiento de los derechos de las minorías. Por el contrario, cuando la exigencia de derechos subjetivos por parte de sectores minoritarios colisiona avasalladoramente con los imperativos éticos de la mayoría no existe base de sustentabilidad para los derechos reclamados. Es por esta razón que, por ejemplo, resultaría inviable legitimar el matrimonio polígamo en un país de fuerte raigambre cristiana; o el matrimonio y la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales o lesbianas en países del oriente islámico.
Existe acá, entonces, una intrínseca vinculación entre la legitimidad del amparo jurídico de las minorías y las formas políticas de organización que las comunidades se dan así mismas. No se trata, pues, de un tema dogmático; se trata de reconocer que las minorías pueden serlo sólo circunstancialmente y, por lo tanto, lo que deberá primar al momento de reconocérseles o no derechos subjetivos es la coherencia y estabilidad para con el modelo social estructural vigente. La no existencia de este filtro previo conducirá al reconocimiento asistémico de derechos, lo que puede tener incidencia determinante en la dispersión jurídica y en la desintegración final del modelo social que un Estado haya adoptado en su origen.
La humanidad ha conocido cientos de casos de desintegración social por este motivo, cuestión que, en sí misma, no es buena ni mala, en la medida que este proceso sea llevado adelante del modo menos traumático posible. En esta línea argumentativa, no me cabe duda que las políticas xenofóbicas de la Unión Europea y de los EEUU constituyen un intento de negación al reconocimiento de los derechos de las minorías inmigrantes a fin de evitar, consecuencialmente, un amparo jurídico que pudiese remecer el modelo cultural y étnico mayoritario.
Esto último, sin embargo, ya no es un problema que pueda interesar mayormente al Derecho, por lo menos, en cuanto dogma normativo. Sin embargo, evidencia que el tema que nos ocupa no es un asunto baladí y que el análisis jurídico tendiente al reconocimiento o no de los derechos de las minorías se encuentra sesgado cuando se prescinde de los verdaderos alcances sociales de aquélla.

domingo, 5 de septiembre de 2010

Presentación del Libro Nuevo Derecho Procesal




En el marco de un ciclo de actividades que desarrolla la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco, a propósito de las recientes reformas al procedimiento chileno, se llevará a efecto el próximo viernes 10 de septiembre a las 12.00 horas la presentación de la segunda edición del libro "Nuevo Derecho Procesal". Este trabajo corresponde a la actualización de mi libro "Iniciación al Nuevo Derecho Procesal Chileno, editado por primera vez, en el año 2006.


La actividad tendrá lugar en el Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco, calle Manuel Montt 56, Temuco.


Invito a todos los seguidores de este blog de la sureña ciudad a participar activamente en este encuentro. Los espero.