miércoles, 20 de enero de 2010

El Proceso Contradictorio como Mecanismo de Protección de la Igualdad de Armas



El concepto clásico de jurisdicción apunta en dirección a la resolución estatal de pretensiones resistidas por el legitimado pasivo (demandado). En otras palabras, la jurisdicción se encuentra asociada a la noción de juicio, en la medida que éste, constituye el medio a través del cual el Juez resuelve una controversia entre partes, sometida a su competencia por ellas mismas.
Sin embargo, en el proceso civil, el marco teórico expuesto cobra real plenitud sólo a propósito de uno de los tantos procedimientos de esta naturaleza que se encuentran regulados en el Código de Procedimiento Civil y en otras leyes especiales: nos referimos al procedimiento civil ordinaria de mayor cuantía, contenido en el Libro II del Código aludido.
El procedimiento civil ordinario constituye la matriz de referencia para los otros procedimientos especiales en el entendido que el propio legislador ha considerado que aquel proceso, de lato conocimiento, reúne las garantías básicas para que las partes puedan exponer y probar sus pretensiones y contra pretensiones, a objeto que el tribunal pueda dar razón a una u a otra de aquéllas, total o parcialmente, en base el mérito del proceso.
Si ello es así, el procedimiento civil ordinario es, entonces, en esencia, un procedimiento contradictorio regido por el principio de la bilateralidad de la audiencia. Lo anterior quiere decir que en el objeto debatido no existen involucradas, a priori, presunciones que favorezcan a una de las partes. Metafóricamente, el juicio se nos presenta como una suerte de hoja de papel en blanco en la que las partes habrán de exponer y probar sus alegaciones y, en base a lo que de ello resulte, el Juez resolverá en consecuencia.
En este contexto, al margen de las consideraciones relativas a las reglas de procedimiento involucradas, lo que no debe perderse de vista jamás es que en el procedimiento ordinario el tribunal debe asumir una posición neutral, velando en todo momento, por que las “reglas del juego” contenidas en la ley sean plenamente conocidas por las partes y que en ningún momento puedan existir actos o conductas de un litigante que puedan minar el derecho de la contraria a decir o a probar lo que estime pertinente en apoyo de su estrategia de defensa. Manifestaciones de lo anterior se advierten con motivo de la etapa de discusión; en el llamado a las partes a conciliación; en la posición del Juez frente a las denominadas medidas para mejor resolver, en el sistema de recursos procesales, en las medidas precautorias, etc.
Las malas prácticas en las que podrían incurrir las partes se encuentran proscritas, porque violentan de modo directo la igualdad de armas procesales que el tribunal debe garantizar a los litigantes. En estos casos, el mecanismo idóneo para corregir el desequilibrio será la incidencia de nulidad procesal por la existencia de un vicio contrario al principio de la buena fe.
El tribunal deberá fiscalizar el fair play procesal y las partes denunciar ante aquél cualquier intento de vulnerarlo.